Una de las caracte­rísticas de la Comu­nicación Guber­namental es el de tener que incluir el manejo de crisis, como una posibilidad per­manente. En ese punto, se precisa de tres elementos básicos: comunicar, consen­suar y gestionar. Hoy, por los tiempos convulsos en los que estamos, toca hacer énfasis en la bisagra de las tres: el consenso. La política, aunque cueste entenderlo, debe bus­car el consenso. Sobre todo, cuando se está en posición de gobierno, cuando se está en el lugar de la disidencia u oposi­ción implica otras cuestiones.

El consenso se construye, no surge por esporulación. Y su construcción conlleva una delicada tarea de precisión, al mismo nivel de un maestro relojero suizo elaborando su mejor obra de arte. O se hace así, o no se hace. A los tum­bos no suele tener los resul­tados esperados; es más suele tener resultados adversos o en el mejor de los casos, lle­gan con retrasos importan­tes. Si no se comunica bien, no se alcanzan los consensos y la gestión no es la esperada.

Un punto común entre gobiernos nacionales, departamentales y muni­cipales de todas las épocas son las crisis. La diferen­cia está en la forma en que las resuelven y sobre todo el tiempo que les lleva arri­bar a esas resoluciones, con el consabido desgaste que trae aparejado. Cuando el gobierno se vio en medio de la crisis por los cortes de ruta de diferentes grupos que protestaban por las rei­teradas subas de combus­tible inició una operación con varias patas principa­les: mesas de diálogo con los afectados, reuniones con sectores del Senado y reu­niones de gabinete.

A la par, voceros oficiales hablan en medios de comunicación. Algunos eligiendo en qué medios hablar, lo cual no es una alternativa cuando se está con tal nivel de pro­tagonismo en medio de una gestión de crisis. Pero, en fin, hablando y explicando. El Gobierno llegó a un acuerdo. O al menos creyó que lo hacía. El acuerdo pasa por la reducción de los precios de Petropar más el envío al Congreso de lo que se conoce como el proyecto de ley de contención de pre­cios de los combustibles. Un fondo de 100 millones de dólares para subsidiar los carburantes.

La condición que puso el Gobierno a los manifes­tantes es que se levanten los cortes de ruta desde el día de ayer. No debería de haber ninguno y en nin­guna zona. Sin embargo, desde las primeras horas se vieron a ciudadanos en sus autos y en kilométricas filas intentando movilizarse. Nadie pasaba. Resultó que el acuerdo al que se había arribado fue solo con un sector de los camioneros. Y que por lo que se puede ver no es el de mayor importan­cia.

Una mayoría desconoce el acuerdo arribado y piensa seguir con los cierres de ruta y los mismos se hacen cada vez más violentos porque la gente quiere hacer uso de su derecho constitucional de circular libremente por el territorio de la República. Al ser (al menos en aparien­cia) grupos sin ningún tipo de organicidad dejaba el acuerdo en letra muerta. A la par, desde el Ministerio del Interior anunciaban que ya se había dado la orden de que la Policía Nacional despeje las rutas por el medio que sea, sin embargo, los comi­sarios encargados en terri­torio siguen dando vueltas para ejecutar la orden.

Para ponerle más pimienta al plato, voceros de dife­rentes partidos y sectores políticos ya anuncian su voto por el rechazo al pro­yecto de ley. Al momento de escribir estas líneas no había votos en la Cámara Alta, que fue por donde el Ejecutivo ingresó la inicia­tiva legislativa. A pesar de ello, ya está hecha la con­vocatoria para una sesión extraordinaria que debata el asunto en la mañana de hoy.

De las fuerzas políticas que rechazan la iniciativa algunas expresan estar en contra porque la consideran insuficiente en sus alcan­ces y otros grupos, atención a esto, expresan que nin­guna autoridad del Ejecu­tivo siquiera conversó con ellos para sondear su posi­ción al respecto. De vuelta, si no se construye el con­senso que permita mayo­rías, se hace cuesta arriba resolver esta y otras crisis que seguro vendrán. Y al no haber consenso, la gestión se complica y la que termina sufriendo es la gente.

La condición que puso el Gobierno a los manifestantes es que se levanten los cortes de rutas desde el día de ayer. No debería de haber ninguno y en ninguna zona.

Algunos eligiendo en qué medios hablar, lo cual no es una alternativa cuando se está con tal nivel de protagonismo en medio de una gestión de crisis.