La Administración Nacional de Electricidad (Ande) emitió un comunicado mediante el cual explican la razón de la actualización de las tarifas de energía eléctrica para el negocio de la criptominería. La institución detalló que el aumento está contemplado en legislaciones vigentes tanto de la Ande como del Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo que expone la entidad, esta variación que sufrió la tarifa está amparada en la ley N.° 966/64 de la Carta Orgánica de la Ande, así como también en el decreto del Poder Ejecutivo N.° 7.824/2022 que autoriza a la Ande a establecer condiciones especiales para este segmento de usuarios.
“En dicho contexto, teniendo en cuenta el aumento reciente en el costo de compra de potencia de la Itaipú Binacional, se ha procedido a actualizar las tarifas de este grupo de consumo, circunstancia prevista en todos los contratos vigentes. Esta actualización de las tarifas (de 9 % a 16 %) responde a una tarifa técnica, evitando así el subsidio de todos los paraguayos a los usuarios que realizan actividades de criptominería”, señalaron.
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Por otro lado, se refirieron a las manifestaciones realizadas por el senador Salyn Buzarquis quien acusó a los directivos de la Ande que supuestamente, junto con la complicidad de sus funcionarios facturan en promedio USD 500.000 en coimas por robo de energía con las criptomonedas ilegales, afirmaciones que fueron rechazadas por la institución.
“Rechazamos categóricamente las expresiones señaladas precedentemente, las cuales carecen de elementos objetivos que puedan demostrar fehacientemente tal extremo. Al contrario, esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal”, sostuvieron.
Según lo expresado en el comunicado, existen pruebas de que se ha combatido contra el negocio ilegal de la criptomonedas y muestra de esto son las 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas por denuncias que fueron promovidas por la Ande ante el Ministerio Público.
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“Procedimientos en los cuales se han incautado más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica. En estas causas la Ande contribuye con todos los requerimientos formulados por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables de la comisión del ilícito, independientemente de quienes se traten”, afirmaron.
Igualmente recordaron que el Poder Ejecutivo ha impulsado la modificación del artículo N.° 173 del Código Penal a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que a la fecha cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. “Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial”, concluye el escrito.