El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros, se refirió al decreto 2990 firmado en la fecha por el Ejecutivo, por el cual se crea la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequia a pedido del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (Mades). Indicó que brindará un apoyo muy especial a la oficina de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, señaló que este es un proceso obligatorio impulsado por la máxima autoridad internacional, que es la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y Sequía. Mencionó que permitirá fortalecer las acciones y esfuerzos nacionales para proteger los recursos naturales promoviendo una gestión sostenible del suelo que es uno de los patrimonios más importantes que tiene el Paraguay.
“Teniendo en cuenta que el suelo permite conservar y manejar la biodiversidad y la producción de alimentos, es uno de nuestros principales potenciales que tenemos como país. A su vez, permite mitigar los efectos adversos del cambio climático y la desertificación”, precisó.
Recordó que en los últimos 4 años se han vivido extremos climáticos que realmente han afectado considerablemente al país y la región del Mercosur.
“Hemos pasado por una de las sequías más extremas que ha tenido un impacto en nuestra economía, y principalmente en lo social, porque comunidades indígenas y otras comunidades en diferentes puntos del país se vieron obligadas a migrar por falta de agua. Tuvieron que migrar a otros puntos del país, porque animales menores ya no tenían qué comer o qué tomar”, acotó.
Asimismo, indicó que también causó una importante pérdida en la biodiversidad todo lo que implica la fauna y flora silvestre, afectando a toda una cadena que forman parte de los recursos naturales y la calidad de vida de todos los paraguayos.
Indicó que esta comisión nacional estará integrada por varias instituciones del Estado, y el principal objetivo es que se fortalezcan las acciones a fin de que se logre un trabajo en equipo, como desde el principio viene insistiendo el propio presidente de la República, Santiago Peña.
“Ya no trabajarán de manera aislada las instituciones del Estado, permitiendo que se identifiquen las prioridades de cada comunidad a nivel nacional, que están siendo afectadas con mayor impacto negativo en lo económico, social y ambiental. Esto permitirá hacer una lista de prioridades que nos ayude a enfocar de antemano las acciones para enfrentar los fenómenos climáticos a fin de paliar o mitigar su impacto, ya sea con inversiones de infraestructura o de salud pública, o de educación, y que las comunidades sufran el menor impacto negativo posible del cambio climático”, explicó.