“El daño al Paraguay con estas sanciones injustas fue en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social y a nivel internacional”, señaló el senador colorado Derlis Maidana en relación a la alianza entre Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield.

En comunicación con La Nación/Nación Media Maidana señaló que las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano a Cartes y a sus empresas “cortaron las posibilidades de mayor inversión en el Paraguay, ya que la situación de manipulación generó una inseguridad jurídica a empresarios que miraban al país como apto para la inversión”, expresó.

El parlamentario resaltó que afortunadamente se está recuperando la confianza de los inversionistas extranjeros gracias a la decisiva gestión de la diplomacia presidencial, que actualmente está llevando adelante el presidente Santiago Peña.

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“El daño que tuvo Paraguay se basó en una acusación injusta y temeraria, resultado de una evidente intervención manipulada desde el poder”, remarcó y agregó que las sanciones establecidas por el gobierno norteamericano estuvieron basadas en procesos injustos y sustentadas en documentos con contenidos falsos.

“Han causado un daño inmenso a los empresarios paraguayos que aportaban al fisco y que hacían crecer la economía del país. Dejaron sin empleo a trabajadores honestos que mantenían sus familias”, lamentó.

Finalmente, sostuvo que si no se corrige el rumbo de esta situación, se estará sentando un precedente nefasto para el Paraguay. “Debemos replantear las conversaciones con los nuevos protagonistas, que fuera del odio y la manipulación defiendan a las empresas paraguayas y sus trabajadores, así como la soberanía de la República y el Estado de Derecho”, concluyó.

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• por Sofía Céspedes
• sofiacespedes@nacionmedia.com

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo pro­mulgó la Ley 7452, que moderniza la inversión en infraestructura pública, cono­cida como Asociación Públi­co-Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propues­tas del sector privado y así tam­bién aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue lici­tado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojo­nes, Asunción, y termina en la ciudad de Quiindy, depar­tamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estraté­gicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó que se están realizando las últimas consul­tas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar los detalles se publi­carán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un finan­ciamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, dise­ñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calza­das y cuatro carriles, que conec­tará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Sil­vio Pettirossi. “Sobre este pro­yecto estamos en la prepara­ción de las condiciones de los concursos que van a ser publi­cados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se inclui­rán adendas para mejorar el tramo Luque-San Bernardino y el trayecto Luque-Areguá. También agregó que esto mejo­rará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia. En detalles, el corredor Ypaca­raí-Areguá-Luque: se inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asun­ción desde Ypacaraí, Patiño,

Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y poten­cia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypaca­raí-San Bernardino-Luque (Tarumandy), este se inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, opti­mización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino-Luque. También contempla la incor­poración de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02. “Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la amplia­ción de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, cono­cida como Llave en Mano, con una inversión de USD 110 millo­nes y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inver­sión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento impor­tante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, habló sobre la impor­tancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestruc­tura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la Ley de APP. “A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar faci­lidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurí­dica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó.

Sobre el empleo que esto gene­rará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movi­miento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande. “Las gran­des obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 per­sonas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

Recordó que hoy la construc­ción tiene un rol muy impor­tante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más indus­tria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo mani­fiestan que las modificaciones hechas a la Ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorpo­raciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Econó­micos de la Presidencia de la República. “Entre las princi­pales innovaciones se desta­can el aumento de la partici­pación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y gene­rando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Agregó que esto abre la posibi­lidad de canalizar más recur­sos hacia la mejora de la infraes­tructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Res­ponsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

Algunas de las modificaciones hechas a la Ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar inicia­tivas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

El senador colorado Derlis Maidana se pronunció a través de sus redes sociales respecto al caso de filtración del documento confidencial enviado por el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, al Departamento de Estado de los EE. UU. En ese documento se confirma cómo el exembajador atropelló la soberanía de la República del Paraguay, aplicando sanciones injustas a los adversarios del gobierno de Mario Abdo.

El parlamentario compartió en sus redes sociales las publicaciones de La Nación/Nación Media que se hizo eco del documento que fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, una especie de Wikileaks, y que fue divulgado por distintos medios como Diario de las Américas y el periódico Clarín, de Argentina.

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En comunicación con La Nación, el parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador norteamericano.

“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Paraguay es libre y se respeta” remarcó.

Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto. “No es bueno el precedente de que un embajador venga a sentar postura y tome bandos políticos y persiga a paraguayos, eso es un terrible atentado a la soberanía nacional, al Estado de Derecho”, remarcó.

Agregó que, desde la Cancillería Nacional, así como se hizo en el caso de las acciones de espionaje que llevó a cabo el gobierno de Brasil durante el mandato de Jair Bolsonaro y en otros casos, también en el caso del exembajador Marc Ostfield, deberá tomar las medidas necesarias para defender la soberanía del Paraguay.

“Valoro mucho la seriedad con que tomó el tema nuestra cancillería y el Gobierno de EE. UU. No es un dato menor la contundencia con la que el presidente Santiago Peña actuó con el exembajador Ostfield y la respuesta positiva y de apoyo que recibió del gobierno de EE. UU. con el cambio y la designación de un nuevo encargado de negocios”, remarcó.

Finalmente, resaltó que todos los paraguayos fueron testigos de la forma “circense” que tomó el exembajador para dar sus anuncios y tomar posturas en cuestiones políticas internas del Paraguay.

“Fuimos testigos todos los paraguayos de la manera inexplicable y circense de cómo el exembajador tomaba como arma política sus atribuciones como representante diplomático y ahora están saltando pruebas de eso. Porque los documentos en que se basó para sancionar a nuestros compatriotas son absolutamente inconsistentes, según lo que se ha visto en esta filtración”, concluyó.

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La Cámara de Sena­dores aprobó ayer el proyecto de declara­ción que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM) a investigar a los miembros del Tribu­nal de Sentencia de Villa­rrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El docente está acusado de abuso por medios tecno­lógicos a una alumna de 11 años de edad.

La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repu­dio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de prue­bas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.

Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insau­rralde, en donde supues­tamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo”, “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.

El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afec­tan la integridad de una niña e involucra a un docente, agra­vado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debe­ría mostrar un especial deber del cuidado”.

La iniciativa agrega que “las estadísticas infor­madas por organizacio­nes especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.

El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la ense­ñanza en la misma institución de la que fue apartado al ini­ciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.