El senador Dionisio Amarilla ratificó que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual preside, pose facultades constitucionales, por lo cual puede solicitar informes. Esto atendiendo la negativa de determinados sectores para rendir cuentas ante la comisión.

“Nos parece un despropósito que se plantee una inconstitucionalidad, atendiendo lo estipulado en el artículo 195 de la Carta Magna que otorga facultades a esta comisión para solicitar comparecencia de particulares y que suministren informaciones”, expresó ante los medios de prensa en el Senado.

Esto se enmarca tras el pedido de la CBI sobre informes del uso de fondos recibidos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Desde la Bicameral de Investigación se argumentaron una serie de irregularidades en torno a los mencionados fondos.

El estudio jurídico Colab Abogados, que percibió fondos de Usaid, rechazó la solicitud de rendición de cuentas, alegando que la petición carece de sustento legal y viola la confidencialidad profesional. “La comisión se constituye, al considerar asunto de interés público saber dónde fueron a parar los fondos”, indicó el senador.

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Amarilla dio a conocer la nómina a la que accedió la CBI, en la cual se especifican todos los beneficiarios de los fondos de Usaid. Con esto en cuenta, manifestó la intención de la comisión de dar a conocer la manera en la cual han sido utilizados esos desembolsos.

“Ya tenemos documentos que confirman que parte de los fondos fueron a parar como remuneración para algunos incursores en la política. Hay sospecha de injerencia para afectar a ciertas personas y se ha pretendido relativizar la soberanía paraguaya”, subrayó el presidente de la CBI.

Detalló que se siguen analizando determinados datos, adelantando que se darán a conocer informaciones brindadas por la propia Cancillería en torno a organizaciones y consultoras, las cuales han recibido altos montos de dinero. “Volveremos a someter esto a debate”, señaló.

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