El titular de la Asocia­ción Rural del Para­guay (ARP), Pedro Galli, indicó que espera que el Congreso sancione cuanto antes el proyecto de ley que eleva las penas a quienes son procesados por invasiones de la propiedad privada. En ese sentido, enfatizó que espera que esta normativa sirva para disuadir a cualquier persona que tenga intención de ingre­sar a una propiedad privada.

El empresario agrogana­dero indicó que espera que a través de esta ley se tenga el efecto disuasivo y que la gente comprenda que de ninguna manera se trata de una per­secución a sectores campesi­nos ni a personas que traba­jan honestamente. Los que se conducen por los canales lega­les no tienen nada que temer.

Mencionó además que desde los gremios de la producción han apoyado desde un princi­pio la aprobación de la ley por­que la consideraban necesaria para disuadir a quienes tengan intención de ingresar a una propiedad privada o incluso propiedad del Estado. Indicó que cualquier invasión a una propiedad pública o privada se realiza violentando la ley. “La posibilidad de enfrentar penas mucho más duras podría tener un efecto disuasivo para dis­minuir en parte por lo menos esta industria de las invasiones de tierras”, expresó.

Asimismo, remarcó que la aprobación de esta norma­tiva no debería ser tomada como una persecución a secto­res vulnerables. “No hay nin­guna intención de perseguir a alguien, ese es un discurso sesgado interesado. Los que incurren en una invasión de la propiedad son delincuen­tes que están cometiendo un delito. El hecho de que se ele­ven las penas, para que tenga un efecto disuasivo, no signi­fica perseguir a alguien. En todo caso, es una persecución, pero a los delincuentes, a los que violan las leyes y si eso no se persigue cómo vamos a controlar la situación. Esta ley no persigue a la gente trabaja­dora, honesta ni a los campe­sinos”, comentó Galli.

El titular de la ARP mencionó además que ninguna ley tiene efecto retroactivo e indicó que, de sancionarse y promulgarse esta normativa, será aplicada a eventuales invasiones que pudieran ocurrir en ade­lante. Indicó que estas penas más elevadas no pudrían apli­carse a los casos de invasiones pasadas.

Cabe recordar que, en la última sesión ordinaria de la Cámara Alta, el plenario acompañó por amplia mayo­ría (29 votos a favor) la pro­puesta de elevar las penas en los casos de invasión a la propiedad privada. El pleno aprobó la normativa que eleva hasta a 10 años de pena priva­tiva de libertad para los casos de invasiones de la propiedad privada.

En el numeral 1, se esta­blece que “el que indivi­dualmente o en concierto con otras personas ingre­sara con violencia o clan­destinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”. Mientras que en su numeral 2 refiere que “cuando la invasión, en el sentido en el numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él ocasionando daño patri­monial a los bienes existen­tes en el inmueble ajeno la pena privativa de libertad será hasta de 10 años”.

El líder de la bancada de Honor Colorado, en la Cámara Baja, diputado Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que darán celeridad al tratamiento del proyecto de Ley que eleva penas carcelarias a procesados por invasión de la propiedad privada. Respondió de esta forma, al pedido que había dejado el senador Antonio Barrios, a través de las redes sociales.

Indicó que es necesario contar con la normativa, para dar tran­quilidad y seguridad a la gente que trabaja su tierra y a los pro­pietarios en general. Recordó además, que el pleno de Dipu­tados, tiene un importante avance en ese sentido, ya que esta cámara ya se había declarado garante de la propiedad privada por unanimidad.

Actualmente, se registran poco más de 1.000 invasiones en todo el país, la mayoría de ellas en el Departamento Central. Se tiene como un hecho que los instigadores de las ocupaciones son ope­radores políticos o directamente políticos, incluso representan­tes electos.

Cabe recordar que esta normativa se planteó, con el fin de con­trarrestar la iniciativa parlamentaria, que presentó inicialmente el senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progre­sista, en la que proponía legalizar las invasiones, pero tuvo que retirarlo porque el rechazo unánime ciudadano así le obligó.