Productores denunciaron que fondos destinados para proyectos campesinos al parecer eran desviados para otros menesteres. El actual presidente del PDP, durante el gobierno de Fernando Lugo, hizo caso omiso a las denuncias.

El ex presidente de la Federación de Obras Kolping en Paraguay, Isabelino Gon­zález, manifestó que entre el 2007 y el 2011, detecta­ron hechos irregulares dentro de la fundación, y que solicitaron al enton­ces ministro del interior, Rafael Filizzola, la inter­vención de Kolping, pero el entonces secretario de Estado hizo caso omiso al reclamo.

"Las asistencias casi ya no llegaban, notábamos un mal manejo de los recursos de la institución y esto nos alertó. En aquel entonces yo me desempeñaba como presidente y solicitamos a Rafael Filizzola que inter­venga la fundación pero este no lo hizo", expresó González.

Agregó que las denun­cias que realizaron inclu­sive tomaron repercusión internacional por lo que representa Kolping a nivel mundial y que por ende, el Ministerio del Interior debía actuar de oficio.

Explicó que la Federación de Obras Kol­ping se encargaba de traba­jar con familias de escasos recursos de todo el país, mediante la asistencia téc­nicas y financieras que lle­gaba desde Alemania.

"Nosotros trabajábamos con las familias campesi­nas, preparamos proyectos y los llevábamos a la prác­tica de manera que puedan salir de la difícil situación en la que vivían. Pero con la mala administración que se pudo constatar inclusive mediante documentos el trabajo asistencial se vio perjudicado", indicó el ex presidente.

Filizzola actualmente es presidente del Partido Democrático Progresista (PDP) y constantemente cuestiona las supuesta inacción del actual Gobierno, pero se olvida de su deficiente desempeño en la cartera de Estado ante graves denuncias contra una fundación que "fabricó" proyectos pro­ductivos a cam­pesinos para solo para captar recursos.

Isabelino González.
Isabelino González.

LOS RECURSOS NO LLEGABAN

Por su parte, Desiderio Fernández se desempeñó durante 14 años como for­mador, en la Fundación Kol­ping, un cargo que consiste en asistir a familias rura­les de escasos recursos. El mismo, fue despedido en el 2013 por el actual director de la fundación, Olaf Freiherr von Brandenstein, según le argumentaron por su avan­zada edad.

Fernández contó a La Nación que desde su lugar de forma­dor desarrollaban proyectos con las familias, presenta­ban el proyecto que poste­riormente eran aprobados, y prometían recursos para implementar los proyec­tos, pero que finalmente los recurso nunca llegaban.

"Ya no se cumplía con las familias, con los proyectos que eran aprobados. Tenía­mos informaciones de que la plata venía desde Alemania pero no llegaban hasta estas personas", aseveró.

“PODEROSOS” NEXOS

Llamativamente, el asesor jurídico de Kolping durante estos hechos fue Guillermo Lezcano Claude, hermano del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, el libe­ral Luis Lezcano Claude. Este había renunciado a la CSJ en setiembre del 2003 ante su inminente juicio político por mal desempeño, pero se acomodó años des­pués como asesor jurídico de Fernando Lugo (2008-2012).

Los directivos salientes de la fundación, entre ellos Bri­gitte Fuzellier, tenían fun­dadas sospechas para con­cluir que el auditor interno Guillermo Lezcano Claude aprovechada sus vínculos de parentesco con el asesor jurí­dico de Lugo y ex ministro de la CSJ, así como como otras autoridades del Poder Ejecu­tivo para frenar las denuncias de corrupción hechas contra la fundación Kolping.

Cabe recordar que el repre­sentante legal, desde el 2010, sigue siendo el abogado Gui­llermo Duarte Cacavelos, activista del PDP y abogado de Efraín Alegre, presidente del PLRA y candidato a pre­sidente de la República de alianza Ganar. En el 2010 Alegre, todo su equipo y movimientos progresistas como el PDP daban soporte político al gobierno de Fer­nando Lugo.

La directora ejecutiva de Kolping Paraguay, Brigitte Fuzellier, quien se animó en el 2008 –poco después de haber asumido– a destapar la pirámide de corrupción con los fondos provenien­tes de instituciones oficia­les alemanas, se encontró con una estructura pode­rosa con ramificaciones en la Corte Suprema de Justi­cia y el Poder Ejecutivo. Todo apuntó a destruirla emocio­nal y económicamente para que se aparte de la funda­ción y continúe todo tal como encontró.

Fuzellier acusa a Olaf Von Brandenstein, actual direc­tor de Kolping Paraguay, de ser el principal responsable de esta persecución hacia su persona. Von Brandenstein contrató a Duarte Cacave­los para que lo represente legalmente. ­

Un amigo de Lezcano Claude “intervino” la fundación Kolping.
Un amigo de Lezcano Claude “intervino” la fundación Kolping.

Kolping y su influencia en el poder

El Poder Judicial dispuso la intervención de Kolping Paraguay y nombró como auditor a un amigo de Guillermo Lezcano Claude, defensor de los intereses de SEK, promotor de la demanda.

Los actuales directivos de la fundación Kolping Paraguay, al igual que sus representantes legales, presuntamente mani­pulaban la Justicia paraguaya a su antojo, a través de fuer­tes influencias que tendrían en el poder con el único fin de frenar las investigaciones por malversación de fondos en el que habrían participado impor­tantes referentes de la funda­ción en Alemania.

Según denuncias de Brigitte Fuzellier, ex directora de Kol­ping en nuestro país, uno de estos supuestos atropellos se habría registrado el 18 de junio del 2010, cuando por medio de una resolución judi­cial la Corte Suprema de Justi­cia dispuso la intervención de la fundación. Esto habría ocu­rrido en el marco de un jui­cio promovido por Sozial Und Enwicklungshilfe Des Kol­pingwerkes E.V. (SEK), que es la organización alemana espe­cializada en las ayudas socia­les de las fundaciones Kolping, contra la sede de esta institu­ción en Paraguay.

En el mencionado juicio, SEK solicitó la nulidad de la asam­blea realizada el 28 de enero del 2010, en la cual se resolvió la adecuación legal y la equipa­ración de las asociaciones de familias Kolping, como cofun­dadores del ente.

El auditor asignado para la intervención en aquel entonces fue el licenciado Miguel Angel Arriola, quien según, mani­festaciones de Fuzellier, man­tendría una estrecha amistad con el auditor interno princi­pal Guillermo Lezcano Claude, quien fungía de defensor de los intereses de SEK.

En una nota dirigida al legis­lador Thilo Hoppe, presidente adjunto de la Comisión de Coo­peración Económica y Desa­rrollo en Alemania, quien a la vez estaba al tanto de todas las denuncias promovidas por Fuzellier, la misma le habla de lo ocurrido y le pone al tanto de su preocupación ante la cons­tante persecución por parte de los directivos, con tal de impe­dir que salga a la luz la supuesta corrupción que prima dentro de la organización.

"La SEK en Colonia hace cuanto puede para que el tema de la corrupción no salga a la luz pública. El economista de área de finanzas designado por el juzgado (según nos fuera ase­verado desde varias partes) mantiene una estrecha amis­tad con el auditor principal inculpado Guillermo Lezcano, quien precisamente defiende aquí los intereses de la SEK. A ojos vista se da aquí la presun­ción de que existe una posibili­dad de que se destruyan prue­bas gravitantes, o que incluso la contraparte solo desee saber qué comprobantes contra los inculpados obran en poder de la fiscalía. Las copias son algo que se hacen rápidamente", expresa en partes de la carta redactada por la ex directora.

En la misma también menciona las consecuencias desfavora­bles que debieron afrontar a raíz de la resolución judicial.

"El economista del área de finanzas que fuera designado por el juzgado tiene acceso a todos los documentos de la fun­dación Kolping, puede hacer para sí copias e intervenir arbi­trariamente, sin expresión de causa en los negocios cotidia­nos. Además ya nada se podrá hacer sin su consentimiento. De momento para nosotros eso significa que los documen­tos actuales en espera de firma, por ejemplo, con la Embajada Alemana que quería realizar un nuevo microproyecto con noso­tros; la Organización Interna­cional del Trabajo (OIT), sino como también el PNUD, por de pronto están congelados. ¿Quién quiere firmar un con­trato con nosotrosbajo estas cir­cunstancias, siendo que el juz­gado sin habernos escuchado nos ató las manos", manifiesta.

MALVERSACIÓN: FONDOS SÍ, PROYECTOS NO

A través de auditorías se constató que había proyec­tos dentro de la fundación Kolping que nunca fueron concretados; sin embargo, los fondos para la ejecución sí fueron depositados. Con base en todas esas irregulari­dades, hallaron un supuesto desfalco de 1.500.000 euros.

Tras el hallazgo, Brigitte Fuze­llier hizo la denuncia en la sede central de la fundación en Alemania, pero grande fue su sorpresa cuando en lugar de tomar medidas sus pares se molestaron por haber sacado a la luz lo ocurrido, entre ellos su jefe directo Hans Drolshag, quien se oponía rotundamente a que se formulara la denun­cia. Recién con las investiga­ciones hechas por expertos de las compañías Pricewater­house & Coopers empezaron a sospechar que las maniobras del dinero y proyectos que que­daron solo en los papeles eran orquestados ya desde su país. Finalmente, se hizo la denun­cia en la fiscalía de Fernando de la Mora.

A través de una audito­ría internacional, se pudo denunciar la irregularidad ante el gobierno alemán.

Después de la investigación, Kol­ping Alemania fue obligado a devol­ver dinero al gobierno alemán y los directivos de Kolping International se vieron obligados a renunciar.

Después de lo ocurrido, los directivos en Paraguay sos­pechaban que los afectados se quedarían con los brazos cruzados, por ello decidieron cambiar el estatuto.

"Alemania nos quería sacar a toda costa, entonces el con­sejo nacional de Kolping tomó la decisión de adaptar el estatuto a nivel nacional, porque los estatutos esta­ban hechos de una forma que Alemania pueda cambiar los jugadores a su antojo; enton­ces, al cambiar el estatuto ellos ya no podían echar así nomás a la gente. Ya olíamos que iba a venir algo y, efec­tivamente, en febrero vinie­ron con la intención de echar­nos", dijo Fuzellier.

A raíz de la mencionada modificación, la SEK impar­tió una demanda de nulidad para que las normas queden como estaban antes.