Abogada de estancia Pindó fustiga falta de argumento de invasores
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La representante legal de la estancia Pindó, abogada Margarita Colmán, refutó al vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Sixto Pereira, del Frente Guasu, quien dijo que hubo una “transacción irrisoria” entre el ex Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el propietario actual del inmueble.
En comunicación con La Nación, la profesional lamentó “la memoria corta” de Pereira, quien en sus declaraciones dijo que no recordaba ni siquiera los nombres de los propietarios, cuando el tema de la invasión es una causa nacional que lleva casi una década, que todo el tiempo está presente en los medios de prensa y la opinión pública.
El Frente Guasu pidió incluir el proyecto de ley que busca la expropiación de las tierras de la estancia Pindó en favor de sus ocupantes ilegales.
La abogada Colmán dijo que los títulos de propiedad y documentos acreditan la legalidad de las tierras, así como todo lo que detalla los 9 años de calvario que implica la invasión de la estancia.
“El senador habló de una transacción de carácter irrisorio, que se entregó como pago una ‘avioneta vaikue’. A mí me extraña cómo un senador puede opinar así, con tanta liviandad, cuando que él no participó de ninguna de las negociaciones en el año 1965. Tampoco vio jamás la avioneta y obviamente no tiene ni el más mínimo conocimiento de las condiciones mecánicas ni el funcionamiento de la aeronave que tenía en esa época”, comentó.
“En este caso se hizo la adquisición de un bien para la institución y el único capital que poseía la institución en esa época eran las tierras que estaban asignadas bajo su administración. Con eso pagaban los bienes que iban a integrar al patrimonio de la institución. Nosotros no nos adjudicamos tierras en carácter de sujetos de la reforma agraria; nosotros simplemente hicimos una transacción comercial de persona jurídica a persona jurídica”, acotó.
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate de una estancia administrada por la Senabico e incautada de Luis Carlos Da Rocha alías Cabeza Branca. Foto: Gentileza
Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
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El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Lamentan recurrir a usureros ante falta de financiación
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La directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy), Martha Arriola, contó que desde el gremio ven con preocupación la falta de incentivo tanto público como privado para los proyectos que tienen muchos emprendedores en el país.
Manifestó que la Asepy impulsó la liberación de G. 6.000 millones para diferentes emprendimientos, pero no son suficientes. Seguido, lamentó que muchos socios del gremio hayan tenido que recurrir como última opción a usureros para seguir manteniendo en auge sus proyectos. “Nosotros hablamos muchísimo con ellos y nos preguntan cómo pueden acceder a financiamientos. En el caso de muchos que están asentados, son emprendedores formalizados que tienen años de estabilidad, pero a cuestas de sus propios fondos. Muchos socios nos dijeron que sin eso no iban a poder llegar a tener uno o dos emprendimientos”, precisó a la 1000 AM.
En ese marco, expuso que el emprendedor paga IPS (Instituto de Previsión Social) a sus empleados, pero no tiene forma de subsistir con los años y terminan cerrando sus negocios y que, por eso, el capital semilla debe estar visible para los interesados.
“Si hoy el 97 % de las empresas existentes son micro, pequeñas y medianas empresas, y existieron ya de por sí con capital propio, si es que hubiesen habido fondos para capital semilla para emprendedores que puedan canalizar su idea, que ya tengan, ¿cuántos emprendimientos más iban a existir en el país?”, expresó.
MÁS DE 200 MIL
Hoy existen casi más de 200.000 emprendedores formalizados con RUC (registro único del contribuyente) en el país y crecer seguirá siendo un desafío para el sector privado, teniendo en cuenta que representan más del 90 % de la economía que mueve al territorio local.
La senadora Lizarella Valiente había sostenido en su acusación la existencia de una violencia permanente, consecutiva y sistemática en su contra ejercida por su colega Celeste Amarilla. Foto: Gentileza
Ingresó al Senado nuevo pedido de desafuero de Celeste Amarilla por difamación
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La Cámara Alta recibió la comunicación judicial que informa sobre una nueva solicitud de desafuero de la senadora Celeste Amarilla tras la querella impulsada por su colega Lizarella Valiente por difamación e injuria. La afectada había sostenido en su acusación la existencia de una violencia permanente, consecutiva y sistemática en su contra ejercida por la dirigente de la oposición.
“Esto se trata de un típico caso de un ejercicio abusivo de los fueros que no fueron diseñados para agredir a las personas. Las expresiones de la senadora Amarilla contra Valiente no tienen nada que ver con su labor legislativa. Sería muy importante que la Justicia alguna vez ponga límites a los fueros”, manifestó la abogada Blanca Agüero en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La querella de Valiente fue presentada el pasado 12 de marzo y estuvo motivada por un mensaje que envió Amarilla a un grupo de WhatsApp que mantenía con otros dirigentes y simpatizantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), haciendo alusión a un “chisme de Senado” que involucra igualmente a su colega Basilio “Bachi” Núñez.
De acuerdo a la denuncia, la dirigente opositora divulgó el rumor sobre una supuesta relación extramarital entre Valiente y Núñez. “Esto no es ninguna censura, los fueros no son un permiso legal para decir lo que uno quiere por el hecho de ser congresistas. Es importante que se pongan a trabajar para lo cual se les votó y que el Congreso Nacional deje de ser un circo. Hay tantas cosas en el país que merece seriedad”, dijo Agüero.
La abogada acotó: “La difamación no requiere en el autor la convicción de la certeza o no de la situación, solamente requiere la difusión y es lo que ella hizo. Las afirmaciones de la senadora Amarilla afectaron a nivel personal, familiar, a mi defendida. Desde el día uno en que Valiente ingresó a la Cámara de Senadores fue denigrada por esta señora”.
Juró nueva secretaria de la Sala Civil y Comercial de la Corte
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La abogada María Rita Monges Dos Santos juró ante las autoridades del Poder Judicial para asumir como nueva secretaria de la Sala Civil y Comercial de la máxima instancia judicial. En la misma ceremonia realizada en el Palacio de Justicia de Asunción, también prestó juramento la abogada Sonia Medina Paredes para desempeñarse como jueza de Primera Instancia de la ciudad de Curuguaty, Circunscripción Judicial de Canindeyú.
En el salón de conferencias del noveno piso del Palacio de Justicia capitalino, Monges Dos Santos prestó el juramento de rigor. Ella reemplazará en el cargo a la abogada Pierina Ozuna, quien actualmente se desempeña como magistrada en el Tribunal de Apelación Civil y Comercial Sexta Sala de la Capital.
El acto fue presidido por el presidente de la Corte Suprema, el Luis María Benítez Riera, el vicepresidente Alberto Martínez Simón, y los ministros María Carolina Llanes y César Diésel.
El titular de la Sala Civil, doctor Martínez Simón, resaltó la importancia del cargo asumido por la nueva Secretaria Judicial. Enfatizó las responsabilidades inherentes a la función, destacando que: “Tenemos plena confianza en que estas altas responsabilidades serán cabalmente asumidas y honradas por la nueva secretaria judicial.”