El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, dijo que no se puede descartar que la rosca que involucra a 17 inten­dencias y a una gobernación en el esquema de facturas de contenido falso o clonadas, se encuentre también infiltrada en instituciones del gobierno central. Afirmó que es nece­sario que se establezcan con­diciones penales más severas con el fin de castigar a los res­ponsables. Esto en torno a los 295 contratos de un “superpro­veedor” del Estado, Cristino Jara López, quien facturó G. 57.000 millones a dichas ins­tituciones.

“Estamos hablando de cerca de G. 170 mil millones en total de emisión de facturas que nosotros presumimos que son falsas. Hay que recordar que existen 17 municipios y una gobernación que han adqui­rido o recibido servicios de una empresa cuyo 97% de sus gas­tos o costos son facturas fal­sas”, refirió. Mencionó que los trabajos de investigación ya comenzaron con una reunión realizada en la fecha con los representantes de la Contra­loría y del Ministerio Público. “Acá la Contraloría tendrá la responsabilidad de verificar que las obras se hayan reali­zado, sus costos y todo lo rela­cionado a cómo son los gastos del dinero público y la Fiscalía se encargará de ver las impli­cancias de posibles hechos punibles, de hecho nuestra denuncia es por la utilización de facturas falsas y bueno ten­drá que determinar si existen otros hechos punibles”, indicó.

Comentó que la Dirección de Contrataciones Públicas está colaborando con dichas ins­tituciones. Agregó que desde su institución tienen trazado absolutamente toda la ruta del dinero. “Cuando hablamos de una empresa muy grande que están haciendo obras a nivel nacional, lo que uno presupone es que hay una estructura bas­tante amplia, bien organizada, donde se paga con cheques o se hacen transferencias ban­carias y eso no existe. Siempre nosotros hablamos de supues­tos, escuché entrevistas a algu­nos intendentes que desmeri­tan lo que nosotros hacemos y lógicamente critican eso, que para nosotros es normal, pero estamos muy seguros de lo que hicimos y tenemos totalmente trazados”, detalló. Ante la con­sulta de que si dicha empresa pudo haberse infiltrado en las instituciones del Poder Eje­cutivo, indicó que “puede ser, el director de Contrataciones me comentó que esta empresa tiene contratos pequeños con algunas entidades, no sé si son de la administración central, pero sí pueden ser entida­des del Estado, además de los municipios”.

Dentro de la investigación realizada por la SET se descubrió que el proveedor de los municipios intentó depositar un cheque por G. 3.500 millones (US$ 510.000 al cambio actual) en el Banco Nacio­nal de Fomento y que fue emitido por una de las municipalidades, pero la entidad bancaria no le permitió porque le pidió justificar el origen de los fondos. Luego el proveedor en cuestión pudo depo­sitar en un banco privado, cuya identidad no reveló, pero confirmó que dos días después del depósito se retiró la jugosa suma.