La jueza penal de garantía, Cynthia Lovera, ya recibió formalmente el escrito de acusación contra exministros de Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira y otros para quienes se pidió que se eleve a juicio oral y público, debido a la gran cantidad de elementos de prueba.
Asimismo, la magistrada dejó en claro que no podrá intervenir hasta tanto la Corte Suprema de Justicia destrabe el presente proceso penal. Esto se debe a que la defensa de los hoy acusados se pasaron presentando chicanas en el presente causa penal, al solo efecto de poder dilatar la causa penal de los exsecretarios de Abdo.
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La falta de resolución de las chicanas en la Corte impedirá que la jueza Lovera pueda fijar la audiencia preliminar donde se tiene que definir si los exministros de Abdo estarán sentados en el banquillo de los acusados como cualquier preso común.
Del mismo modo, los fiscales Silvia González y Christian Benítez pidieron al juzgado penal de garantía la vinculación al sistema debido a que se estudia aún la recusación que se presentó contra los agentes del Ministerio Público Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia.
Los ex colaboradores de Abdo están acusados por los delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio. El Ministerio Público presentó 206 elementos probatorios entre ellos pericias, testimonios y documentales, los cuales demuestran la responsabilidad de cada uno de los acusados.
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Operativo Dakovo: cinco acusados enfrentarán juicio oral
La jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral el proceso penal de cinco acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas en el caso conocido como Operativo Dakovo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.
En el presente caso están acusados Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.
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El Ministerio Público se había ratificado en su acusación atendiendo que cuenta con suficientes elementos de prueba que serán expuestas durante el desarrollo del juicio oral y público lo que demostrará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado.
La fiscalía sostiene que los seis procesados habrían participado en un esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.
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Montego Trading: ordenan captura de imputada quien habría violado su arresto domiciliario
La jueza Penal de Garantía Clara Ruiz Díaz declaró la rebeldía y ordenó la captura de Carmen Carolina Duarte, integrante del directorio de la firma Montego Trading S.A., imputada por violar la ley de juegos de azar.
La magistrada tomó la determinación de declarar la rebeldía atendiendo a que la Policía Nacional se constituyó en su domicilio y la misma no estaba en su lugar de reclusión domiciliaria.
En caso de que sea detenida, Duarte deberá ser trasladada hasta el juzgado que decidirá si mantiene el arresto domiciliario o decreta la prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.
En la presente causa penal igualmente están procesados y con arresto domiciliario el ciudadano mexicano Gerardo Bermúdez quien llamativamente quiere salir del país a pesar de contar con varios procesos penales. Asimismo están imputados Erik Martin Vázquez, José María Monges, y Ricardo Fernández Melgarejo. Estos dos últimos tienen medidas alternativas a la prisión.
Imputación
El agente fiscal, Marcelo Saldívar, presentó imputación por violar la ley de juegos de azar contra Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Ricardo Fernández Melgarejo y Erick Fernando Martín Vásquez Loza, directivos de la firma Montego Traiding S.A., con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas a través del sistema online. Además, de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
Varios procesos penales
Bermúdez Arreola enfrenta igualmente otros procesos penales y uno de ellos ya está para realizarse un juicio oral y público y debido a las chicanas que ha presentado el citado acusado como otros, la audiencia oral aún no se pudo llevar a cabo.
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Cones informa sobre nuevos datos de esquema de filtración y asegura que habrá una revisión
Tras darse a conocer que el 24 de mayo está previsto que se lleve a cabo nuevamente el examen de admisión para formación docente, el cual fue anulado luego de que se corroboraran inconsistencias en el proceso, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) anunció que la denuncia formal presentada en torno a la filtración de resultados contará con una extensión, ya que se conocieron nuevos detalles de cómo se habría dado el hecho.
En conversación con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el presidente del Cones, Federico Mora, explicó que tras recabar información sobre denuncias presentadas por los postulantes, además del cotejo de datos que no podían estadísticamente darse, se pudo trazar un posible esquema de cómo se habría dado la filtración.
“El examen inicia a las 8 de la mañana; nosotros vemos con esta información que las respuestas empiezan a circular a las 09:10. Muy posiblemente se toma ya iniciado el examen una de las cartillas, se contestó y luego circulan las respuestas, teniendo preparado quien lo haga. ¿Y por qué decimos que quien lo haga? Porque esto afecta al 45 % de los postulantes que se presentaron; eso implica a 28 institutos de formación docente de los 77 que se presentaron y estos están plenamente identificados también”, dijo Mora.
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Precisó que las irregularidades fueron halladas en 13 de los 22 puntos de aplicación y que quienes estarían detrás de esta filtración serían de un grupo importante de personas, ya que la mitad de todos quienes se encontraban en este proceso a nivel nacional obtuvieron estos resultados.
“La mitad de todo el proceso a nivel nacional recibió este escenario, entonces lo que creemos es que este grupo recibe las respuestas y de ahí remite a nivel nacional a sus aplicadores, que son los que a viva voz dictan en el aula las respuestas”, remarcó el presidente del Cones.
En la misma tesitura, Mora aseguró que la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa), si bien cuenta con un funcionamiento entre sus integrantes como interlocutor ante el Ministerio de Educación y Ciencias, no se encuentra registrada en la Dirección de Asuntos Gremiales, por lo que no es una instancia que tenga legitimidad activa.
Revisión
En cuanto a las medidas a ser tomadas, el presidente del Cones recordó que la ley de función pública cuenta con una cierta cantidad de atribuciones, pero también con limitaciones, por lo que el proceso puede ser demorado, ya que debe iniciarse un sumario y posteriormente darse las medidas correspondientes. Admitió que esta no es la primera ocasión en que se da este tipo de escenarios y que en muchos casos existe toda una estructura detrás.
“Un primer objetivo es que el día 24 se desarrolle este proceso con una trazabilidad, y comprender que se dé con los pasos que nosotros ordenamos. En un corto plazo se prevé la revisión del mecanismo como tal; esto tiene que ser revisado y, por otro lado, ver el incentivo que existe detrás de todo esto”, indicó Mora.
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Superintendencia de Valores refuerza prevención de lavado de activos
La Superintendencia de Valores (SV) del Banco Central del Paraguay, con la participación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a los sujetos obligados del mercado de valores, enfocada en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Durante la actividad, técnicos de la Superintendencia desarrollaron aspectos claves vinculados al perfil transaccional y al monitoreo de operaciones, brindando criterios prácticos para su análisis con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
A su vez, especialistas de la Seprelad compartieron la relevancia de una correcta elaboración y remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), como herramienta esencial para la detección temprana de actividades ilícitas.
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Los disertantes profundizaron en enfoques de análisis cuantitativo y cualitativo aplicables al perfilamiento de clientes y la identificación de transacciones inusuales, así como en metodologías para la gestión del riesgo LA/FT basado en riesgos.
Estos conocimientos permiten a las entidades reguladas a optimizar sus mecanismos de prevención y fortalecer sus sistemas preventivos.
Esta capacitación estuvo dirigida a funcionarios con mayor experiencia y nivel de responsabilidad dentro del mercado de valores, reafirmando el compromiso del Banco Central del Paraguay con la integridad del sistema financiero en general.
Desde la banca matriz afirman que la formación continua de los sujetos obligados es clave para asegurar la implementación de buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo.
Con estas iniciativas, la Superintendencia de Valores refuerza su labor reguladora en línea con los principios de integridad, consolidando la confianza de los inversionistas y promoviendo un entorno más seguro y alineado con las mejores prácticas internacionales de prevención del riesgo de LA/FT.
Riesgo LA/FT
Se entiende como Riesgo LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directa o a través de sus operaciones, como instrumento para cometer delitos de LA (Lavado de Activos), o canalización de recursos para la FT (Financiación del Terrorismo).