El exsenador Víctor Bogado opinó que el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, denunciado por el intendente Óscar Rodríguez por presunto tráfico de influencias, debe ser expulsado de la Cámara Alta con la aplicación directa de la pérdida de investidura. “En el periodo pasado, de manera inconstitucional fueron destituidos alrededor de 7 senadores y no se permitió el juramento de dos. Sin embargo, hoy aparece como si fuese un atentado contra la democracia”, cuestionó.

Las afirmaciones de Bogado surgieron ante la prensa en el Congreso en relación a las manifestaciones de algunos opositores y medios aliados que buscan desalentar la aplicación de la norma legislativa mediante una dudosa defensa democrática. “Con todo lo que yo vi, con todos los elementos desde el punto de vista político, si hay una voluntad política y si la mayoría así lo decide, él tendría que ir a su casa. Todo depende de la mayoría”, manifestó el exparlamentario.

“Al abrir esa posibilidad ante la inminencia de lo que se llama el uso indebido de influencias, se debería aplicar de manera directa la pérdida de investidura. Al decir de la propia exsenadora Kattya González, no vale el debido proceso teniendo en cuenta que no es jurídico, sino político”, refirió en alusión al artículo 201, “de la pérdida de investidura”, de la Constitución Nacional, que establece “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado” como causal para el cese en el cargo legislativo.

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El jefe comunal reveló el pasado martes mensajes enviados por el dirigente opositor solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”. A la vez, Buzarquis en el mensaje remitido a Rodríguez, con anterioridad a dicho pedido, detalla que lo está ayudando “para su presupuesto” sin profundizar sobre el punto.

La conversación fue expuesta durante una caldeada discusión entre ambos políticos. Buzarquis había tratado al jefe comunal de ladrón y le exigió su renuncia tras permanecer encadenado desde el lunes frente a la municipalidad como medida de protesta. Ante la acusación por tráfico de influencias, el parlamentario se defendió argumentando que lo hizo en el marco del derecho constitucional a peticionar.

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