En el transcurso de este martes, en la Cámara de Diputados se coloca en el tapete nuevamente una propuesta que modifica la reglamentación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. El debate fue realizado mediante una audiencia pública impulsada por la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de la institución legislativa.

“La Ley 4013 es la que regula el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, cuando esta es una garantía constitucional que no puede ser regulada, sino que tiene que ser garantizada por el Estado y este tiene que determinar las condiciones para el ejercicio, el camino para que las personas afectadas por la obligatoriedad del servicio militar puedan ejercer ese derecho”, comentó la abogada Giselle Rivas, directora de la Dirección de Conciencia de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, afirmó que durante los últimos dos años, la Defensoría del Pueblo realizó un estudio exhaustivo de la normativa promulgada en el año 2010, ocasión en que visualizaron “diversos obstáculos” para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.

“La actual ley coloca muchos condicionamientos, mucha burocracia encarece los servicios públicos, entonces en ese sentido aparte de reconocer las garantías para el ejercicio del derecho, buscamos descomprimir los procesos burocráticos”, comentó.

Detalló que actualmente el proceso de declaración de objeción de conciencia para una persona afectada por la obligatoriedad del servicio militar puede durar entre 1 o 2 años. “Esto debido a que cada paso que el objetor pretenda dar en el avance de su solicitud tendrá que ser autorizada por la figura Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Reunir a todos sus miembros con la frecuencia necesaria para dar agilidad a los trámites es súper complicado”, puntualizó.

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El citado órgano está conformado por el defensor del Pueblo, un senador y un diputado integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, un representante del Ministerio de Defensa y un representante de los objetores.

“La norma vigente también supedita que el consejo determine si es viable o no la validez de la declaración de conciencia. En el proyecto pretendemos garantizar el ejercicio del derecho y que la declaración de objeción de conciencia sea válida por sí misma. Entonces la simple declaración es válida, se elimina la necesidad que el consejo haga una investigación de la opción de esa persona, que declare cuál es el motivo por el cual presenta su declaración de conciencia”, indicó.

La abogada siguió sosteniendo que “es una garantía constitucional que ninguna persona está obligada a declarar o ser cuestionada por sus convicciones, creencias o ideologías”. Por otra parte, detalló que a finales del año 2023 la Defensoría del Pueblo contó con 994 objetores. Mientras que desde el inicio de este 2024 hasta el pasado mes de mayo se registraron 200 objetores de conciencia.

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