Comitiva fiscal allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira
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Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
La comitiva de agentes fiscales se encuentra conformada por Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez. Foto: Gentileza
Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
El diputado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno aprobar la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público sobre el cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789. Foto: Gentileza
Diputados piden informe sobre cumplimiento de ley que rige sobre el transporte público
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El diputado colorado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno que se apruebe la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público, dependiente de Obras Públicas, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789.
La iniciativa que fue aprobada sobre tablas hace referencia a la legislación vigente desde el 2021, por la cual establece la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la Ley.
El objetivo de esta ley vigente es establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las leyes vigentes.
Al respecto, el legislador argumentó que este pedido de informe surge en respuesta al significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.
Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto.
“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, explicó ante la plenaria el legislador proyectista.
El Interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, se ratificó ante la escribana sobre las irregularidades detectadas en la administración del intendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
Miguel Prieto envía escribana a interventor, en un desesperado intento de amedrentamiento
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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto,quien cuenta con 49 denuncias por corrupción, envió este jueves a una escribana pública hasta la sede la municipalidad para que el interventor Ramón Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones ante la prensa, acerca de la existencia de irregularidades en la administración del opositor.
“El intento de amedrentamiento no va a hacer mella en el trabajo que estamos haciendo. Evidentemente, nosotros estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente”, sostuvo Ramírez tras la presencia de la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal.
El economista dijo que no se retractará y aseguró estar respaldado por documentaciones en todos los aspectos denunciados. “No vamos a desacelerar ni un milímetro. Obviamente, estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero quiero dar tranquilidad a la ciudadanía: no va a afectar nuestro ánimo”, refirió.
El pasado 15 de julio, Ramírez reveló ante los medios de comunicación nuevas y escandalosas irregularidades en la administración del líder del movimiento Yo Creo.
Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año anterior y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.
Interventor no retrocede
Ramón Ramírez fue enfático en afirmar que se ratificó en todos los puntos ante la escribana enviada por Prieto y afirmó que la cifra exacta sobre la cantidad de funcionarios y otras cuestiones, ya la dio a conocer en conferencias de prensa anteriores.
“Estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente, es una intención de amedrentamiento”, señaló el economista y posteriormente añadió, “es un intento de intimidarnos en el trabajo que estamos llevando adelante, pero vamos a seguir haciéndolo sin ningún tropiezo y con el mismo ímpetu”.
El economista indicó que es consciente de que por la labor que realiza, está expuesto a este tipo de situaciones, sin embargo, dejó en claro a la ciudadanía que estas actuaciones por parte del intendente suspendido no va a afectar su ritmo de trabajo. “Absolutamente no vamos a retroceder, no vamos a desacelerar”, aseveró.
El interventor Ramón Ramírez afirmó que no dejarán amilanar por las artimañas de Miguel Prieto. Foto: Gustavo Galeano
Principales falencias detectadas
1. Documentos que aparecen y desaparecen
Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.
2. Dudosa asignación de G. 83.000 millones
La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42 mil millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.
3. Obras retrasadas y con plata ya transferida
Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.
4. Combustible con cifras imposibles
La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.
- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.
- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.
5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.
Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.
Ante trabas, interventor de CDE recurre a la Fiscalía para acceder a documentaciones
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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, comentó que se vio obligado a recurrir ante el Ministerio Público con la finalidad de acceder a documentaciones sobre la administración del intendente Miguel Prieto. El economista había denunciado en conferencia de prensa, el martes pasado, que su labor de fiscalización se ve obstaculizada por la falta de cooperación de los directores de las dependencias municipales.
“Estamos iniciando el día 25 de los 60 que disponemos para el proceso de intervención. Estamos trabajando con las documentaciones a las que pudimos acceder, mientras que algunas estamos gestionando con el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado formalmente el apoyo de la Fiscalía y nos dicen que se pueden disponibilizar las documentaciones remitidas por la Municipalidad de Ciudad del Este", dijo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Aclaró que las documentaciones que accederán no guardan relación con aquellas vinculadas a causas judiciales en curso contra Miguel Prieto. “Aquí nos encontramos con la particularidad de que muchas de las documentaciones fueron remitidas al Ministerio Público de manera original y extrañamente no obran copias en los archivos de la institución. Vamos a acceder a las documentaciones que no están vinculadas a los procesos abiertos. Las documentaciones cruciales que refieren a las órdenes de pago están en el Ministerio Público”, comentó el economista que asumió la administración del municipio el 23 de junio pasado.
Las afirmaciones de Ramírez surgen tras darse a conocer que Miguel Prieto incurrió en la presunta malversación y daño patrimonial por G. 42.000 millones. La administración de este intendente contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.
“Lo que me sorprende es la desprolijidad y discrecionalidad en el manejo administrativo de la municipalidad. Lamento esta situación que es tan grave, ya que la Municipalidad de Ciudad del Este es el segundo municipio más importante del país, es la capital de un departamento (Alto Paraná) y la puerta de entrada al Paraguay”, comentó.
En su descargo, Ramírez siguió sosteniendo que “si no hay nada que ocultar, lo que correspondía era ordenar la casa y tener todas las documentaciones a mano. Sin embargo, acá nos encontramos con una situación totalmente diferente”.
Imputan a tres personas por cohecho pasivo y otros, tras allanamiento en oficinas de la DNIT
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La agente fiscal Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra Francisco Javier Acosta Rolón (jefe de Resguardo), Juan Andrés Arroyo Báquez (jefe de Administración) y Christian Luis Palacios Gómez (auxiliar despachante particular), en el marco de una investigación por presuntos hechos punibles cometidos en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sede de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Los ciudadanos Acosta y Arroyo fueron imputados por la supuesta comisión de cohecho pasivo y extorsión, en calidad de coautores, mientras que Palacios fue imputado por el supuesto hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autor. La imputación fue presentada tras un allanamiento realizado el pasado 10 de julio, en el marco de una denuncia por presunto pedido irregular de dinero.
Durante el procedimiento, autorizado judicialmente, el Ministerio Público incautó documentos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, además de requerir el respaldo del circuito cerrado del lugar. En poder de uno de los implicados se encontró una mochila con USD 50.395 y G. 22.800 millones, así como una cartuchera con otros USD 12.046 y G. 1.372.000. Adicionalmente, fueron hallados G. 3.500.000 en tres sobres ubicados en un cajón asignado a un funcionario.
La investigación sigue en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.