Con la pandemia del covid-19, las licitaciones que se hicieron en el marco de la declaración de emergencia demostraron la grave corrupción en el Gobierno, sin embargo, el Presidente se aferra a sus colaboradores más cuestionados.

Desde que asumió el Gobierno, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el 15 de agosto del 2018, no le ha sido fácil el mandato ya que no salía de una crisis para entrar en otra. Pero lo más grave es que su administración se ha visto plagado de denuncias de corrup­ción e ilícitos, que debilita su imagen, incluso antes de lograr la mitad de su man­dato. Sobre todo en este último año, con la llegada de la pandemia del covid- 19, y las licitaciones que se hicieron en el marco de la declaración de emergencia.

Sus primeros meses, su mandato tuvo que enfrentar terribles sequías, seguido de inundaciones, incen­dios forestales, que afectó enormemente a la economía agrícola ganadera del país. Sumado a la lenta activa­ción económica mediante las obras públicas, que no arrancaron y no se ejecuta­ron a tiempo, cuando estas eran claves para el motor de la economía del país. A lo que sumó la crisis política, por la fuerte división del par­tido de gobierno, desde el momento que el oficialismo no permitió el juramento de dos senadores electos y proclamados del Par­tido Colorado, que fue­ron Horacio Cartes y Nicanor Duarte Fru­tos.

Luego, antes de cum­plir su primer año de gobierno salió a luz la polémica acta “secreta” de Itaipú, que puso en jaque la gobernabilidad de Abdo Benítez, ya que estuvo a punto de ser destituido por vía de juicio político. Solo le salvó el hecho de que el movimiento de Honor Colorado, pese a las gran­des diferencias que tenían, no permitió que se saque al Partido Colorado del poder, ya que la intención de fondo de la oposición era incluso destituir al vicepresidente Hugo Velázquez, y que asu­miera el entonces presi­dente del Poder Legislativo, el liberal Blas Llano.

El presidente Abdo, quien quedó con la imagen debili­tada desde entonces, estuvo tratando de recuperar con muchos tambaleos, bus­cando lograr acuerdos con distintos sectores, a fin de lograr la Reforma Tributa­ria, la Reforma del Estado, logró la aprobación de los proyectos de Antilavado con miras a la inminente evaluación del Grupo de Acción Financiera Inter­nacional (GAFI), que debía darse este año.

El Gobierno comenzó a tra­bajar en la operación cicatriz para buscar esa gobernabi­lidad. Hasta que ingresó al país la pandemia del covid- 19, que si bien al principio, el gobierno de Mario Abdo implementó estrategias cla­ras y precisas, que desde el Poder Legislativo le dio todo el apoyo financiero para lle­var adelante todos los pla­nes que ayude a mitigar el impacto de la enfermedad en el país. Pero todo ese esfuerzo se vio empañado por las grandes denuncias de corrupción de las institucio­nes responsables, que está poniendo en manto de dudas a la gestión del Gobierno.

Ahora, desde distintos sec­tores señalan la gran nece­sidad de que el Gobierno realice cambios importan­tes en su gabinete, sobre todo de aquellos ministros que son cuestionados por su mala gestión, o incluso denunciados por corrup­ción. Pero la impresión que da el jefe de Estado es que está desoyendo todas esas sugerencias y por el con­trario defiende a sus cola­boradores, aunque estén altamente sospechados de cometer hechos ilícitos. Salvo algunos casos como la titular de Petropar, Dinac o el Ministerio del Interior, que dieron un paso al cos­tado por presión de la socie­dad, hasta ahora Abdo ha realizado muy pocos cam­bios en su gabinete.