Gremios que nuclean a funcionarios de la Fiscalía advirtieron que el recorte presupuestario de más de G. 22 mil millones que sufrió la institución para el periodo 2022, puede paralizar totalmente el proceso de denuncias y seguimientos de procesos en curso.
“Lo que buscan es acallar y limitar al Ministerio Público. El recorte significa un golpe muy grande en el sentido de que el Ministerio Público pueda cumplir con la misión constitucional que tiene, que es la de representar a la sociedad, investigar caso por caso, dándole importancia a todo los denunciados. Con estos recortes lo que están tratando de hacer callar al Ministerio Público, limitarle para las investigaciones”, remarcó el sindicalista Odilón Turo.
En tanto la vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Belinda Bobadilla, enfatizó que se trata del recorte más grande que ha sufrido la institución en los últimos 7 años.
“Estamos poniéndole mucha garra para continuar realizando nuestro trabajo, con la calidad y excelencia que la sociedad necesita como respuesta por parte del órgano persecutor”, acotó.
“Allá por junio o julio si no llega a ser antes estaremos con una escasez en cuestiones básicas que hacen al funcionamiento de una oficina. Nosotros salimos a las calles en cualquier punto del país, muchas veces poniendo nuestra vida en peligro y en este momento no contar con los recursos para afrontar esas situaciones será bastante difícil”, afirmó.
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Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas
El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
Según publica el diario digital El Observador y recogido por el portal Hoy.com.py., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos.
Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.
Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.
Los fiscales solicitan que EE. UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.
La semana pasada, la Conmebol presentó un urgimiento a los investigadores para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y el banco Atlas.
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Alertan robo de celulares para vaciar cuentas bancarias
El comisario Diosnel Alarcón, jefe de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, dio a conocer cifras alarmantes de fraude concretado a través del robo de celulares con el único fin de vaciar las cuentas bancarias de las víctimas. El año pasado los criminales lograron alzarse con más de un millón y medio de dólares mediante esta nueva modalidad de delincuencia y actualmente se recibe un promedio de doce denuncias de este tipo por mes.
“De hecho que hay varias modalidades que explotan los delincuentes. Hoy en día el robo del teléfono lo hacen ya con una intención diferente, no por el valor del teléfono sino por el valor que tiene en las informaciones que pueda tener el aparato”, señaló a la 1080 AM. Es así que el objetivo primordial del hurto del celular pasa por la extracción de dinero de las cuentas corrientes de las personas. “Y para ello hoy en día desbloquear la pantalla de un dispositivo es sumamente fácil, a veces cuando primero las personas utilizan alguna contraseña muy débil. A eso nosotros le llamamos ataques de fuerza bruta, el que adivina tu contraseña. Y después el trabajo del técnico que tiene esas herramientas con software especiales que hacen esos ataques hasta adivinar la contraseña”, mencionó.
El Policía explicó que el primer paso del robo consiste en la venta del teléfono a un precio accesible. “No lo venden muy caro porque la mayoría de esas personas lo vende rápidamente y ese reducidor tiene su técnico que le desbloquea y que pueda empezar a hacer las transferencias. Y esas transferencias lo hacen de manera ramificada a diferentes personas, de tal forma a despistar toda esa gama de investigación que hacemos”, detalló.
INGENIERÍA SOCIAL
En cuanto al mecanismo utilizado por los ladrones, dijo que las técnicas aplicadas para diferentes servicios son aplicaciones que funcionan generalmente con los números de cédula. “Después necesitan el pin transaccional que normalmente al abrir el teléfono pide para hacer las diferentes operaciones. Hay una que al abrir el teléfono las personas anotan en block de notas en el dispositivo y ahí es fácil para el delincuente para empezar a hacer las transacciones”, manifestó.
La otra vía es la conocida como la ingeniería social que utilizan los mensajes y correos de la víctima. De esta manera el delincuente intenta obtener el pin de forma engañosa si no pudo acceder fácilmente. En cuanto al dinero que se ha movido a partir de delitos informáticos en Paraguay, el comisario Alarcón dio cifras asombrosas.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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