Mediante acciones impul­sadas por la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado paraguayo se salvó de un millonario desembolso a favor de una funcionaria que había sido destituida de la Defensoría del Pueblo.

La Corte Suprema de Justi­cia (CSJ), Sala Penal, Secre­taría Judicial IV, resolvió a favor del Estado paraguayo en una acción contencioso administrativa planteada contra la Defensoría del Pueblo, evitando así el des­embolso al tesoro público de aproximadamente G. 150 millones en concepto de pago por salarios caídos.

LOS ANTECEDENTES

Según los antecedentes del caso, la Defensoría del Pueblo tomó la deci­sión de desvincular a la funcionaria Olga María Blanco Ramírez en virtud de que la misma ocupaba un cargo de confianza y de libre disponibilidad según lo determina la Ley Nº 1626/00 De la Función Pública. La destitución se dio por resolución Nº 943 del 6 de junio del 2017, por lo que la misma promovió acción contencioso admi­nistrativa ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

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La pretensión procesal con­tenía un pedido de medida cautelar, el cual fue sustan­ciado; sin embargo, el tras­lado de la demanda no fue debidamente impulsado por lo que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dictó mediante el Auto Interlocutorio (AI) Nº 671 del 3 de setiembre del 2018, la caducidad de la ins­tancia. Asimismo, dispuso el levantamiento de la medida cautelar otorgada por AI Nº 609 del 20 de agosto del 2018, e impuso las costas a la parte actora.

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