La aplicación de las pul­seras electrónicas, la utilización de tecnolo­gías como videoconferencias, la modificación del artículo 245 del Código Penal refe­rente a la prisión preventiva y la urgente depuración de las causas penales fueron algu­nos de los temas que aborda­ron ayer las autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, en una reunión que busca una solución a la actual crisis penitenciaria. El encuentro fue en la sala de sesiones de la máxima ins­tancia judicial.

La reunión fue convocada por el titular de la Corte, Euge­nio Jiménez, ante los últimos hechos acontecidos en la cár­cel de San Pedro el domingo 16 de junio, donde fallecieron varios internos durante un enfrentamiento entre el Pri­mer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela. Asimismo, al término del encuentro, se decidió conformar un equipo de trabajo que estará integrado por representan­tes de cada institución, es decir, un representante de la Corte, de la Fiscalía, Defen­soría Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio del Inte­rior y otras instituciones.

Los altos magistrados plan­tearon varias medidas, entre las cuales mencionaron el control a los jueces de Garan­tías de todo el país sobre la aplicación de la figura de la prisión preventiva, así como la utilización de tecnología como es el uso de videocon­ferencias para la realización de audiencias en las peniten­ciarías del país donde están acusados peligrosos delin­cuentes. Asimismo, se analizó que se conformen tribunales unipersonales especializa­dos para los diferentes casos en los que estén involucrados personas de alta peligrosidad.

Como primer paso de las acciones planteadas, se rea­lizará, en coordinación entre el Poder Judicial y el Ministe­rio de la Defensa Pública, la depuración de las causas que permitan el otorgamiento de libertades permitidas por la ley. De acuerdo a los datos que se manejan extraoficial­mente, serían aproximada­mente 500 los reclusos que tendrían posibilidad de recu­perar su libertad debido a que los mismos ya habrían cum­plido la pena mínima. Esto también se debe analizar caso por caso.

Participaron de la reunión los ministros Eugenio Jiménez, presidente de la CSJ; Antonio Fretes, Manuel Ramírez Can­dia, Luis María Benítez Riera, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña. En represen­tación del Ministerio Público estuvo la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; además asistieron el minis­tro de Justicia, Julio Javier Ríos; estuvo el ministro del Interior, Juan Ernesto Villa­mayor; la defensora general, Lorena Segovia; el presidente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bac­chetta, y el titular del Meca­nismo Nacional Prevención de la Tortura, Dante Legui­zamón.

En San Pedro, lo que parecía ser un domingo tranquilo (16 de junio), con la mayoría de las familias celebrando el Día del Padre y alentando a la Albirroja en la Copa América, quedará en la his­toria como la jornada más violenta en una cárcel del país, con nueve reclusos muertos, cinco de ellos decapitados y tres cal­cinados. En el hospital se produjo posteriormente el deceso de otra persona, con lo que se elevó a 10 el número de víctimas.

El sangriento enfrentamiento se registró en la Penitenciaría Nacional de San Pedro del Ycuamandyyú alrededor de las 11:00 entre miembros de dos grupos criminales, uno perteneciente a la organización brasileña Primer Comando Capital (PCC) y otro al Clan Rotela.

Para ese momento, los guardiacárceles ya estaban totalmente desbordados y pidiendo refuerzos a la Dirección de Policía Departamental, que dispuso la presencia de varios efectivos y agentes del grupo especial en el penal. Estos últimos llegaron a las 14:00 en un helicóptero de la Policía Nacional, que sobrevoló la zona y marcó la presencia de las fuerzas del orden.

Recién al ingresar un importante componente de las fuerzas de seguridad se logró controlar la situación en la penitenciaría. Al lugar también se convocaron los fiscales Fanny Aguilera y Jorge López, juntamente con dos médicos forenses y de Derechos Humanos.