La Cámara de Diputados eligió a nuevos representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura. Por 57 votos a favor, los diputados David Rivas y Rodrigo Blanco fueron electos como nuevos miembros, y el diputado Roberto González para el Consejo de la Magistratura con 52 votos.
Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, tomó el juramento de los diputados designados. La representación de los titulares ante el JEM se dio por moción del diputado Raúl Latorre. Mientras que para el cargo de sustituto fue designado con 52 votos el diputado Juan Acosta por moción del diputado Justo Zacarías.
Por su parte, el diputado liberal Sergio Rojas propuso a la diputada Celeste Amarilla y el diputado Juan Manuel Acevedo para completar las 3 vacancias establecidas para el JEM. Sin embargo, el diputado Basilio Núñez propuso que la próxima semana se estudie a los suplentes, moción que prosperó por lo que se postergó la elección de los demás sustitutos.
En tanto, el diputado Roberto González propuesto para continuar como representante ante el Consejo de la Magistratura por “su buen desempeño que le llevó a ocupar la presidencia en los últimos periodos”, sostuvo el diputado Zacarías que solicitó su designación.
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Cones aguarda que el JEM destituya a jueza que habilitó carrera irregular de medicina
“Esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su tarea, estamos solicitando su destitución”, indicó el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, al referirse sobre la denuncia presentada conjuntamente con la Procuraduría ante dicha institución contra una jueza de Itakyry que otorgó una medida cautelar irregular para la apertura de la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este.
“Ayer (martes) presentamos la denuncia contra la jueza buscando dar un mensaje a las universidades de que desde el Cones, en conjunto con la Procuraduría, vamos a tomar las medidas para indicar que el camino de habilitación de las carreras debe ser vía el Cones, que es la instancia que analiza todas las dimensiones técnicas, académicas, de infraestructuras, entre otros. No puede ser a través de una jueza, vía Poder Judicial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida cautelar fue emitida por la jueza Eresmilda Román Paiva, a favor de la Universidad Autónoma San Sebastián, pese a no tener la habilitación del Cones como ente rector. “Vamos a dar un mensaje a todos los jueces para que no se presten a este tipo de solicitudes por parte de las universidades, que no haya esa ligereza de acompañar estos pedidos”, indicó.
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Asimismo, afirmó que la jueza posee varios causales de mal desempeño en sus funciones. “En este caso ella generó la medida cautelar y luego se declaró incompetente, tiene demasiado causales de faltas la jueza a la par de que está medida cautelar está totalmente injustificada. En nuestra administración vamos a tomar todos los recaudos para que esto no se pueda concretar (habilitación irregular de carreras vía medida cautelar). Este no es el camino y tomaremos las acciones”, comentó.
Mora lamentó que esta situación sea una práctica constante por parte de los jueces, detallando que existen aproximadamente entre 17 a 20 medidas cautelares irregulares que se encuentran en funcionamiento en su mayoría a favor de las llamadas universidades de garaje.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.
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Gerardo Bobadilla fue electo por unanimidad como presidente del CM
El Consejo de la Magistratura eligió a sus autoridades para el periodo 2024-2025 y durante la sesión ordinaria de este lunes 17 de junio fueron electos Gerardo Bobadilla y Gustavo Miranda como presidente y vicepresidente, respectivamente. La nueva mesa directiva asumirá al cargo el próximo 1 de julio.
El actual presidente del Consejo, Gustavo Miranda, fue quien presentó ante el pleno la moción a favor de Gerardo Bobadilla, quien actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de esta institución. La propuesta realizada por Miranda fue acompañada por Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo.
“Quiero anticiparme con un amplio espíritu democrático de transparencia fundamentalmente y a los efectos de posibilitar la alternancia de los cargos, me permito mocionar para que ocupe la presidencia del periodo 2024-2025 a Gerardo Bobadilla”, expresó Miranda. Por su parte Pucheta hizo uso de la palabra y afirmó que la alternancia es clave en este órgano y que por ende, se adhería a la moción.
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Tras el voto unánime del pleno, el Consejo pasó a la elección del próximo vicepresidente. En este caso, la propuesta de que Miranda ocupe la vicepresidencia fue realizada por la doctora Pucheta. Dado a que no hubo otras mociones, se llevó a votación y por unanimidad, se decidió que Miranda continúe siendo parte de la mesa directiva, pero esta vez, desde la vicepresidencia.
“Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los compañeros por el acompañamiento a la gestión en cuanto hace a las actividades administrativas y de representación del Consejo de la Magistratura que la he llevado con mucho honor y altura de modo que todo lo hecho haya sido en beneficio de la institución”, expresó el actual presidente.
Miranda indicó que esta institución atravesó por varios desafíos y proyectos que incluso están en desarrollo y mencionó que uno de los últimos logros del Consejo fue la habilitación de la Escuela Judicial en Salto del Guairá. Agradeció a sus compañeros y resaltó que las decisiones y resoluciones que fueron tomadas, se realizaron con armonía y con la participación de todos los miembros del CM.
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Acusan ante JEM a la fiscala Valdez
El abogado Adriano Enríquez, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la fiscala María Verónica Valdez Rivas.
La recusación es porque en tiempo récord pidió el blanqueamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
De acuerdo al documento que deberá ser analizado por los integrantes del JEM, que señala que “el 3 de abril la imputada exjueza Tania Irún recusó a la fiscala Natalia Fuster, quien llevaba cuatro años recolectando los elementos probatorios contra la exmagistrada”.
Agrega que en la misma fecha que fue recusada la fiscala Fuster se le designó a la agente del Ministerio Público Valdez, quien estaba en un juicio oral cuando fue comunicada que entendería en la causa Irún por lo que se supone que no tuvo tiempo de mirar unas páginas de los 27 tomos de la carpeta fiscal que tiene el presente caso, por lo que su actuación llamaba poderosamente la atención”.
También se agrega que “del voluminoso cúmulo de actuaciones obrantes en el cuaderno de investigación elaborada por la fiscala Fuster es inédito que la fiscala Valdez en menos de doce horas y a través de un plumazo pretendió blanquear de forma alevosa a la exjueza Irún pidiendo su sobreseimiento definitivo cuando que no tuvo tiempo de revisar objetivamente la carpeta de investigación”, señala la acusación del abogado Enríquez.
VOTOS DE MINISTROS DE LA CORTE
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes del JEM, habían votado por la destitución de la entonces jueza civil Tania Irún por considerar que la misma ha violado abiertamente la Ley n.° 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Ante la duda que genera la actuación de la fiscala Verónica Valdez el presente pedido de sobreseimiento definitivo deberá ser estudiado por el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien podrá resolver dar trámite de oposición ante el pedido realizado por la mencionada representante del Ministerio Público. En caso de que sea así, será el fiscal general de Estado quien evaluará si se tienen los elementos de prueba para poder rectificar el requerimiento inferior y presentar la acusación correspondiente contra Irún.