La Cámara de Senadores convoca a sesión extraordinaria para las 19:30, para dar continuidad al segundo paso del juicio político contra Santiago Peña, aprobado este jueves por Diputados. Inicialmente esta convocatoria estaba fijada para las 17:00 pero coincidió con la sesión bicameral para estudiar la renuncia que fue levantada tras comprobarse la falta de quórum.
Esto también fue confirmado por el diputado Raúl Latorre, en conversación con los medios de comunicación. “Queremos hacer un anuncio puntual con todos los colegas, no ha prosperado la aceptación de la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña. Lo que va pasar a continuación es que se va dar continuidad al proceso del juicio político. El siguiente estadio es su juzgamiento en la Cámara de Senadores, que va tener la participación de los diputados seleccionados en condición de fiscales abusadores”, sostuvo.
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Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político contra Santiago Peña.
Inmediatamente un grupo de congresistas de la oposición presentó una nota formal al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, solicitando la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar como único punto el juicio político al presidente Santiago Peña.
La nota, firmada por los senadores Éver Villalba, Rubén Velázquez, Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Yolanda Paredes y Hermelinda Alvarenga de Ortega, entre otros, invoca las facultades constitucionales del cuerpo legislativo.
Los firmantes piden que se adopten las medidas institucionales correspondientes para que el Congreso ejerza plenamente sus atribuciones ante el pedido de juicio político aprobado en la Cámara Baja.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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¿Qué hacía Santiago Peña cuando se apagaban las cámaras?
- Jorge Torres Romero
- Columnista
Yo creí conocer a Santiago Peña. Lo tuve enfrente, lo entrevisté y lo escuché hablar del Paraguay como un gigante que por fin iba a levantarse. Hoy me hago una pregunta que me incomoda como periodista: ¿A quién tenía realmente delante?
Recuerdo al joven de formación impecable en quien Horacio Cartes vio un enorme potencial. El traje bien puesto, la sonrisa afable, la mirada cautivadora, el rostro bonito. Todo eso ayudaba. Pero lo que nos ganó fue escucharlo hablar del Paraguay con la convicción de quien parecía saber adónde llevarlo. Muchos le creímos. Yo le creí.
Hoy nos sentimos estafados. Y me atrevo a decir que la indignación de quienes confiamos en él es el triple de la de quienes jamás le creyeron. Ahora es fácil pegarle a Peña. Lo difícil, para los que alguna vez le dimos crédito, es mirar de frente la posibilidad de que hayamos confiado en un hombre capaz de usar el poder para hacer exactamente lo contrario de lo que prometía.
¿Había dos Santiago Peña? ¿El de la sonrisa afable cuando las cámaras estaban encendidas y, cuando se apagaban, el monstruo capaz de sentarse con sus amigotes a discutir cómo estafarle al pueblo y robarle al Paraguay? Es la pregunta más brutal que deja esta crisis.
Para responderla hay que reconstruir lo que ocurrió fuera de cámara. ¿Con quién se reunió? ¿Qué sabía sobre Ueno? ¿Intervino para favorecer al banco? ¿Qué decisiones se tomaron y quién se benefició? Peña niega haber actuado indebidamente.
Si la Justicia demuestra que fue responsable, sobre él debe caer todo el peso de la ley. Y sobre los directivos de Ueno Bank cuya responsabilidad se pruebe, también. Que se establezca qué hizo cada uno, quién tenía la obligación de intervenir y qué hizo con la información que tenía.
¿Tan hábil fue Peña que, si logró engañar a los paraguayos, también pudo engañar a los organismos internacionales y a quienes, desde afuera confiaron en la imagen de un Paraguay serio y bien administrado? Si el engaño se prueba, habrá que saber qué información recibieron esos organismos, qué se les ocultó y qué verificaron por su cuenta. La confianza que el Paraguay se ganó afuera también está en juego.
El perjuicio ya tiene caras concretas. Hay ahorristas que quedaron sin acceso a su dinero y recursos públicos cuyo manejo exige explicaciones.
Para quien tiene un sueldo que pagar, una deuda que vence o una familia que mantener, cada día cuenta. Y hasta el que recupere el último guaraní puede seguir preguntándose dónde poner su plata mañana. Esa confianza cuesta años construirla y puede perderse en cuestión de días.
También quiero saber si hubo una operación para tumbar a un presidente o sus actos los tumbaron. Quien sostenga esa versión tiene que dar nombres, fechas y pruebas. ¿Quién la organizó?, ¿cómo operó? Si alguien aprovechó la crisis para precipitar la caída de Peña, todavía tiene que esclarecerse quién recibió las advertencias sobre Ueno y qué hizo con ellas. Necesitamos entender la historia completa de esa caída, incluso las partes que incomoden a quienes ya eligieron su versión.
Me cuesta seguir a la manada que hoy pide sangre. Y me toca revisar mi propio trabajo. ¿Dónde debí insistir más? ¿Qué respuesta di por buena porque venía de alguien que sabía dar respuestas convincentes? Si me pregunto cómo pudo engañarnos, también tengo que preguntarme qué pude haber pasado por alto cuando lo tuve enfrente.
En tres años pasamos de hablar del gigante que iba a levantarse a preguntarnos cuándo podrán los ahorristas disponer de su plata. Así de brutal fue la caída.
Que se conozcan los informes, las advertencias, las actas y las firmas. Quiero saber quién hizo qué con el poder que le confiamos. Y quiero que Santiago Peña responda, decisión por decisión. El pueblo paraguayo merece estas respuestas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Caso ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía
La investigación por la crisis de Ueno Bank también alcanza a las autoridades que tenían responsabilidades sobre la supervisión del sistema financiero y a quienes ejercieron funciones en el Poder Ejecutivo durante el periodo en que se habrían producido las irregularidades.
En una causa separada de la investigación contra los directivos y empresas vinculadas al banco, el Ministerio Público analiza la actuación del expresidente Santiago Peña, del extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, y de otros integrantes del organismo regulador.
Las pesquisas buscan determinar si existieron omisiones en los controles, decisiones irregulares u otras conductas que permitieron que la entidad bancaria continuara operando pese a las alertas sobre su situación financiera.
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Peña y Carvallo, imputados y privados de libertad
Entre los principales procesados se encuentra el expresidente Santiago Peña, quien fue detenido el 6 de noviembre e imputado posteriormente por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio.
También fue imputado Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Ambos permanecen privados de libertad, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas sobre la causa. La Fiscalía investiga las decisiones adoptadas durante sus respectivas administraciones y la posible existencia de responsabilidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank.
Superintendente de Bancos también fue detenido
Otro de los investigados es Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del BCP, cuya actuación quedó bajo cuestionamiento por el control ejercido sobre la entidad financiera.
Insfrán fue detenido el 12 de noviembre e imputado por presunta lesión de confianza. La representación fiscal también solicitó su prisión preventiva.
La investigación busca establecer qué información manejaban las autoridades de supervisión y qué medidas adoptaron durante el periodo en que se detectaron las primeras irregularidades.
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Exdirectivos detenidos este viernes
Las diligencias continuaron este viernes 13 de noviembre con la detención de otros dos exintegrantes del directorio del Banco Central. Uno de ellos es Miguel Ángel Mora, quien fue detenido en el marco de los procedimientos fiscales relacionados con las presuntas irregularidades en la supervisión de Ueno Bank.
También fue detenida Liana Emilce Caballero Krause, exdirectora y expresidenta interina del BCP, durante un allanamiento realizado en su vivienda. En el procedimiento se incautaron documentos y dispositivos que serán analizados por los investigadores.
Mientras que Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien también fue incluido en la investigación, se presentó en la sede de la Comisaría 1.ª del barrio Sajonia de Asunción.
González no fue localizado en su domicilio durante un allanamiento llevado a cabo esta mañana, por lo que se impartió orden de detención en su contra. Al llegar a la dependencia policial a bordo de una camioneta particular, se procedió a su detención en cumplimiento de la orden del Ministerio Público.
Fiscales que investigan a Peña y autoridades del BCP
El equipo de fiscales encargado de esta causa está integrado por Elena Fiore Franco, Silvia González Vester, Christian Manuel Benítez Cáceres, María Verónica Valdez, Laura Mercedes Giacummo, Ruth Karina Benítez y Marlene González. La coordinación está a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La investigación comprende la revisión de documentos del Banco Central, decisiones del directorio, informes de supervisión y operaciones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en ueno bank.
Uno de los aspectos centrales es determinar desde cuándo las autoridades conocían los problemas financieros de la entidad y si las medidas adoptadas fueron suficientes y oportunas.
Durante las explicaciones ofrecidas tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, reconoció que las investigaciones técnicas habían comenzado en junio de 2026, a partir de operaciones crediticias con empresas vinculadas. Sin embargo, los investigadores también examinan antecedentes y advertencias que podrían remontarse a periodos anteriores.
La Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal en el ejercicio de las funciones públicas de supervisión y control. Con las nuevas detenciones, la causa continúa ampliándose.
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Senado busca dar celeridad al pago de liquidaciones a afectados de Ueno Bank
La Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores convocó a una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes de los trabajadores afectados por el cierre de Ueno Bank S.A.
Se instaló una mesa de trabajo para analizar la situación laboral y buscar mecanismos que permitan garantizar el cobro de sus haberes y las liquidaciones correspondientes.
El presidente de la citada comisión asesora, Derlis Maidana, adelantó que se aguarda la presentación de un proyecto de ley que permita atender la problemática y brindar respuestas concretas a los trabajadores afectados.
Dijo que el próximo lunes se podría analizar la propuesta y avanzar con celeridad en su estudio y tratamiento en plenaria del Senado. La intención es que la iniciativa obtenga media sanción y pueda ser tratada por la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del próximo martes.
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Hay 41 empresas vinculadas al caso
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, abogó por la celeridad en el tratamiento del citado proyecto de ley. Indicó que la institución ya trabaja en una propuesta para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.
“Vamos a aplicar los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que establecen justamente estos créditos privilegiados ante cualquier situación que se pueda presentar”, significó.
Detalló que existen 41 empresas vinculadas al caso y anunció que se gestionará una extensión de la cobertura del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) para los afectados. También informó que se trabajará en la determinación de los montos correspondientes a las liquidaciones individuales.
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