El abogado del exgobernador de Central, Hugo Javier González, descarta la hipótesis de que hayan intentado silenciarlo, en el incidente que sufrió su cliente en la celda donde fue hallado en grave estado, que derivó en su internación de urgencia donde permanece con pronóstico reservado.
“Yo soy el más incrédulo en eso, porque para silenciarlo él tiene que saber algo que le comprometa a alguien y él no podía comprometerle a nadie. El era el gobernador, era autónomo. Sabemos por las investigaciones que hay personas implicadas y los resultados de esa administración que dejó como fruto dos carpetas abiertas”, señaló el doctor Bernardo Villalba a la 1020 AM.
El defensor de Hugo Javier ratificó la inocencia del exjefe departamental al manifestar que “no le veo a él tocar un solo centavo y los que eventualmente son sospechosos están dentro del proceso”.
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“No veo quien puede querer silenciarlo, él nunca sintió eso, nunca él percibió sentir algún riesgo ni yo, ni nadie que compartimos con él”, remarcó.
El Ministerio Público también tomó intervención en el caso y se encuentra hurgando tanto en el diagnóstico médico del paciente así como en la escena en que se produjo el incidente en el interior del establecimiento penitenciario en Asunción.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Ministerio de Trabajo abre concurso para cubrir 17 vacancias con salarios de hasta G. 6 millones
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), anunció una nueva convocatoria mediante concurso público de ingreso de empleados públicos (CPIEP) a fin de cubrir 17 vacancias en distintas áreas técnicas y profesionales, con remuneraciones que van desde G. 3.500.000 hasta G. 6.000.000. El periodo de postulación estará habilitado del 21 al 27 de octubre del 2026.
La convocatoria contempla oportunidades laborales en Asunción como así también en el Departamento de Boquerón y Presidente Hayes, además puestos vinculados a la fiscalización y la orientación laboral. Según informó la institución, el llamado busca fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la atención de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Entre los cargos disponibles se encuentra el de economista laboral junior, con una vacancia y una remuneración de G. 6.000.000. También habilitaron 10 puestos para profesionales de fiscalización junior con un salario de G. 5.000.000 cada uno.
En el área jurídica, se ofrecerá un puesto de abogado laboralista junior para la capital, con un salario de G. 4.800.000, y otros dos para Boquerón y Presidente Hayes, con un salario de G. 4.500.000. La lista incluye además, un profesional orientador social laboral, un fotógrafo y un asistente de control normativo laboral internacional.
Estos últimos cargos contarán con remuneraciones de G. 4.500.000, G. 4.500.000 y G. 3.500.000, respectivamente. Todos los puestos contemplan un vínculo mediante contrato temporal, conforme a las condiciones establecidas para el concurso.
Las personas interesadas podrán consultar los requisitos, las condiciones de participación y las distintas etapas del proceso a través del portal oficial Paraguay Concursa, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en https://paraguayconcursa.mef.gov.py. La institución recomienda utilizar este canal para acceder a la información oficial y realizar el seguimiento de la convocatoria durante el periodo establecido.
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Hugo Javier deja el Hospital de Itauguá tras 38 días de internación y va a casa
Al cumplirse 38 días de internación en el Hospital Nacional de Itauguá, el exgobernador Hugo Javier González, abandona el nosocomio para continuar su recuperación bajo el régimen de prisión domiciliaria por 90 días. Su salida del hospital se está cumpliendo bajo un estricto protocolo de seguridad que la Policía Nacional ha desplegado en el lugar, atendiendo a que decenas de personas se agolpan en la puerta de salida esperando el momento en que el exlocutor abandone el sitio.
Por disposición del juez Carlos Luis Mendoza Peña, el exgobernador de Central, partirá rumbo a la casa de su expareja en Emboscada, Cordillera, donde guardará prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
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A la salida de su sala de internación, y de acuerdo con las imágenes fotográficas difundidas, Hugo Javier se tomó el tiempo para despedirse de los profesionales médicos que lo asistieron y con quiénes se tomó una fotografía de pie. Así también, se tomó otra fotografía con los agentes policiales, que estuvieron a cargo de la vigilancia durante el tiempo de internación y que ahora lo escoltarán hasta su vivienda en Emboscada.
Acompañamiento constante
En tanto, el Dr. Miguel Ferreira, director del Hospital, informó que eel exgobernador requiere cuidados permanentes tras el traumatismo sufrido, por lo que confirmó que aún no se encuentra en óptimas condiciones, por lo que han recomendado que en su hogar permanezca en constante acompañamiento de otras personas.
“Nosotros sugerimos que dos personas estén constantemente al cuidado de él. Está para salir del hospital, pero todavía no está en óptimas condiciones desde el punto de vista neurológico y de la motricidad (movilidad). La recomendación es de 3 a 6 meses”, expresó.
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Hugo Javier González obtiene prisión domiciliaria por 90 días para su recuperación
El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre.
La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.
Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.
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Colocación de la tobillera electrónica
“En caso de continuidad, los informes y la revisión deberán realizarse antes del vencimiento de cada periodo de 90 días, sin prórroga automática y sin perjuicio de los controles anticipados que se dispongan; lugar de donde no deberá trasladarse sin previa autorización de ese juzgado”, puntualiza.
Detalla además que, mientras González goce del beneficio de la prisión domiciliaria, no podrá abandonar el país ni cambiar de domicilio sin previa autorización del juzgado. A la vez, la resolución de Mendoza Peña ordena a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) que, en el plazo de 24 horas, se constituya en el domicilio donde guardará prisión González para verificar e informar a la magistratura sobre la factibilidad técnica de la aplicación del dispositivo de monitoreo electrónico.
En caso de resultar factible, se deberá proceder directamente a la colocación de la tobillera electrónica a González a los efectos de posibilitar el cumplimiento de la medida de prisión domiciliaria. El requerimiento al juzgado fue impulsado por la defensa legal del exjefe departamental, conformada por los abogados Guillermo Gayoso y Adrián Yudis.
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