El nuevo procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, afirmó que la idea es aplicar “la máxima trans­parencia” en su gestión y en el caso del acuerdo secreto con la empresa Texos Oil, que tumbó a Sergio Coscia del cargo.

“La instrucción directa del Pre­sidente es aplicar la máxima transparencia a todo y defen­der el patrimonio de la Repú­blica a como dé lugar. Voy a conseguir todos los docu­mentos que hacen relación al expediente. Hay un festival de demandas contra el Estado y eso hay que parar”, dijo Caba­llero en comunicación con Universo 970 AM. Sostuvo que se interiorizará mejor sobre el acuerdo secreto, por el cual el Estado paraguayo debe pagar unos US$ 7 millones a la firma argentina en concepto de un acuerdo extrajudicial por un litigio iniciado en el 2011.

Caballero indicó que hay muchas demandas contra el Estado que siguen su curso y la idea es solucionar todos los litigios judiciales. Anunció que se reunirá con el presidente de Petropar, Denis Lichi, y con todas las personas que pue­dan colaborar para esclarecer el polémico acuerdo secreto. “Quiero los papeles y los docu­mentos a disposición, una vez que tengamos vamos a hacer lo que tengamos que hacer y hablar con propiedad de todo lo que pasó. Mi prioridad es conseguir la copia de todo el expediente. Yo tengo mi pro­pio criterio, pero necesito los documentos”, agregó.

La disputa judicial entre Texos Oil y Petropar data del 2011. La firma argentina entabló una demanda por US$ 30 millo­nes y luego pretendió llegar a un acuerdo a cambio de que el Estado paraguayo le pague unos US$ 7 millones. El docu­mento fue firmado por el ex procurador Sergio Coscia, quien renunció a su cargo; el presidente de Petropar, y Ser­gio Guillermo Marssiletti, representante de la empresa argentina.

Los senadores Patrick Kemper y Tony Apuril remitieron un pedido de informe a la Procuraduría General de la República, sobre el acuerdo firmado el 2 de diciembre con Texos Oil SRL, en el que Petropar se compromete a desembolsar 7 millones de dólares para resarcir supuestos daños.

Manifestaron que la Procuraduría debe explicar al Congreso por qué avaló el pago de 7 millones de dólares por parte de Petropar a la empresa argentina, en reclamo de supuestos daños por un contrato fantasma.

En tal sentido, piden un informe de los antecedentes del acuerdo, copia de los acuerdos legales firmados por las partes, así como el informe de las autoridades nacionales que participaron en la firma del acuerdo del 2 de diciembre pasado y un informe técnico y jurídico sobre las consideraciones para la firma del acuerdo.