El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez, continúa este lunes 26 de octubre de 2026 a partir de las 08:00 horas en la sede del Palacio de Justicia de Asunción, ingresando así de manera paulatina a su esperada etapa final. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, evalúa las últimas declaraciones testificales antes de dar paso a los alegatos del Ministerio Público.

La causa penal, impulsada por los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, acusa al exministro abdista por el presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), derivado de los supuestos favores recibidos del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua —condenado en su país a 11 años de cárcel por asociación criminal y lavado de dinero—, a cambio de facilitarle el acceso como proveedor del Estado. Según la acusación fiscal, estas presuntas prebendas incluyeron la provisión y el blindaje de una camioneta policial en talleres vinculados a los negocios del empresario extranjero detenido el 15 de febrero de 2022 en Foz de Yguazú.

En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021. El exfuncionario detalló minuciosamente el funcionamiento de los procedimientos financieros de la institución, la validación de créditos presupuestarios ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, y la gestión de subprogramas destinados a necesidades específicas como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y unidades tácticas.

Respecto a los cuestionados mantenimientos y blindajes de móviles tácticos en la zona norte del país, Medina aclaró que su oficina no adjudicaba directamente talleres fuera del marco de las licitaciones legales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, aunque confirmó la recepción de ofertas y visitas de representantes de firmas privadas. La fiscal Verónica Valdez remarcó sobre la intervención: “Lo que hizo fue explicar los procesos policiales administrativos para adquirir y realizar adquisiciones. Se le realizó preguntas puntuales respecto a vehículos tácticos que son parte del juicio”.

Por su parte, la defensa de Giuzzio ha sostenido consistentemente que las interacciones con el ciudadano brasileño se mantuvieron estrictamente en el marco de su rol como empresario de seguridad y que el exministro carecía de injerencia directa en los procesos licitatorios particulares de la Policía Nacional. Asimismo, se argumentó que el apoyo técnico prestado por la empresa del extranjero formaba parte de gestiones de responsabilidad social aplicadas frecuentemente en zonas fronterizas.

Con la comparecencia de los últimos convocados en la lista de testificales, solo restará la declaración de un grupo reducido de cuatro a cinco personas antes de cerrar formalmente esta fase probatoria. Posteriormente, el proceso se encauzará hacia los alegatos finales, donde los representantes del Ministerio Público expondrán sus conclusiones definitivas y solicitarán las expectativas de condena para el imputado, definiendo así el futuro judicial del exministro.