El Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar varias operaciones.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una nueva investigación penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar y otros relacionados con la constitu­ción de fideicomisos y opera­ciones sobre bienes inmuebles que salpican al Banco Atlas.

La investigación surge de ante­cedentes detectados en una causa por lavado de dinero vin­culada al caso Conmebol, en el cual están imputados el presi­dente de la entidad bancaria, Zaldívar, y otros directivos.

La medida fue adoptada mediante la Resolución F.G.E. n.º 4067, del 19 de octubre de 2026. Para intervenir en la nueva investigación, fueron designados los fiscales Chris­tian Benítez Cáceres y Luz Guerrero Moral, de la Unidad Especializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción.

Según los antecedentes, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Veró­nica Valdez comunicaron la existencia de hechos que podrían constituir conduc­tas punibles distintas de las investigadas en el expediente original.

Asimismo, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín informó sobre indicios de posi­bles operaciones vinculadas al lavado de activos, específica­mente relacionadas con fidei­comisos y transacciones sobre bienes inmuebles.

La resolución señala que, aun­que podrían existir aspectos comunes con la investigación inicial, los hechos identifica­dos serían diferentes de los que forman parte de aquella causa. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar las ope­raciones señaladas.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Con­federación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló infor­mación en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso.

Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del banco Atlas, por presunto lavado de dinero.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

En cada denuncia de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes se repite el mismo padrón en los victimarios; se trata de alguien del entorno familiar, tal como indican las estadísticas. Es el caso por el cual la fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a un hombre de 25 años por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima sería su hijastra, de 11 años.

La investigación a cargo de la agente de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, tiene que ver con una denuncia presentada por la madre de la niña, en la que se relata que, desde septiembre de 2026 el hombre convivía con la citada mujer y las dos hijas menores de 11 y 8 años.

En la primera quincena de octubre, el hoy procesado habría aprovechado los momentos en que la mujer salía a trabajar para quedarse a solas con las niñas. En una ocasión, la mayor no asistió a la escuela y, según la investigación, en esas circunstancias se habrían iniciado los abusos. La pareja vivía en Ciudad del Este.

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Las agresiones se habrían repetido en diferentes ocasiones, tanto en una habitación de la vivienda como en el baño. De acuerdo con el escrito fiscal, el hombre habría recurrido a la fuerza y a las amenazas para cometer los hechos e impedir que la niña confesara sobre los abusos.

Sin embargo, la víctima decidió contar a su madre lo que venía sufriendo y la mamá presentó la denuncia ante las instituciones pertinentes y dio inicio a la investigación.

Como parte de las diligencias, la niña fue examinada por en medicina forense y recibió asistencia psicológica del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. La hermana menor también fue atendida por una psicóloga y, según el informe de asistencia, habría relatado que presenció los manoseos y escuchó a su hermana pedir que el hombre la dejara tranquila.

Entre los elementos de sospecha, la Fiscalía menciona la denuncia policial, la entrevista a la madre, el informe de inspección forense y los informes de asistencia psicológica de ambas niñas. La fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado, quien se encuentra privado de libertad.

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El juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, decidió devolver una imputación presentada por la agente fiscal Daisy Sánchez en un caso de reducción. A criterio del magistrado, la fiscala se limitó a “copiar y pegar” informaciones recabadas por los policías, sin describir adecuadamente los hechos atribuidos al procesado ni fundamentar el requerimiento.

En la resolución, el juez Acevedo criticó que la representante del Ministerio Público incumpliera los requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal (CPP), el cual exige una descripción precisa de los hechos y su debida fundamentación. Asimismo, el magistrado indicó que el acta de imputación no explicaba de manera lógica la conducta atribuida al imputado, ni identificaba a la persona afectada por el supuesto hecho punible.

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Acevedo cuestionó la elaboración del requerimiento fiscal y sostuvo que la agente realizó una “mala subsunción” de los hechos en el tipo penal. Advirtió, además, que la imputación incumplía varios puntos de la Guía de Control Jurisdiccional, aprobada por la Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada N.º 1631/22. Entre las falencias detectadas, mencionó la falta de identificación del denunciante o de la víctima, la ausencia de una descripción concreta de la conducta delictiva y la falta de fundamentación del dolo.

Igualmente, cuestionó que la Fiscalía se limitara a transcribir una nota policial en lugar de exponer su propia hipótesis fáctica. También observó deficiencias en la calificación jurídica y en la justificación del plazo solicitado para la etapa preparatoria. Ante estas irregularidades, Acevedo consideró que el pedido de prisión preventiva carecía de sustento legal. Finalmente, la fiscal rectificó su imputación y volvió a solicitar la prisión preventiva del sospechoso.

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La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.

Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.

El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.

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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.

La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.

Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.

El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.

Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.

Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.

• Fuente: AFP

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