Rocío Gómez, corresponsal de Itapúa.

El administrador del Cementerio Central de Encarnación, Mercedito Báez, informó que el movimiento por el Día de los Difuntos ya es masivo. Solo el sábado ingresaron entre 5.000 y 6.000 personas y el domingo también se registró una alta concurrencia, ya que muchas familias adelantaron la visita ante la amenaza de lluvia para estos días. El cementerio está dividido en 11 sectores y alberga entre 25.000 y 30.000 tumbas. Se espera que lleguen entre 10.000 y 15.000 personas en total.

Según explicó el administrador, la fecha tiene un profundo significado para la Iglesia católica. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una solemnidad dedicada a todos los que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo, tanto los santos reconocidos y canonizados como aquellos anónimos que vivieron con santidad.

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El 2 de noviembre, en cambio, se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, conocido en Paraguay como Lasánima Ára, una jornada dedicada a recordar y orar por los familiares y amigos fallecidos que aún están en proceso de purificación, según la doctrina del purgatorio.

En cuanto a la seguridad y el estado del predio, confirmó que este año no se registraron incidentes durante Halloween, a diferencia del año pasado cuando se halló restos de un supuesto ritual satánico. Este año se reforzó el control con la Comisaría Tercera y dos guardias internos. Sí se reportó hace unos seis meses el hallazgo de un cráneo sin que se pudiera determinar su tumba de origen, por lo que debió ser enterrado nuevamente.

Además denunció que dos tramos del muro perimetral colapsaron hace un mes y aún no fueron reparados por falta de recursos, quedando el arreglo para la próxima administración. A esto se suma la falta de personal, de 18 funcionarios que había antes, hoy solo quedan ocho para cubrir cuatro hectáreas, dos de ellos dedicados a la limpieza de pasillos, ya que el cuidado de cada tumba corresponde a los familiares. Actualmente, casi el 50 % de las sepulturas están en estado de abandono.

Para los días centrales se dispuso un operativo especial con provisión de agua, sillas de ruedas, camillas, bomberos voluntarios, Policía Nacional y Policía Municipal de Tránsito. En el acceso ya no hay restricción para vendedores de flores.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que requerirán a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) el cruzamiento de datos sobre los ingresos de los directores, jefes de seguridad y funcionarios encargados de la admisión de las penitenciarías tras concretarse el pasado domingo 25 de octubre la fuga de reos del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada. A la vez manifestó que pedirán a la Contraloría General de la República (CGR) la auditoría de los bienes.

“Debemos trabajar con la Seprelad para el cruzamiento de los ingresos de los directores, jefes de seguridad y los encargados directos de la admisión de los controles de ingreso de personas y de encomiendas ya que ahí se generan los focos de corrupción. Nosotros en algún momento cuando tuvimos problemas hemos remitido pedidos de control a la Contraloría para ver los ingresos y bienes que están a nombres de estos funcionarios y yo creo conveniente renovar ese trabajo porque es parte del esquema para la detección de hechos irregulares”, refirió en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

Nicora comentó que su cartera llegó a implementar el polígrafo como herramienta de control de confianza, evaluación y selección de los funcionarios penitenciarios como por ejemplo en la cárcel de Minga Guazú. “Es un elemento que no marcó un alto rango de resultados negativos en cuanto al cuestionario que fue implementado, pero sí fue un elemento que nos ayudó para decidir la renovación de contratos o no. Esta herramienta fue enfocada justamente en los nuevos penitenciarios”, puntualizó.

A la vez dijo que Paraguay próximamente firmará un acuerdo que le permitirá contar con tecnología para la detección de dispositivos irregulares en las penitenciarías del país. “Ahora estamos trabajando en una alianza estratégica con un país para tener esa tecnología”, mencionó.

Los datos recabados mediante la investigación fiscal y policial refieren que los reclusos burlaron los controles de seguridad mediante corte de barrotes y el uso de sogas confeccionadas con sábanas y frazadas, aprovechando una zona perimetral que se encontraba sospechosamente sin el resguardo de agentes penitenciarios.

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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó cómo se implementarán los acuerdos firmados por Paraguay con Estados Unidos, tras la reciente visita de Christopher Landau al país y el posterior viaje del presidente Santiago Peña a Washington. Señaló que la cooperación prevé asistencia técnica, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de la vigilancia aérea y fronteriza, sin despliegue de tropas estadounidenses en suelo guaraní.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, González explicó que los acuerdos de cooperación con Estados Unidos permitirán fortalecer la vigilancia del espacio aéreo y la seguridad fronteriza mediante asistencia técnica, tecnología e intercambio de información. Asimismo, aseguró que las decisiones operativas seguirán bajo control paraguayo. Mencionó que esta cooperación comenzará a implementarse formalmente una vez que concluyan los trámites diplomáticos de rigor.

“El procedimiento de actuación sobre la defensa aérea (interceptación) se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley n.° 6980/2022 de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo. La autoridad para la toma de decisiones de las interceptaciones (fase 1 y 2) recae sobre el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, conforme lo establece la ley mencionada”, precisó.

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No obstante, aclaró que estos acuerdos no contemplan la presencia de personal militar norteamericano ni la instalación de una base militar norteamericana en el país. “Estos instrumentos se centran en la asistencia técnica, el intercambio de información de inteligencia, el fortalecimiento de sistemas de detección y herramientas tecnológicas, sin que esto signifique necesariamente el despliegue de tropas extranjeras en el terreno”, acotó.

En cuanto al tipo de información que será compartida, explicó que es de índole estratégica, orientada a la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. “La soberanía nacional no se verá afectada considerando que el Paraguay procesará y compartirá la información clasificada, manteniendo el control y las decisiones de las operaciones en su territorio”, explicó.

Finalmente, destacó los cambios que traerá este acuerdo en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Paraguayas a partir de esta cooperación. “Se optimizará considerablemente la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, especialmente en zonas consideradas sensibles por los organismos de inteligencia del Estado, gracias a una mejor asistencia técnica, flujos de datos más eficientes y programas continuos de capacitación profesional para el personal militar”, concluyó.

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El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.

La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.

La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.

Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.

En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.

Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.

El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.

A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.

Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.

El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.

La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.

Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.

La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.

El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.

Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.

La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.

La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.