Abel Germán Ávalos, supuesto abogado de Texos Oil SRL, no tenía el poder para repre­sentar legalmente a la firma argentina, de acuerdo con el mismo demandante. Sin embargo, las autoridades paraguayas de todos modos llegaron a un acuerdo que le iba a conceder al jurista el 40% del monto acordado.

El abogado Abel Germán Ávalos, quien iba a recibir el 40% de los US$ 7 millones que pretendía pagar Petro­par a Texos Oil SRL en el marco de un pacto secreto, no contaba con el poder para representar legalmente a la empresa argentina en el marco de la demanda por más de US$ 30 millones, según se desprende de la resolución judicial que can­cela el acuerdo y que está fir­mado por el juez Hugo Gar­cete.

En este sentido, Ávalos fue finalmente reemplazado por Diego Ariel Serafi, quien luego apareció como repre­sentante legal de la empresa argentina que insiste en su demanda contra la petrolera estatal. El actual represen­tante de Texos explicó que como abogado no puede aceptar propuestas conci­liatorias ni decidir sobre los términos de un acuerdo judicial o extrajudicial.

El cambio de juristas fue revelado en el documento del magistrado, que dejó sin efecto el mencionado pacto luego de que salieran a la luz las irregularidades que se habían cometido. El men­cionado documento con­taba con la firma del enton­ces procurador general de la República, Sergio Cos­cia; el titular de Petropar, Denis Lichi, y Sergio Gui­llermo Marsiletti, de la firma Texos Oil SRL.

Luego de esta medida del juez Garcete, la demanda por los US$ 31 millones que reclama la firma argentina está para continuar en el jui­cio. En este sentido, hay que resaltar que el actual procu­rador de la República, Juan Rafael Caballero, mencionó que la demanda de Texos contra Petropar no tiene sustento, ya que el argu­mento principal es que no se le dejó firmar contrato. Es decir, se trata de un pro­blema administrativo antes que jurídico.

De acuerdo con los ante­cedentes, el conflicto con Texos se remonta al 2011, cuando la empresa demandó a Petropar por supuestos daños y perjuicios que sufrió en el 2009 y que ascienden a US$ 31 millones, por lo que exige una indemnización por la revocación de la adju­dicación para proveer gasoil y su transporte en camiones desde el Río de la Plata hasta Asunción. Según Petropar, la licitación fue cancelada porque la firma tenía un capital de solo 10.000 pesos argentinos y sin ninguna experiencia en la materia.