El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió este viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las dispari­dad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investiga­ción Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas prac­ticadas a Gomes.

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De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de Derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

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La fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Matilde Moreno indicó que aún existen diligencias pendientes que deberán ser tenidas en cuenta para evaluar posibles imputaciones contra los efectivos policiales que participaron del allanamiento a la casa del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Hablar de una salida procesal aún no corresponde, pues faltan todos los elementos que deben ser incorporados. Recién cuando tengamos todas las evidencias y análisis realizados se puede tomar una decisión al respecto de cuál sería el requerimiento que eventualmente presentaría el Ministerio Público”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Moreno, quien se encuentra a cargo de la coordinación del equipo de agentes fiscales designados en la causa, señaló que entre las diligencias pendientes a ser incorporadas en la causa judicial figuran por ejemplo el informe de planimetría, autopsia y pericias ordenadas.

“Estas son diligencias que fueron ordenadas por anticipo por un juez que intervino el día del hecho y fueron solicitadas por el Ministerio Público. En la planimetría Se realizan las mediciones del lugar del hecho, donde estuvieron los diversos autores de manera que se pueda analizar y realizar el cortejo correspondiente de todas las evidencias que se fueron recabando”, mencionó.

Las declaraciones de Moreno surgieron tras informes dados a conocer este último jueves por el Ministerio Público y la Dirección de Investiga­ción Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas prac­ticadas a Gomes.

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Actualmente existe una disparidad en los informes, teniendo en cuenta que el laboratorio forense del Ministerio Público en su conclusión señala 12 mues­tras negativas y positivas en una de ellas. Mientras que el informe perteneciente a la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción determinó la presen­cia de residuos de disparos de arma de fuego en las extre­midades superiores del dipu­tado Gomes.

“Las evidencias deben ser analizadas y estudiadas en su conjunto, una sola evidencia no puede ser primordial o tomada como clave. Hay que entender que en todos los casos de investigación de hechos punibles uno tiene que analizar las evidencias en su conjunto. Esto es solo es una parte de todas las que aún faltan ser incorporadas”, remarcó.

El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. El allanamiento de la vivienda de Gomes estuvo encabezada por agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales.

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Desde la Oficina Técnica Penal indicaron que están expectantes a la llegada de las primeras 100 tobilleras electrónicas, dispositivos que se utilizarán inicialmente para los casos vinculados a violencia familiar. La jueza Silvana Luraghi, coordinadora de la mencionada unidad, manifestó que esto garantiza el monitoreo para los victimarios y también la seguridad de las víctimas.

“Tenemos información desde el Ministerio del Interior que a fines de noviembre y entre los primeros días de diciembre se estaría implementando el uso de estos dispositivos electrónicos que en nuestro caso serían las tobilleras electrónicas. La implementación va a ser de manera gradual y en un principio solo para la circunscripción judicial de capital”, explicó.

La ley establece que esta medida podrá ser aplicada para los casos de medidas cautelares de arresto domiciliario (procesados) y para las personas con condenas de prisión domiciliaria (condena firme). De acuerdo a lo expuesto por la jueza, en contacto con la 780 AM, la legislación no establece un límite respecto a los tipos de hechos punibles para los cuales se utilizarán las tobilleras, no obstante, existe un criterio que tendrán en cuenta.

“Todos los magistrados sabemos que tenemos mucha responsabilidad al momento de utilizar esta herramienta legal, pero creemos que la política criminal que vamos a seguir en este sentido es otorgar en casos en que no pongamos en peligro a la sociedad, como son los casos con mucho éxito de otros países en donde se aplica, que son para los casos de violencia familiar”, sostuvo.

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La jueza Luraghi indicó que se contará con una oficina de monitoreo dependiente del Ministerio del Interior donde se contará con personal especializado para el control tecnológico de los dispositivos. Los protocolos establecen también que las víctimas puedan utilizar las tobilleras, en caso de que presten su consentimiento.

“Las víctimas también van a tener un sistema de comunicación a través de botones de pánico y van a poder tener registro de que el agresor está acercándose a ella, al igual que la oficina de monitoreo que va a tener la ubicación precisa de las víctimas y victimario en caso de restricciones de acercamiento. La ley contempla la revocación inmediata del beneficio penitenciario en caso de incumplimientos y la emisión de la orden de captura para guardar prisión preventiva en los centros penitenciarios”, sentenció.

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El diputado colorado Hugo Meza salió al paso de las publicaciones periodísticas que refieren que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso tomó la decisión de abultar el plan de gastos para el 2025 presentado por el Ejecutivo. Aseguró que en el estamento solo se produjeron la reasignación de recursos económicos para el fortalecimiento de las áreas de salud, educación y seguridad.

“Hay publicaciones que indican que la Bicameral infló el presupuesto a casi USD 3,5 millones, pero eso no es así. Absolutamente no hemos salido del tope, pero sí se realizaron resignaciones a estos tres sectores claves para el desarrollo. A la vez hemos reasignado los recursos para fortalecer a la Universidad Nacional de Asunción, a las universidades del interior y una serie de modificaciones que hacen un presupuesto realizable para el 2025”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Algunas publicaciones periodísticas mencionan que la Bicameral dictaminó a favor de aumentar en G. 25.375.882.848, que al cambio presupuestario equivalen a USD 3.352.607. Agregan que de esta forma, la propuesta del estamento es de un global de G. 132,9 billones, mientras que la versión del Ejecutivo presentado el pasado 30 de agosto equivale a G. 132,8 billones.

“Hemos tenido mucha responsabilidad en cuidar el déficit fiscal, creo que está entre el 1,5 % del producto interno bruto, no se ha alzado esto absolutamente. También está previsto la emisión de bonos en forma responsable, dentro de los parámetros de poder pagar nuestras deudas”, explicó.

Señaló que en el PGN 2025 para el sector de la educación se asegura llegar por primera vez al salario básico. “Estamos hablando un poco más de G. 4 millones para los docentes, esto es una lucha de años, se asegura el cobro del escalafón docente y el cobro por maternidad”, señaló.

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Meza agregó que el Ministerio de Desarrollo Social también obtuvo en la Bicameral un aumento importante en su presupuesto, teniendo en cuenta la reciente promulgación de la Ley 7235/2023 que establece la pensión universal para las personas adultas mayores.

“El reflejo de la voluntad política del gobierno se ve en el presupuesto. Acá claramente en el PGN 2025 enviado por el Ejecutivo se nota que el área social tiene un gran presupuesto. Se están fortaleciendo los programas sociales, se asegura que todos los municipios del Paraguay para el año 2025 contarán con el programa Hambre Cero en las escuelas, el 75 % de las instituciones que faltaban ingresar ahora se encuentran aseguradas en este presupuesto”, detalló.

Mientras que para el ámbito de la seguridad, el legislador mencionó que se aseguró aproximadamente G. 337.000 millones para la incorporación de casi 5.000 nuevos agentes de la Policía Nacional. “Si no tenemos seguridad, no hay desarrollo ni paz posible”, puntualizó. En cuanto al área de salud detalló que se fortaleció los recursos económicos para la compra de medicamentos y el aseguramiento de salarios y remuneraciones.

Hay que señalar que la Cámara de Diputados convocó a sesión extraordinaria el lunes 11 de noviembre, a las 14:00, con el objetivo de analizar el plan de gastos remitido por el Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2025.

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