En sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles 15 de enero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de resolución “Que solicita convocar a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados, durante el receso del Congreso”.
La propuesta fue presentado por el diputado colorado Néstor Castellano, quien mencionó que la propuesta tiene la finalidad de analizar como único punto del orden del día el proyecto de ley “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, que ya cuenta con media sanción del Senado.
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Durante su explicación, señaló que la propuesta tiene como objetivo introducir modificaciones a la actual Ley N° 5102, conocida como Alianza Público Privada, con el objetivo de atraer mayores inversiones al país y generar nuevos empleos, según manifestó el proyectista.
Indicó además que entre las principales modificaciones a introducir a la presente normativa, se ampliaría la participación del Estado en un 25 % en las Alianzas Público-Privadas, de manera a que el mismo tenga una mayor influencia en los proyectos conjuntos, según el documento.
Si bien, la petición fue acompañada por la mayoría, la fecha de convocatoria a la Cámara Baja aún no ha sido estipulada por la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso.
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Código Electoral: Diputados plantean prohibir el uso del número partidario en los comicios internos
Legisladores de varias bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca modificar el artículo 170 del Código Electoral Paraguayo. La iniciativa pretende prohibir el uso del número partidario en las elecciones internas.
En la exposición de motivos, los proyectistas plantean eliminar esta práctica porque consideran que “distorsiona la voluntad popular en las elecciones internas partidarias”.
La iniciativa propone prohibir que el número correspondiente al movimiento político partidario pueda ser utilizado como opción en las listas completas, cerradas y desbloqueadas para la elección de cuerpos colegiados en las internas partidarias.
Explican que en la actual normativa electoral permiten asignar el número del movimiento interno partidario a uno de los candidatos en competencia dentro de los colegiados a ser electos.
Esta situación se argumenta en la exposición de motivos y viene beneficiando a unos y perjudicando a otros, “ya que distorsiona los resultados de la voluntad popular”.
Genera injusta ventaja
Asimismo, esta práctica facilita la numeración del movimiento interno partidario a determinado candidato designado o identificado con el mismo número asignado al movimiento interno partidario al cual pertenece, generando una ventaja injusta en la competencia electoral.
“Esta modificación se plantea en el afán de perfeccionar la normativa electoral, permitiendo que el electorado manifieste su verdadera voluntad en las internas partidarias”, sostienen los proyectistas en su fundamentación.
La propuesta responde “a la necesidad de fortalecer el sistema electoral paraguayo”, y a la vez, garantizar “la igualdad de condiciones en la competencia electoral” dentro de los partidos políticos, aseguran los proyectistas.
No obstante, aclaran que la prohibición propuesta se aplicará únicamente a las elecciones internas partidarias, no así a las elecciones generales.
Establece que la ubicación o asignación de números a cada candidato se determinará “conforme a los resultados obtenidos en sus internas”, donde quien obtenga la mayor cantidad de votos obtendría el número 1, y así sucesivamente según los resultados.
Fortalecer la democracia
En esencia, el proyecto busca modificar la Ley 834/1996 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”, en el convencimiento de que esta reforma contribuirá a fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, eliminando ventajas artificiales que puedan influir en la decisión del electorado durante las competencias internas.
Alegan los proyectistas que esta iniciativa se suma a los esfuerzos legislativos orientados a perfeccionar el sistema electoral paraguayo, buscando mayor transparencia y equidad en los procesos democráticos internos de las organizaciones políticas.
“Esta propuesta de reforma electoral podría tener un impacto significativo en la dinámica de las competencias internas partidarias, especialmente, en la conformación de listas para cargos colegiados, donde la numeración puede influir considerablemente en la decisión de los votantes, se lee, finalmente, en la justificación del proyecto de ley.
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Intervención en CDE: “No es solo corrupción, es robo a plena luz del día”, dice Castellano
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.
El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.
“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento descarado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de oradores.
Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobraron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sostuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la propia municipalidad y presentados como si fueran iniciativas ciudadanas.
El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.
De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban cheques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferentes que “acertaban los montos exactos” e incluso presentaban cifras idénticas a las previstas por la administración, lo que a su juicio evidencia una falta total de competencia real.
Uno de los casos emblemáticos citados fue el de Tajy Servicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la municipalidad, algo que, según Castellano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.
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Vínculos familiares en el esquema
El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expareja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de alimentos durante la pandemia.
Robert habría sido el encargado de cobrar cheques y presentar proyectos, mientras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.
“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefieren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.