El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio deli­beradamente traicionó al Estado desde el poder político que se le concedió en el gobierno anterior y no debe quedar impune. El exalto funcionario estuvo al frente de dos organismos clave de seguri­dad y desde ahí prácticamente operó a favor del crimen organizado dejando resultados que fueron devastadores para la tranquili­dad interna como la imagen país.

Desde la Senad las decisiones de Giuzzio fue­ron intencionalmente favorables para el nar­cotráfico. Esto se puede ratificar una y mil veces porque siendo ministro de la institución antinarcótica y luego del Interior, tenía toda la información sobre la mesa de cómo la logística del crimen organizado se iba afincando en el país. Lejos de aplicar medidas de control para combatir el flagelo de la inseguridad y el ilícito del narcotráfico, usó su cargo en beneficio de los capos para el montaje de un esquema sin prece­dentes.

Giuzzio no era un ciudadano cualquiera, tenía conocimientos de todos los hilos y protagonis­tas del negocio negro, sin embargo, resultó que hasta mantenía vinculaciones con uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, dicho por la misma exministra de la Senad Zully Rolón cuando fue consultada por el hoy preso en el vecino país, Marcus Vinicius Espíndola Mar­ques de Padua.

Precisamente, la Justicia hoy procesa a Giuzzio por un favor que pidió y recibió de Marques de Padua, esto en un contexto en que el brasileño, dicho por Zully Rolón, era uno de los más bus­cados por las instituciones brasileñas y lo más grave, habiendo un convenio de cooperación con Paraguay para su detención.

Giuzzio no solo favoreció al narcotráfico con una resolución liberando de controles los puer­tos de donde salían las cargas contaminadas con cocaína en la región, a otros continentes del mundo, principalmente al europeo, sino que mantenía conversaciones con una persona que estaba siendo sindicada por el mismo ilícito en Brasil y que a la vez tenía contacto directo con él. Dicho por los testigos y por el propio gerente de la empresa de Marques de Padua, Giuzzio prestó una camioneta de la compañía para vaca­cionar. El exministro intenta defenderse con un pagaré firmado, sin embargo, confirmado por el funcionario de la firma, el documento nunca fue honrado, pese a que ya pasaron 4 años.

¿Cómo hizo Giuzzio para que la empresa sea tan benevolente con él? Es evidente el trato espe­cial, el exministro tenía en la empresa. Esto en paralelo a que el buscado supuesto narco estaba en constante conversaciones con Giuzzio para ingresar como proveedor al Ministerio del Inte­rior.Subordinados del mismo Giuzzio confir­maron que Marques de Padua se paseaba por el Ministerio del Interior y que estaban en conti­nuas conversaciones para compra de equipos de seguridad y servicio de blindaje a vehículos de la institución estatal.

Marques de Padua tenía atención privilegiada en la administración de Giuzzio, esto luego de que el exministro haya estado casi 3 años como titular de la Senad. Es decir, Giuzzio manejaba la información a cerca de esta persona a quien camufló de oferente para el Estado.

Los informes de inteligencia sindican a Mar­ques de Padua como narcotraficante, lava­dor, nexos con la mafia italiana con los que se supone que mantenía lazos para realizar “exportaciones” de narcóticos al continente europeo. En registros de Paraguay aparece como propietario de las empresas Black Eagle Group, encargada de fabricar blindados de alta gama y Ombu SA, importadora y del rubro blin­daje de vehículos que se presume proveía al cri­men organizado.

Según informaciones de la Senad, Marques de Padua era el supuesto encargado de brindar la logística al buscado Lindomar Reges Furtado, narcotraficante que había escapado de un sus­picaz operativo de la secretaría antidrogas en el Paraná Country Club, justo antes de ser alla­nado. No hay que olvidar que, esa noche antes del operativo, Giuzzio mantuvo conversacio­nes en clave con Marques de Padua, siendo este hombre el objetivo principal tal como lo con­firmó Zully Rolón. Esta “coincidencia” nunca fue investigada a profundidad y amerita un esclarecimiento.

Giuzzio tiene mucho por qué responder. En su haber minan sospechosas maniobras desde el poder que le concedió el anterior gobierno y las evidencias que lo comprometen, sobran. Pese a la infinidad de chicanas que interpone el exse­cretario de Estado, la Justicia debe avanzar con celeridad el proceso y aplicar la ley, sin temor a las portadas de los medios aliados del susodi­cho. La oscura gestión de Giuzzio y sus teme­rosos vínculos desde el poder político, mere­cen ser castigados con toda la fuerza de la ley. El país no se merece la impunidad de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción de cualquier índole.

El funcionario de la firma Gilberto Enciso ratificó que Marcus le prestó a Giuzzio una camioneta de la empresa Ombú para vacacionar en Brasil.

En el marco del jui­cio oral y público que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por presunto cohe­cho pasivo agravado, declaró Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombú SA (propie­dad del presunto narcotrafi­cante brasileño Marcus Vini­cius Espíndola).

Enciso aportó datos explosivos que compro­meten la situación procesal de Giuzzio en el caso. El testigo fue tajante al mencionar que Marcus Vinicius y el entonces ministro del Interior conver­saron en varias oportunida­des sobre licitaciones para el Estado. Sostuvo que la empresa Ombú pretendía ser provee­dora de chalecos antibalas y encargarse de la reparación de vehículos blindados. Añadió que “Marcus Vinicius era quien tenía el contacto en el Minis­terio del Interior, y sus enla­ces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”.

Asimismo, admitió que la firma se estaba preparando para participar en licitaciones estatales y que el empresario brasileño compartía informa­ción sobre el tema con el exmi­nistro Giuzzio. Indicó que los preparativos cesaron cuando Marcus Vinicius tuvo proble­mas con la Justicia por narco­tráfico. Por otra parte, Enciso señaló que conocía a Lindomar Reges Furtado en calidad de cliente, ya que le realizaron un trabajo de blindaje.

Enciso reconoció que rea­lizaron trabajos de mante­nimiento en una camioneta Dodge Ram del Ministerio del Interior y manifestó que des­conoce si se llegó a pagar algo por el servicio. También hicie­ron retoques a otros vehículos tácticos del Estado y elabora­ron presupuestos para prestar sus servicios.

El testigo también aseguró que Giuzzio utilizó una camio­neta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directamente por su dueño. Además, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré sim­bólico de USD 700 que nunca se cobró”. Otro punto clave de la declaración fue la con­firmación de que Sebastián Marset, hoy detenido en los EE. UU., también fue cliente de la empresa para el blindaje de un vehículo.

El juicio oral prosigue la próxima semana donde va a continuar la declaración del funcionario de la firma Ombú Gilberto Enciso. El tribunal de sentencia que tiene su cargo juzgar el caso está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

En su momento, el juez penal de Garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.

La fiscala de Delitos Económicos y Antico­rrupción Silvia Gon­zález pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbi­tren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación com­petente.

Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corres­ponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como comisa­rías de oro, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado para­guayo.

Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Can­dia y Víctor Ríos deberán estu­diar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para confor­mar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que deci­dir si Filizzola seguirá proce­sado por lesión de confianza. En su momento, el juez penal de Garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la pres­cripción del caso, determi­nación que fue apelada por el Ministerio Público.

En este proceso se investiga una supuesta lesión de con­fianza que involucra al exmi­nistro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filiz­zola Serra. La Fiscalía sostiene, con varios elementos proba­torios, que existe un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisa­rías de Asunción, obras reali­zadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron incon­clusas.

Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.

La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.

Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.

Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.

En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.

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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.

La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.

Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.

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