Un total de 15 recursos de amparo se pre­sentaron durante el mes de marzo en la sede del Poder Judicial de Asun­ción buscando que la Justi­cia ordene la internación en centros asistenciales públi­cos y privados de los accio­nantes que tienen covid-19. En las acciones judiciales se solicita en varios casos que los pacientes sean interna­dos en unidades de terapia intensiva (UTI).

La dirección de Garantía Constitucional de la Corte es la encargada de recibir los amparos y sortear qué juz­gado entenderá en la acción judicial.

Si en numerosos casos se recurre a la Justicia, es porque los familiares de los enfermos ya no tienen res­puesta de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, por lo que los accionantes no tienen otra salida que recu­rrir a la Justicia ordinaria. Varios recurrentes piden vía amparo que la cartera de Salud se haga cargo de los costosos medicamentos que recetan los profesiona­les médicos para salvar vidas humanas.

Días atrás, la jueza penal de Sentencia Cándida Flei­tas ordenó que la asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS) Prudencia Fre­tes Lesme ingrese de manera urgente a terapia intensiva del Hospital Viva Vida de la ciu­dad de Pedro Juan Caballero, pero hasta el momento sus familiares no consiguen que la mujer ingrese al servicio.

Milciades Fretes, hijo de la señora Prudencia, presentó un amparo constitucional contra el Instituto de Previ­sión Social (IPS) para que su madre pueda ingresar a tera­pia debido a su grave estado de salud por estar con covid- 19. Ante la presentación de la garantía constitucional, la magistrada Fleitas, como medida de urgencia, ordenó que el IPS realice de manera inmediata el ingreso de la mujer a la unidad de terapia intensiva del Hospital Viva Vida de la ciudad de Pedro Juan Caballero.