La sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores donde fueron archivados los pedidos de pérdida de investidura de los senado­res Sixto Pereira, Rodolfo Friedmann y Javier Zaca­rías Irún sirvió especial­mente para blanquear una serie de delitos atribuidos a estos “representantes del pueblo”. Sixto Pereira fue denunciado ante el Ministe­rio Público por uso indebido de influencias, por incon­ductas políticas y ciudada­nas, al incitar a la violencia durante las protestas ciu­dadanas de marzo pasado e instigar la invasión de pro­piedad privada.

El sena­dor del Frente Guasu ade­más fue involucrado, en octubre del 2020, en un conflicto en el cual con un título falso algunas perso­nas buscaban apropiarse de tierras. En una graba­ción, se evidencia la forma en que Pereira negocia para “arreglar” el asunto. Tam­bién fueron presentados materiales audiovisuales, donde Sixto Pereira arenga a campesinos dentro de la estancia Pindó, ubicada en Curuguaty sumado al audio en el que, aparentemente, el legislador intentaba apro­piarse de tierras, utilizando supuestamente títulos fal­sos, de la Agroganadera Arroyo Pozuelo.

En el caso de Rodolfo Fried­mann, su “trayectoria” ya se vislumbraba desde sus fun­ciones como gobernador del departamento del Guairá, donde sus tentáculos se posa­ron sobre varios entes estata­les. Tal es el caso de la compra de un esterilizador de resi­duos patológicos, por valor de G. 1.818.950.000, y que nunca fue utilizado por no contar con un lugar adecuado para albergarlo.

Pero donde el nombre de Rodolfo Friedmann apa­rece asociado con hechos de corrupción por la opinión pública y sobre todo por la Justicia es el sonado caso conocido como “almuer­zos escolares”, que ocasionó la acusación por lavado de dinero, tráfico de influen­cias y otros hechos de corrup­ción, al senador Friedmann, su esposa Marly Figueredo y otras personas de su entorno.

Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún y su esposa fueron investigados por supuesto daño patri­monial de G. 1.200 millo­nes a la Municipalidad de Ciudad del Este. Ambos habían sido imputados en el 2019 luego de ser halla­das supuestas inconsisten­cias en sus declaraciones. La medida se tomó luego de allanamientos realiza­dos por parte del Minis­terio Público en la Muni­cipalidad de Ciudad Este, la Gobernación de Alto Paraná y empresas de la familia de Zacarías Irún.