Los hombres elegi­dos por el presidente electo Mario Abdo Benitez parecen no ser los más adecuados, al menos si tomamos como referencia su hoja de vida en la arena política. Otro que se suma a la lista de cuestionados es el ex gobernador Mario Varela, líder caaguaceño del movi­miento Colorado Añetete, quien aspira a ser ministro de la Secretaría de Acción Social. El político fue negli­gente como gobernador de Caaguazú y provocó la pér­dida de G. 1.879.662.854 entregados a la firma Villalba Piñeiro para la construcción de un anfiteatro en la plaza Bartolomé Aquino.

Hace un par de días, el reciente electo diputado Varela confirmó a un medio radial que fue invitado para formar parte del equipo de transición y aportar su “expe­riencia” política al frente de la Secretaría de Acción Social (SAS), que en breve podría pasar a convertirse en Minis­terio si es que se aprueba en el Senado el proyecto de ley en cuestión (ya cuenta con media sanción de Diputados).

El político de Colorado Añe­tete inició un intenso lobby para que la Cámara Baja apruebe el proyecto de ley que eleva a rango de Ministe­rio a la Secretaría de Acción Social. El objetivo es acceder a la cartera y manejar los recur­sos destinados al área social.

La deficiente gestión quedó en evidencia cuando se dio a conocer la resolución 1463/2017 del 10 de mayo del 2017 dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, sumario previo mediante. Unos 90 días después el caso fue tratado en sesión de la Junta Depar­tamental de la Goberna­ción de Caaguazú.

El cuestionamiento guarda relación con objeciones a la administración de Mario Varela. La denuncia sobre el caso que dio inicio al suma­rio fue recibida por la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas (DNCP) a través de su sitio web.

Este llamado, LPN 06/2012, con plazo de ejecución de obras hasta el 19 de enero del 2014, no pudo ejecutarse más que en su etapa incipiente, debido a una medida caute­lar obtenida por los vecinos que no querían modificacio­nes en la plaza Bartolomé Aquino. Luego de idas y vuel­tas, la situación se extendió por varios meses.

Ya bajo la administración de Mario Varela, en fecha 14 de octubre del 2013 – dos meses después de su asunción en reemplazo de Antonio Buzarquis– y aún vigente la medida judi­cial de suspensión de las obras, se firmó la adenda Nº 1 del contrato, sin que la Gobernación haya remitido los documentos relativos a esta adenda para su publicación, contravi­niendo lo establecido en la Ley 2051/03 art. 4, Inc. c).

Esta falta de transparen­cia y de lógica en el proce­dimiento –ya que se renovó el plazo habiendo una orden de suspensión– es uno de los puntos objetados por el sumario.

El segundo punto, se refiere a que al realizar la extensión del plazo de ejecución, el goberna­dor no solicitó a la firma la reno­vación de la póliza de seguro de fiel cumplimiento, Nº 36.1506.0000467, emi­tida por la asegura­dora Alfa SA de Segu­ros y Reaseguros, que garantizaba el anti­cipo de los cerca de G. 2.000 millones que la gobernación entregó como anticipo, y que vencía el 19 de octubre del 2013.

Es decir, la goberna­ción le renovó el plazo a la firma adjudicada cuando la obra ni siquiera podía ejecutarse y sin reno­var la obligación al fiel cum­plimiento del mismo, encima sin la garantía de una cober­tura de seguro.

Como era de esperarse, cuando la medida cautelar que suspen­día las obras pudo levantarse, la firma, pese a ser inti­mada en tres ocasio­nes por el gobierno departamental, hizo caso omiso a las intimaciones y no realizó el tra­bajo, decidiendo la gobernación la rescisión del contrato, pero sin posibili­dades de recuperar el dinero entregado.

De acuerdo a lo expuesto en este sumario, la firma Villalba Piñeiro solo ejecutó el proyecto hasta los traba­jos previos con un costo de G. 152.699.302, lo que repre­senta el 3,24% del monto del contrato. Sin embargo, reci­bió como anticipo la suma de G. 1.879.622.954, correspon­dientes al 40% del monto total. Hoy estos fondos están prácti­camente perdidos por la admi­nistración departamental.

Otro de los llamativos casos de la gestión de Mario Varela como gobernador de Caaguazú fue que en el 2016 autorizó la adquisición de miel de abeja para complemento nutricional de la merienda esco­lar. En aquella ocasión, su administración adquirió el producto a un costo astronómico de G. 220.000 por litro, tras adjudicar el servicio a la empresa unipersonal del señor Gerardo Enrique Garcete.

Lo extraño de todo esto es que el precio de mercado de este pro­ducto no sobrepasaba los G. 30.000 el litro, según revelan publica­ciones que denunciaron el hecho en aquella época. La excusa fue que en ese precio ya incluía el envasado de los sachet y el transporte a las instituciones educativas. Según nuestras averiguaciones, el costo del envasado y el transporte no deberían superar el 50% de lo que desembolsó a la gobernación.

El caso de Varela es una “mancha” más que se suma a la larga lista de sucesos negativos que envuelven a quienes serán los principales colaboradores de Mario Abdo Benítez en el gobierno que asumirá el 15 de agosto.