Desde el Ministerio Público informaron sobre la promulgación de la normativa que establece la creación de su Instituto Superior de Estudios, con cinco ofertas académicas. Esta iniciativa permitirá mejorar la formación integral de los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público, con el objetivo principal de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
La propuesta educativa institucional contempla los aspectos jurídicos, la identidad institucional, los objetivos, los fundamentos del modelo educativo, la infraestructura y los recursos que se destinarán a su cumplimiento.
Durante su elaboración, ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El Instituto Superior de Estudios reemplazará al actual Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.
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La oferta educativa del ISEMP contempla: maestría en derecho penal, procesal penal y gestión fiscal; especialización en gestión fiscal en el proceso penal; especialización en investigación fiscal del crimen organizado; especialización en gestión fiscal en el proceso civil; y capacitación en didáctica jurídica.
El proyecto fue impulsado desde la Cámara de Senadores por los parlamentarios Derlis Osorio y Juan Afar, con dictamen favorable de la comisión de Educación y Cultura de ambas Cámaras y la posterior aprobación de la Cámara de Diputados.
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Desestimación contra Cartes: “Finalmente el tiempo ha puesto todo en su lugar”
El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes a la reciente desestimación de la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y sostuvo que se trata de una reivindicación tras años de persecución política.
Durante una conferencia de prensa, Peña afirmó que esta decisión del Ministerio Público confirma lo que el movimiento político viene sosteniendo desde 2018. “Nuestro parecer es el mismo que nosotros hemos dicho en los últimos siete años. Ya desde el 2018, el presidente del partido fue víctima de una persecución tremenda en el anterior gobierno”, manifestó el mandatario.
Según el jefe de Estado, muchas de las causas abiertas contra Cartes fueron “inventadas” y nunca lograron ser demostradas. “El tiempo ha puesto todo en su lugar, ha sido el juez inexorable”, subrayó, al tiempo de calificar como “lógico” que las denuncias sean finalmente desestimadas.
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Peña lamentó la utilización de las instituciones del Estado como herramientas para atacar a adversarios políticos que ocurrió durante del gobierno de Mario Abdo. “Esto le hace mucho daño a la República del Paraguay”, expresó, al tiempo de valorar que el Ministerio Público, en esta ocasión, haya actuado “como corresponde”.
El Ministerio Público requirió la desestimación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio,contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. Los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible y sostienen que corresponde archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Denuncian al intendente liberal de Yaguarón por presunta malversación y desvío de fondos públicos
La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.
La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.
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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.
“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.
No es ninguna persecución
Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.
Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.
“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.
Licitaciones direccionadas
Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.
Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.
“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.
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Caso María Fernanda: detienen a dueño de farmacia que habría proporcionado medicamento controlado
Esta tarde, el Ministerio Público realizó un allanamiento en una casa en el barrio San Isidro de Coronel Oviedo, en busca de evidencias sobre el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. Durante el procedimiento resultó detenido Franco Antonio Acosta Céspedes, quien es el propietario de la farmacia en la que se habrían comprado varios medicamentos que se habrían utilizado para acabar con la vida de la joven de 17 años de edad.
Los fiscales del caso, Fermín Segovia y Gloria Rojas, son los que están tomando la declaración indagatoria al propietario de la farmacia, quien en las próximas podría ser imputado por el Ministerio Público.
Del mismo modo ayer miércoles, en un allanamiento realizado en una vivienda de Coronel Oviedo, se logró incautar la moto que pertenece al padre del principal sospechoso del crimen. En el sitio se detuvo a un hombre que sería padre de la actual novia del presunto homicida. Sería el segundo allanamiento que se realiza con la intención de esclarecer el horrendo crimen.
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Según el fiscal Fermín Segovia, el dueño de la casa Ricardo Villamayor, se presentó junto a su abogado y manifestó que la vivienda está deshabitada desde hace un tiempo porque está siendo refaccionada. Esta persona fue detenida por frustración de la ejecución y persecución penal.
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Estafa a colonos: Fiscalía tiene 5 meses más de tiempo para investigar a exfuncionario de Diputados
El tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Pedro, otorgó 5 meses más de tiempo al Ministerio Público para seguir investigando al exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas procesadas penalmente por estafa, cuya víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Con esta resolución, la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo el 18 de noviembre de este año, donde tendrá que presentar la acusación y el pedido de juicio oral para los procesados.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
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Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro.
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