La presentación realizada por la defensa del periodista Carlos Granada, exgerente de Canal 9, que cuestionó no haber sido notificada en fecha sobre la integración de la jueza Sonia Villalba como miembro del Tribunal de Sentencia derivó en la suspensión del inicio del juicio oral y público por coacción, coacción sexual y otros.

La causa deberá destrabarse en la Cámara de Apelación para poder fijar una nueva fecha para el inicio de la audiencia oral y pública. Actualmente, y tras estar varios meses con arresto domiciliario, Granada cuenta con libertad ambulatoria.

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De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.

Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.

Resaltaron que Granada se habría valido de su posición jerárquica e influencias ante sus víctimas subordinadas. El proceso contra el periodista empezó en mayo de 2022 y fue imputado por varios delitos, por lo que el juez Julián López resolvió enviarlo a prisión, donde estuvo durante varios meses hasta cumplir la pena mínima.

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Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.

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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.

Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.

Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.

Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.

Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).

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La Cámara de Senadores se vio obligada a levantar su sesión ordinaria, en la tarde de este miércoles, debido a la falta de quórum, ya que se constató que en la sala solo había 20 legisladores. El plenario estaba comenzando a tratar el 4° punto del orden del día sobre el proyecto de Lley que buscaba ampliar el presupuesto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el fin de construir baños sexados al 100 % de las instituciones educativas públicas.

El proyecto en cuestión es una iniciativa planteada desde el Poder Ejecutivo, promovida por el senador colorado Silvio Ovelar, y busca ampliar el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, Ministerio de Educación y Ciencias. El proyecto de Ley es conocido como “Letrina Cero en las Escuelas”.

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Al momento de la presentación, el legislador Ovelar explicó que, con tener nuevos pupitres en las escuelas, y ejecutar con éxito el programa “Hambre Cero”, no está cerrando el círculo, ya que es inadmisible que en pleno siglo XXI, año 2025 en el Paraguay siga habiendo escuelas con letrinas, en un promedio de 350 escuelas sobre todo en zonas vulnerables. Pese a la exposición de motivos, y debido a la falta de quórum, este estudio quedó postergado.

Al término de la sesión, el senador cuestionó a sus colegas la falta de coherencia al tratarse de un tema tan delicado y dirigido a comunidades vulnerables y que hayan dejado sin quórum la sesión.

“Me pareció suspicaz la ausencia de algunos colegas, cuando comenzamos a tratar este proyecto dirigido a los sectores más vulnerables. Tenemos Hambre Cero, tenemos pupitres nuevos, entonces seguir teniendo letrinas en zonas más vulnerables es un contrasentido. Con esto se cierra el circuito y otorga dignidad a los niños y niñas, además de ser parte de salud y educación”, expresó.

No obstante, reconoció que no vio necesidad de hablar previamente con las diferentes bancadas, porque consideró que el proyecto en sí era necesario y beneficiaría a los sectores vulnerables de manera inmediata, por lo que pensó que podría estar acompañado por todos sus colegas.

“Respeto los criterios que pudieran tener los colegas, pero cuando se trata de programas como este, en el que el beneficiado no voy a ser yo, sino que está pensado y dirigido a los sectores más vulnerables. Esto es un programa del Gobierno, imagínense que en el año 2026, el ministro de Educación confirme que durante el gobierno de Santiago Peña se logró erradicar definitivamente las letrinas en las escuelas públicas, va a ser un logro importante. Entonces, dejar sin quórum, porque no hablé con los colegas me parece un contrasentido”, concluyó.

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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recusó este viernes a los miembros del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás, con la finalidad de impedir el avance de su juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para las 8:30 de hoy. El funcionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

La nueva chicana impulsada por el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue presentada por su abogado Emilio Fuster, 40 minutos minutos antes del horario fijado. Lo llamativo del caso es que Guizzio no haya promovido la recusación contra la jueza Yolanda Morel, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel de Jesús Ramírez Candia.

De esta manera el proceso se pospondrá hasta tanto la Cámara de Apelación resuelva la recusación contra ambos magistrados. La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, que argumentan que el exministro tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil, de obtener contratos con el Estado para­guayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

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La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Arnaldo Giuzzio también está imputado en el caso de filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El martes pasado, la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio contra Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, todos exfuncionarios de Abdo, quien también está imputado en esta causa, al igual que su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola.

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