El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, dijo ayer que es un convencido de que una Concertación Política tiene que elaborar su propio padrón para sus comicios a fin de elegir a sus futuros can­didatos a cargos nacionales. Indicó que particularmente su postura es la no utilización del Padrón Nacional.

“Nosotros en su momento, en las elecciones generales pasa­das, tuvimos que expedir­nos por resolución judicial, la Justicia Electoral se expi­dió en una sentencia donde dos ministros votaron en el sentido de que se puede usar el Padrón Nacional y yo par­ticularmente voté en disiden­cia”, recordó el presidente del órgano electoral.

Manifestó que, “considero que el Padrón Nacional no es aplicable a un sistema de interna cerrada como es el sistema electoral paraguayo.

Yo estoy convencido de que se tiene que elaborar un Padrón para la Concertación basado en los padrones de todas las fuerzas que quieren concer­tarse”.

Las declaraciones del presi­dente del TSJE fueron ver­tidas al ser consultado sobre la decisión del Senado de aprobar el pasado miércoles con modificaciones el pro­yecto “Que modifica la Ley n.° 3212/2007 ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”. El proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Jaime Bes­tard, confirmó ayer que fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Indicó que con esta medida facilita la continuación del proceso normal de la licita­ción, luego de que se recha­zaran algunas protestas al proceso.

Luego mencionó que el pre­cio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las pro­puestas que hacen las empre­sas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, Bestard recordó que cuando se puso en vigencia la Ley n.° 2318, que establece la lista desblo­queada y el uso del voto elec­trónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

Bestard dijo que en el estu­dio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 pro­cesos electorales, en los que se podría dar uso las máqui­nas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máqui­nas, donde para esas eleccio­nes costó casi 59 millones de dólares. Por eso considera­mos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Ade­más, nos convertimos en los propietarios de las máqui­nas”, indicó.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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El presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Gustavo Bernal, indicó que la instancia electoral aún no fue notificada acerca de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre la suspensión de las elecciones internas partidarias del 17 de agosto de este año.

El tribunal de primera instancia de la Justicia Electoral hizo lugar a varias medidas cautelares, a raíz de la suspensión de la adquisición de las máquinas electorales, por lo cual también se suspenden estas elecciones internas.

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“Nosotros estamos llevando con toda normalidad hasta la fecha, sin ningún problema. Nosotros todavía no fuimos notificados de estas medidas, una vez que tengamos eso, evidentemente nos vamos a estar reuniendo para poder deliberar de alguna u otra manera cuál sería las circunstancias a partir de ahí. No tenemos aún el contenido de esa resolución, en qué se basa”, dijo el titular del TEI en conversación con La Nación/Nación Media.

Bernal mencionó que una vez que se cuente con la resolución de la máxima autoridad electoral se analizará cuál será la decisión a tomar. “Una vez que tengamos evidentemente lo vamos a analizar el contenido de la resolución y después vamos a hacer un pronunciamiento, si seguimos o paralizamos ahí. Se paraliza, no es que se suspende”, señaló.

Aclaró que las elecciones no fueron canceladas ni prorrogadas, sino suspendidas temporalmente. Citó como ejemplo la ley que amplió el mandato de los intendentes por la pandemia en el 2019, por la cual el Tribunal Superior ya sacó el calendario y las elecciones se debieron realizar en el 2020, pero se prorrogó al 2021.

“De la misma forma, si existe una resolución o una medida cautelar, lo que se hace es suspender, no anula todo el proceso que se venía haciendo, como las inscripciones de los movimientos, la presentación de las afiliaciones, la habilitación de varios locales en diferentes puntos del país y el exterior, esos trámites ya se cerraron conforme al calendario”, sentenció.

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, participó del diálogo de alto nivel denominado “Conexión Sur”, un programa que busca transformar la conectividad y el desarrollo económico en América del Sur a través de la integración.

En el marco de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest, el titular de la cartera de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, participó del encuentro “Conexión Sur”, iniciativa tiene como objetivo impulsar el crecimiento sostenible y la integración a través del desarrollo de una red de corredores de desarrollo.

Durante su intervención, Fernández Valdovinos enfatizó la necesidad urgente de fortalecer la integración en la región, poniendo en contexto las grandes distancias que aún existen entre los países sudamericanos, así como los obstáculos que representa la falta de conectividad.

“Tenemos que ser cazadores de utopías, tenemos que llegar a la integración que necesitamos. El mundo es volátil, y la solución no está lejos, está cerca acá en nuestro continente. Sin conexión no vamos a llegar a nada”, declaró. Al mismo tiempo, mencionó que a pesar de ser un continente rico, la falta de infraestructura adecuada limita el progreso.

El programa “Conexión Sur” se estructura en tres pilares fundamentales como la Conectividad; en busca de la mejora de carreteras, puertos, hidrovías, redes eléctricas y digitales. En segundo lugar, las Cadenas de valor regionales y globales, con el impulso al comercio y la producción local, facilitando la integración en mercados internacionales.

Y en tercer lugar, el Fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a acuerdos comerciales, marcos normativos e instituciones a todos los niveles. Es así que con la firme determinación de “cazar la utopía”, el programa Conexión Sur promete ser un catalizador para la integración más profunda y beneficiosa para los países de América del Sur, creando oportunidades de desarrollo y cooperación para el continente.

Durante el evento, el representante de la cartera económica local, junto con otros líderes de la región, suscribieron una declaración de apoyo al Programa Temático Regional Conexión Sur, reafirmando el compromiso del país con la integración sudamericana.

La iniciativa respaldada por gobernadores del BID y representantes de alto nivel de países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, busca abordar desafíos transfronterizos a través de un enfoque regional pragmático. Asimismo, se acordó la elaboración de un plan de acción con prioridades claras y plazos definidos para su implementación.