El despacho de la Presidencia de la República ha recibido un documento de parte de las relatoras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual solicitan al presidente Santiago Peña una revisión del proyecto de ley que establece control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés.
En el documento que fue divulgado señala que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insta al jefe de Estado a reevaluar la citada propuesta legislativa que ya cuenta con media sanción y está siendo analizada en la Cámara de Diputados. En ella señala que la ONU advierte que esta ley podría restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.
El documento que se dio a conocer a través de medios de comunicación, está firmado por Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
De acuerdo al documento, las citadas relatoras analizaron aspectos clave del proyecto y señalan sus preocupaciones sobre varios artículos de la citada iniciativa. En ese sentido, señalan el artículo cuarto, que exige un registro obligatorio de las organizaciones bajo el Ministerio de Justicia, y el artículo quinto, que requiere un registro detallado de financiamiento; a criterio de ellas, podrían imponer una carga excesiva a las organizaciones, especialmente a las de base y aquellas con estructuras informales.
También señalan el artículo 9, que prohíbe a organizaciones no registradas establecer relaciones contractuales con entidades del Estado, municipalidades, y otras instituciones. Las relatoras consideran que esta provisión podría ser una injerencia indebida en la autonomía de las organizaciones para manejar sus propios recursos.
El documento señala además que las normas internacionales de derechos humanos reconocen el acceso a recursos como parte integral del derecho a la libertad de asociación. Por tanto, el Consejo instó al presidente a fomentar una discusión pública inclusiva que involucre a actores de la sociedad civil, directamente afectados por el proyecto.
Finalmente, recomendaron desarrollar una legislación que apoye el trabajo de las ONG en un entorno de transparencia y legalidad, reconociendo su papel crucial en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho y la democracia en Paraguay.
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