Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.

Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.

Le puede interesar: TEP habilita inscripción de movimientos desde este octubre para internas del 2027

La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.

De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.

En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:

• Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
• Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
• Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.

La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.

El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.

El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.

Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.

La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.

Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.

Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.

Siga informado con: Cartes reúne a dirigentes colorados y habla de la realidad social y política del país

Guillermo Bae Ki, jefe de Taller del Ministerio del Interior, ratificó que una camioneta fue reparada en el taller del narco Marcus Vinicius.

En el marco del juicio oral y público contra el exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio –acusado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narco­traficante Marcus Vinicius– declaró el jefe de Taller del Ministerio del Interior, Gui­llermo Bae Kim. El funcio­nario confirmó al Tribunal de Sentencia que uno de los vehículos pertenecientes al Gobierno, que estaba en uso de la cartera estatal, fue trasla­dado a Ciudad del Este y repa­rado en el taller Black Eagle SA) del presunto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Este testimonio, sumado a las declaraciones del exviceminis­tro Pablo Ríos y de otros altos exfuncionarios de la institu­ción robustece la hipótesis del Ministerio Público. La audien­cia oral continuará el próximo 2 de octubre a las 11:00.

Por su parte, la fiscala Veró­nica Valdez señaló que Bae Kim explicó detalladamente el procedimiento adminis­trativo utilizado para solici­tar las reparaciones de la flota institucional. Valdez aseguró que “el testigo confirmó que una camioneta Dodge RAM del Ministerio del Interior fue llevada hasta Ciudad del Este para ser reparada en la empresa vinculada a Marcus Vinicius”. Asimismo, adelantó que todos los testimonios y elementos probatorios deba­tidos en el juicio serán expues­tos formalmente durante los alegatos finales de la fiscalía.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. En la audien­cia previa del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero Victoriano Benítez también sumó elementos al proceso de la acusación.

Durante su comparecencia, el testigo admitió –tras ser confrontado con documen­tos exhibidos por el tribunal– la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparacio­nes y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú SA (vinculada al grupo Black Eagle SA), pro­piedad de Vinicius en Ciudad del Este.­

El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se reanudó este martes con la declaración testifical del jefe del departamento de Transporte del ente estatal. Guillermo Bae Kim, jefe de Servicios Generales del Ministerio del Interior, mencionó que uno de los vehículos del ministerio fue llevado a Ciudad del Este al taller perteneciente al presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua para su reparación, durante la gestión del exsecretario de Estado.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber recibido favores de Marcus Vinicius cuando se desempeñaba como ministro, entre mediados de 2021 hasta febrero de 2022. El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. La agente fiscal Verónica Valdez señaló que se aguarda la declaración de más testigos y la producción de pruebas clave, como el informe derivado de la extracción de datos de los teléfonos celulares de Marcus Vinicius.

En la pasada audiencia del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero de la cartera estatal, Victoriano Benítez, complicó la situación procesal del acusado. Durante su comparecencia, el testigo admitió —tras ser confrontado con documentos exhibidos por el tribunal— la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparaciones y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú S.A. (vinculada al grupo Black Eagle S.A.), propiedad de Vinicius en Ciudad del Este. No obstante, Benítez evitó precisar la forma en que se financiaron dichos trabajos, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía de que los servicios constituían “favores” patrocinados a favor del entonces ministro.

La fiscal Valdez destacó en aquella ocasión que las manifestaciones del testigo confirman que los arreglos mecánicos no se limitaban a los móviles blindados, sino a cualquier vehículo de la institución que requiriera mantenimiento. Asimismo, el exadministrador reveló que hacia el año 2021 la cartera ministerial ya sospechaba de irregularidades en el taller, donde se sobrefacturaban o adulteraban los repuestos figurantes en las planillas.

Los juicios del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y del destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reanudan este martes. La primera audiencia está prevista a las 8:00, donde el exsecretario de Estado está procesado por cohecho pasivo agravado; mientras que el exjefe comunal vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados a las 11:00, por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”.

En el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, la anterior sesión del 22 de setiembre tuvo el testimonio de Victoriano Benítez, exdirector administrativo del Ministerio del Interior, quien explicó que el proceso para la reparación de vehículos institucionales de dicha cartera, aclarando que, en teoría, estos trámites dependían de la Dirección Administrativa y no del ministro directamente.

También se abordó la gestión de vehículos específicos, como una camioneta Hyundai Santa Fe y una camioneta Dodge RAM (propiedad de Senabico), mencionando un convenio para tareas de inteligencia. El proceso judicial por presunto cohecho pasivo agravado sigue su curso en la etapa testifical y testificación de pruebas documentales, con las declaraciones pendientes de los últimos testigos presentados por la Fiscalía.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos agendó para la jornada de hoy la continuación de la audiencia con la lectura y exhibición de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía en el proceso que involucra a Miguel Prieto y otros diez acusados, señalados por un esquema de licitación simulada y facturación falsa por vía de excepción para la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos en la pandemia de covid-19 en 2020.

En la última sesión del 21 de setiembre, los abogados defensores presentaron sus teorías del caso, argumentando, entre otras cosas, que la gestión de su defendido se dio en un contexto de emergencia por la pandemia del covid-19 y cuestionaron la objetividad de la fiscalía y plantearon la existencia de una supuesta persecución penal selectiva.

Además, las defensas solicitaron medidas para evitar que la fiscalía introduzca referencias innecesarias a la vida íntima y familiar de los encausados. Igualmente, se dio lectura a diversos documentos, incluyendo actas de allanamiento, contratos (como el contrato n.º 14/20), facturas y documentos de constitución de la firma “Tía Chela”. La sesión se centra en el análisis detallado de la legalidad de los procedimientos y contratos realizados por la Municipalidad de Ciudad del Este.