El juez penal de Garantía Miguel Palacios hizo lugar al sobreseimiento provisional del senador Hernán Rivas (ANR), quien fue investigado por presuntamente tener título de abogado que sería de contenido falso. El pedido para la desvinculación temporal fue solicitado por la propia Fiscalía, atendiendo a que aún faltan realizar varias diligencias investigativas en el proceso penal.
Con esta resolución judicial, el Ministerio Público tiene un año de plazo para realizar las diligencias que están pendientes y que fueron individualizadas, para luego solicitar la reapertura o no de la causa.
Las diligencias que aún faltan realizar por el Ministerio Público son las declaraciones testimoniales de alumnos y docentes, las cuales serán realizadas una vez depurada la lista remitida por el Ministerio de Educación de aquellos que hayan podido coincidir con el procesado.
También está pendiente un informe del IPS sobre los docentes o empleados administrativos de la Universidad Sudamericana, que puedan tener conocimiento sobre si el parlamentario fue a dicha casa de estudio.
Podes leer: Detienen a un joven con frondosos antecedentes por asaltos a comercios en MRA
Dejanos tu comentario
IPS: aseguran desde el Senado amplio debate sobre plan de elevar el cálculo para jubilación
“La seguridad social es algo tan sensible como el salario, se harán las reuniones que corresponda para escuchar a todos”, dijo el líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase tras referirse sobre la propuesta ejecutiva que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social.
El proyecto de ley remitido este último miércoles por el gobierno del jefe de Estado, Santiago Peña al Poder Legislativo pretende elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con el fin de resguardar las finanzas de la previsional.
“Normalmente los asegurados figuran con un sueldo menor durante los 25 años de aporte y luego en los últimos 3 años se ajustan el sueldo de modo a tener una jubilación mayor, esto es una avivada”, comentó a los medios de comunicación.
Asimismo, el legislador sostuvo que teniendo en cuenta esta práctica habitual con la anuencia de los empleadores “correspondería” la aprobación del documento.
No obstante, aclaró que se interiorizará aún más sobre la propuesta teniendo en cuenta su reciente ingreso al circuito del Congreso Nacional, ya que deberá pasar previamente por las comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.
“Es un proyecto de ley que requiere la participación de todos los sectores porque es un tema muy sensible”, dijo el legislador al ser consultado sobre el punto.
Dejanos tu comentario
Senador opositor resalta consenso en torno a la reforma del Servicio Civil: “Es un gran avance”
El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo se refirió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.
“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas importantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, solamente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.
El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Diputados para su estudio establece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabilidad laboral.
“Una ley no va a solucionar todos los problemas estructurales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estructura de una carrera civil”, comentó Oviedo.
En cuanto a los empleados contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presupuesto vigente.
Lea también: Anexo C: Paraguay y Brasil coinciden en la necesidad de generar más energía
Para los directivos públicos, el proyecto establece que sean seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Los actuales directivos que ocupan puestos sin carácter de confianza podrán continuar en sus cargos hasta que se realicen los concursos necesarios para su cobertura.
Sobre las pasantías, el proyecto aclara que estas no crean vínculo laboral, ni permiten cubrir vacantes o reemplazar personal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será responsable de diseñar las políticas de remuneración para el servicio civil, teniendo en cuenta el impacto fiscal y la eficiencia del gasto.
“No creo que surjan muchas modificaciones en Diputados”, dijo el parlamentario con relación a su próximo estudio en la cámara revisora. A la vez abogó por la inmediata sanción y promulgación de la iniciativa.
Te puede interesar: Peña canceló su presencia en la Cumbre Iberoamericana ante crisis en Ecuador
Dejanos tu comentario
El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
Te puede interesar: Corte Suprema de Justicia designó a 18 nuevos defensores públicos
La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
Podes leer: Paraná Country: desmantelan supuesta piratería de señales audiovisuales
Dejanos tu comentario
Caso Bataglia: fiscales tienen 10 días para volver a examinar reportes de hechos punibles
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.
“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.
El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.