El juez civil Guillermo Trovato rechazó el pedido de amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que pretendía a través de la garantía constitucional no responder a las consultas de la Comisión Bicameral de Investigaciones contra el lavado de activos. Además de ratificar el carácter legítimo de esta comisión, el juez rechaza de manera “in limine” porque es improcedente e inadmisible, sentencia en su fallo.
“La presente acción de amparo constitucional es notoriamente inadmisible, es decir, sin entrar a analizar la fundabilidad de la misma, de los términos del escrito de promoción de demanda, surge que debe ser rechazada debido a su inadmisibilidad”, reza el escrito del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, José Guillermo Trovato Fleitas, quien rechaza el amparo promovido por la organización sin fines de lucro.
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Esta ONG pretendía evitar el control estatal al manejo del dinero recibido del extranjero en concepto de cooperación. De a cuerdo a su página web, “apunta a incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”, accionó ante la Justicia contra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para evadir el control estatal de sus cuentas.
Semanas atrás, el CEJ había accionado ante la justicia buscando evitar la entrega de información financiera requerida por la CBI, que investiga posibles irregularidades en la gestión de fondos de la organización. La comisión de investigación había solicitado informes sobre los montos recibidos, gastos realizados y documentos comprobantes vinculados al programa de asistencia internacional correspondiente al período de enero de 2022 a junio de 2024.
No obstante, el CEJ argumentó que dichos documentos contenían información confidencial que afectaba a terceras personas, por lo cual se negó a proporcionarlos, alegando la protección de la privacidad en el marco del Convenio de Asistencia para el Desarrollo entre los Estados Unidos (USAID) y Paraguay.
Este fallo judicial fortalece la postura de la CBI en su esfuerzo por asegurar la transparencia y el control estatal sobre el uso de fondos públicos y de cooperación internacional.
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