Andrés Casati, quien ejerce la representación legal de la familia Cubas Gusinky, afirmó que sobre el exministro del Interior debe caer una "condena moral y social". Foto: Gentileza
Inacción de Giuzzio contribuyó en asesinato de Cecilia Cubas, sostiene exmagistrado
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“Hubo una oportunidad de capturar a toda la banda y tal vez incluso evitar la muerte de Cecilia Cubas”, dijo el exjuez Andrés Casati tras comentar que durante el cautiverio de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau las autoridades de investigación y seguridad manejaban la información del lugar donde se produjo un encuentro entre los criminales para tomar la decisión final de asesinarla.
“En aquella oportunidad el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio no había dado la autorización para que se produzca el allanamiento en dicha propiedad, donde se estaba realizando la reunión. A raíz de esto entiendo que Giuzzio fue desvinculado de la investigación y ahí ya prosiguieron otros agentes fiscales”, sostuvo a la 1020 AM.
Casati, quien ejerce la representación legal de la familia Cubas Gusinky, detalló que la inacción del también exministro del Interior y exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) quedó registrada en los informes judiciales del caso. A la vez agregó que el hecho también había sido resaltado por el fallecido abogado Óscar Germán Latorre, quien en ese entonces ocupaba el cargo de fiscal general del Estado.
“En aquel entonces, que tenían ubicado el lugar donde se estaba realizando la reunión de punto final, donde se decidió el homicidio de Cecilia. Es gravísimo. Para los que estudiamos derecho eso fue frustración a la persecución penal que tiene una pena privativa de libertad de hasta 10 años, pero entiendo que no se inició ninguna investigación fiscal y quedó ahí, como una anécdota desgraciada de nuestra historia paraguaya”, lamentó.
Cecilia Cubas Gusinky fue secuestrada el 21 de setiembre del 2004. Foto: Gentileza
“Debería tener una condena moral y social”
Casati sostuvo que “tal vez estaría Cecilia con nosotros, si no había esa reunión y eran todos capturados y presos, nadie iba a decir la muerte de Cecilia. Esto (inacción de Giuzzio) salió hasta en los diarios, se trato en el juicio oral, caso contrario no estaría enterado. Nos quedamos todos sorprendidos cuando surgió de la declaración del doctor Latorre. Es muy triste, por lo menos debería tener una condena moral, social”.
Las afirmaciones del abogado surgieron en el marco de la reanudación del juicio iniciado este último lunes a Lorenzo González, uno de los secuestradores de Cecilia Cubas Gusinky, quien había sido secuestrada el 21 de setiembre del 2004 por el brazo armado del partido Patria Libre, cuyos miembros se convertirían posteriormente en el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Informe de Ostfield contra Cartes: “Expone toda la persecución política”, afirma Ovelar
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“Esta filtración es reveladora y demoledora para todo lo que ocurrió en Paraguay, expone toda la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la asociación criminal montada por el expresidente de la República y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras la filtración de un documento interno de la embajada en Asunción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.
“Un embajador lo que desarrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestiones internas. Lo más condenable en esta conducta no está solo en lo que el exembajador hizo o quiso hacer, sino en todo lo que le acompañaron. Tenía una hinchada de medios periodísticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Cartes”, afirmó Ovelar, este viernes, en una nota con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El documento fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de comunicación como Diario de las Américas(Estados Unidos), en noviembre de 2024; Clarín y Periodismo y Punto de Argentina, en enero último. El relatorio elaborado por Ostfield fue promovido en base a datos sesgados, con medias verdades y manipulaciones, calificando a Cartes como un político corrupto y vengativo.
“Este informe señala una intromisión y violación del convenio de Viena, un direccionamiento de los ataques al sector colorado y en especial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del liberal Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, refirió Ovelar.
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del exmandatario Horacio Cartes. Foto: Archivo/Emilio Bazán
Permiten defensa a Abdo, negada a Cartes
“Acá los senadores deben reflexionar, ellos no estarán condenando absolutamente a nadie al enviar a la justicia a Mario Abdo y que este tema sea debatido. Abdo Benítez no tiene ninguna limitación para el ejercicio de su defensa, cosa que sí ocurrió con Cartes que no tuvo la oportunidad dentro de un debido proceso. Si hay algún hecho nulo, lo probarán y será resuelto en las instancias correspondientes”, comentó Ovelar a Nación Media.
Esto ante las trabas impulsadas por senadores opositores y del movimiento Fuerza Republicana en obstaculizar la labor de la justicia al no despojar a Mario Abdo de sus fueros como senador vitalicio. “Están dándole un blindaje ante las evidencias que hoy saltan, son señales evidentes de una persecución política que hizo Abdo contra sus adversarios utilizando nada más y nada menos que al exembajador de Estados Unidos en Paraguay para el efecto. Realmente son circunstancias muy graves que deben ser evidenciado en un juicio”, sentenció.
Esta asociación criminal obligó a Cartes a impulsar una denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima mediante la instrumentalización de las instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El esquema fue impulsado desde el 2018, y se acentuó en el marco de las elecciones internas del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
Las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público derivó a la imputación de Mario Abdo y sus leales, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
El informe de Ostfield
Marc Ostfield fue echado de la embajada estadounidense en Asunción, el 20 de enero, por el gobierno de Donald Trump, luego que la cancillería paraguaya reclamara, en agosto de 2024, acelerar su salida por generar una crisis bilateral debido a su “activismo diplomático”. El exembajador llegó al país en marzo de 2022, y apenas cuatro meses convocó a su primera rueda de prensa para anunciar sanciones contra adversarios políticos de Abdo Benítez, en plena carrera para las elecciones internas del Partido Colorado.
Diario de las Américas publicó esta transcripción del documento atribuido a Ostfield, el cual “describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplomático norteamericano”, señala el material periodístico firmado por Jaime Garvett.
“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabacalera del Este S.A.) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así también recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Horacio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.
“Percibo que esta operación fortaleció económicamente al señor Cartes, pues desde el inicio de este período de gobierno (del presidente Peña) ha sobornado a más de 30 parlamentarios, entre miembros de la Cámara de Representantes y senadores, para que sean afines a su línea política, apoyando al gobierno, al partido Colorado, del cual es presidente, y también perseguir a opositores como a la senadora Kattya González, quien fue expulsada del congreso por pedido del señor Cartes y de un grupo llamado Comando de Honor Colorado, donde se toman las decisiones importantes a nivel político y de gobierno”.
“Es importante señalar que el señor Cartes es vengativo con sus adversarios políticos, identificando al ex presidente Mario Abdo Benítez como el principal. Es así que a través del abogado Pedro Ovelar, sobornó a dos fiscales (Cantero y Grisetti) para conseguir su enjuiciamiento penal como también de otros exsecretarios, todos colaboradores de nuestro gobierno”.
“También es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a éste embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.
“En todos los ámbitos de la sociedad del Paraguay, se tiene la percepción de que el verdadero poder del país radica en el señor Cartes y su gran poder económico, razón por la que recomiendo a nuestro gobierno, tomar medidas más fuertes en contra del señor Cartes y sus empresas, pues él constituye un peligro para la democracia en Paraguay. Así también en un informe próximo elevaré una lista de sus principales colaboradores políticos a fin de recomendar medidas significativas respecto a ellos”.
Piden reiterar la orden de captura contra el colombiano Rodrigo Granda
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Los abogados de Mirta Gusinky, madre de Cecilia Cubas, secuestrada y asesinada en el 2004, solicitaron al juzgado de Garantía que se reitere la orden de captura con fines de extradición del exguerrillero colombiano Rodrigo Granda, quien habría participado del secuestro registrado el 21 de setiembre del año mencionado.
En caso de que sea detenido fuera de Colombia, debería ser extraditado a nuestro país para enfrentar un proceso penal. El pedido fue firmado por los abogados Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz, en representación de Gusinky.
De acuerdo al expediente judicial, el Ministerio Público de nuestro país, a través de los fiscales Sandra Quiñónez, Rogelio Ortúzar y Alejo Vera, había solicitado ya en el año 2007 la orden de captura internacional con fines de extradición contra Granda, acusado de homicidio doloso, secuestro y asociación criminal.
En el mes marzo del 2008, la Justicia ordenó su captura pero hasta la fecha no se pudo materializar dicha situación. El Ministerio Público de nuestro país subrayó que el crimen fue cometido en territorio paraguayo y que, por tanto, la jurisdicción para su juzgamiento corresponde a las autoridades en nuestro país y no a la de Colombia, por lo que debe ser extraditado a Paraguay.
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado presentó dos chicanas para evitar ser juzgado por un tribunal de sentencia. Foto Néstor Soto
Vínculo narco: Giuzzio sigue con chicanas para evitar juicio oral
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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recurrió al tribunal de Apelación insistiendo en apartar a los jueces de sentencia Adriana Planás y Mathias Garcete, quienes deben juzgar al acusado por supuesto cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Asimismo, la defensa del acusado, no contenta con una nueva chicana, recusó a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, demostrando una actitud obstruccionista en el presente proceso, por lo que se podría ya aplicar la sanción disciplinaria para Giuzzio y su abogado. Ahora el caso deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que destrabar el presente proceso penal de Giuzzio para que se pueda desarrollar el juicio oral.
En principio, el tribunal de sentencia integrado por Planás, Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público, pero se suspenderá atendiendo a las nuevas chicanas presentadas por Giuzzio.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023, por los fiscales Anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius, de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Juez definirá si se opone o no a desestimar caso de Giuzzio
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El juez Rodrigo Estigarribia deberá decidir si hace lugar a la desestimación solicitada por la Fiscalía para el exministro Arnaldo Giuzzio en la investigación penal por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
El viernes pasado, el Ministerio Público había pedido que el caso se archive atendiendo a que durante la etapa investigación no se encontró ningún hecho punible.
Ante este escenario, el juez podría oponerse a desestimar la denuncia y, en caso de suceder eso, será el Fiscal General del Estado quien tendrá la última palabra para el presente caso.