La Corte Interame­ricana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso en su crono­grama el 8 de marzo como fecha límite para recepcio­nar los alegatos y observa­ciones finales del Estado paraguayo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los represen­tantes legales de Juan Arrom y Anuncio Martí. Las par­tes deberán presentar por escrito en la sede de la CIDH, en San José de Costa Rica.

En representación del Estado paraguayo, el procurador general de la República, abo­gado Sergio Coscia, mencionó en comunicación con Radio 1000 AM que a más tardar este miércoles 6 tendrían ter­minado el extenso escrito a ser presentado a la Corte IDH. La extensión ideal de los ale­gatos es de unas 60 fojas.

Los tres principales ejes del alegato paraguayo serían los siguientes: 1) No existen hechos configurativos de tor­tura (existen 3 elementos pre­vistos en la Convención Inte­ramericana de DDHH; en este caso no se da ninguno de los 3 elementos); 2) No se pudo confirmar la participación de agentes del Estado y tampoco existe ninguna actividad pro­batoria que confirme la parti­cipación personal estatal en el hecho; y 3) No se violó el prin­cipio de presunción de ino­cencia y tampoco existe nin­guna valoración que pueda decir que se ha violado el principio de inocencia de los denunciantes.

Al finalizar la audiencia pública, el abogado Ser­gio Coscia mencionó en su momento que la Corte IDH recomendó hacer ajustes a los alegatos probablemente por­que no comprendieron bien los alcances de ciertos pun­tos. Acotó que la Corte IDH no cuestionó nada a la defensa paraguaya. Afirmó, asi­mismo, que aclararía todo y refutarían lo que sea necesa­rio en los alegatos por escrito, por lo que espera obtener un resultado favorable.

A partir del cierre de presen­tación de alegatos y observa­ciones finales el 8 de marzo, la sentencia final del orga­nismo será dictada en el segundo semestre de este año. No obstante, tiene hasta diciembre para pronunciarse definitivamente.

En la audiencia pública reali­zada en San José, Costa Rica, la defensa de Juan Arrom y Anunció Martí solicitó para estas personas, quienes denunciaron que supuesta­mente habían sido tortura­dos por agentes del orden en el 2002, una indemnización “simbólica” de US$ 50 millo­nes para cada uno. Uno de los jueces de la CIDH había dicho en la oportunidad que no le parecía bien esa suma “sim­bólica” reclamada.

Según el Gobierno paraguayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió un pedido de informes la semana pasada sobre otros tres casos no relacionados con Arrom-Martí, en los que el Estado también debe responder. Paraguay tiene tiempo hasta la primera quincena de marzo para responder.

El primer caso se relaciona con el fiscal Alejandro Nissen, quien reclama US$ 300.000 por supuesta remoción irregular del Ministerio Público en el 2003 por investigar al entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar Gonzalez Daher. El segundo caso se asocia a la situación de Marcelino Gómez y Ariel Núñez, quienes siendo niños soldados desaparecieron en un cuartel militar (Lagerenza) el 2 de febrero de 1998 (caso admitido en el 2003). El caso fue admitido por incumplimiento de “Garantías de Justicia”.

El tercero y último se relaciona con Vicente Ariel Noguera (17 años), quien falleció en extrañas circunstancias en una sede militar. Ocurrió en 1996. Según la demanda, el Estado no cumplió con parte del acuerdo y el caso ya ha llegado a instancias de la Corte IDH.