Este jueves, desde el Ministerio Público dieron a conocer los resultados de la plataforma “Datos Abiertos” correspondientes al año 2024 y confirmaron que durante ese periodo se atendieron 22.540 niños, niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de hechos punibles. También informaron que en los últimos nueve años hubo más de 29.000 casos de abuso sexual en niños en el país.

Los más de 22 mil casos se registraron de enero hasta diciembre de 2024, lo que da como resultado 61 víctimas por día. De estas, entre 8 y 9 fueron atendidas por casos de abuso sexual. Los demás hechos punibles fueron por maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores y abuso por medios tecnológicos. Así también, violación del deber de cuidado, coacción sexual, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Es así que el año pasado se reportaron 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía, 511 víctimas de coacción sexual; 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, y 848 casos de estupro. En tanto que, 2.784 denuncias sobre violencia familiar, 2.302 casos de violación del deber de cuidado, 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con menores y 7.928 denuncias de Incumplimiento del deber alimentario.

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Datos Abiertos también detalló sobre los casos de abuso sexual en menores desde el año 2015 hasta el 2024 y se pudo constatar que se asistieron a 29.175 víctimas. Las zonas con más casos son Central, Alto Paraná, Asunción, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Cordillera. Durante la pandemia (2020), disminuyeron las denuncias, por falta de redes de apoyo como maestros, parientes, círculos de amistades, entre otros.

En el 2015 se registraron 2.139 víctimas, para el 2016 hubo 2.055 denuncias, en el 2017 se observaron 2.414 asistencias. En tanto que en el 2018 se tuvo un total de 2.766, en el 2019 se registraron 3.287 casos, en el 2020 registró 2.721 y en el 2021 se llegó a los 2.926 casos. Para el 2022 se atendieron a 3.794 menores, en el año 2023 la cifra llegó a 3.552 víctimas y el año pasado se cerró con 3.521 casos.

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Este domingo 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico del “Archivo del Terror”, una increíble colección de documentos de alto valor político y social, no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y el mundo; ya que testimoniaban las atrocidades de una de las dictaduras más extensas del continente y sus tentáculos regionales a través del perverso Plan Cóndor.

Paraguay vivía los primeros años de transición democrática tras el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó por un golpe militar entre el 2 y 3 de febrero de 1989, tras estar en el poder desde 1954. Transcurrieron pocos meses desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 20 de junio de 1992, que recuperaba herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo, como el habeas corpus, una garantía que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura, se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable detrás de los documentos de la dictadura: quien en vida fuera Martín Almada (1937-2024). Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas del totalitarismo militar y político.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa Celestina Pérez, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el gobierno de Stroessner; el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años, en el local del Instituto Juan Bautista Alberdi, en San Lorenzo. La mujer sufrió un infarto luego de decirle que su marido había muerto, tras varias llamadas en que le hicieron escuchar las sesiones de tortura, y no recibió atención médica por temor a represalias de los doctores para acercarse al instituto.

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Martín Almada Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el gobierno derrocado. Comenzó una investigación solitaria que, a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos, desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató, años más tarde, que mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó, le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en Asunción, sino en un depósito fuera de la capital.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

El martes 22 de diciembre de 1992, a las 11:00, el equipo se dirigió a la sede del Departamento de Producción de la Policía Nación, en la ciudad de Lambaré. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa. Intentaron allanar la comisaría, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

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Lo que se encontraron era estremecedor e impactante: montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataban nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura estronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

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Tamaño acervo documental servía de radiografía de la brutalidad del régimen, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa operación Cóndor. Los documentos confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de manera conjunta y sistemática, para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos. Con el tiempo, el “Archivo del Terror” se convirtió en un testimonio clave para la justicia, reivindicación y fortalecimiento del “nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, el “Archivo del Terror” fue inscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco y, en 2011, en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

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El hallazgo del “Archivo del Terror” no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la operación Cóndor. “Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló el magistrado, reconociendo que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, acompañó al presidente Santiago Peña y autorida­des del Ejecutivo al acto de Conmemoración del Ope­rativo Veneratio y habi­litación de mejoras de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Al respecto, enfatizó que estas mejoras son una muestra clara de la voluntad del Gobierno en la lucha frontal contra el cri­men organizado.

Asimismo, felicitó por el trabajo llevado adelante por todo el equipo del Gabinete, encabezado por el presidente de la República, teniendo en cuenta que el mencionado operativo, ejecutado en la madrugada del 18 de diciembre del 2023, marcó el inicio de una verdadera reforma del sistema penitenciario y el camino para el nuevo modelo de gestión.

“Es una muestra de la posi­ción del Gobierno, lo que resta es felicitarles a todos los que hicieron posible esto, encabezado por el presidente de la República. Es una mues­tra clara de nuestro Gobierno en la lucha contra el crimen organizado y tratando de brindar seguridad a todos los paraguayos. Me pone muy contento ver las mejoras que se hicieron, no solamente en la cárcel de Tacumbú, sino también en otras cárceles”, expresó.

Por su parte, el actual minis­tro de Justicia, Rodrigo Nicora, recordó que a partir del éxito que se tuvo con el operativo Veneratio se inició un Nuevo Modelo de Gestión, que aborda de manera gra­dual, pero efectiva, los pro­blemas estructurales, sis­témicos y complejos para cambiar el sistema vigente, fue durante el acto que tuvo lugar hoy en la explanada de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, acompañó al presidente Santiago Peña y autoridades del Ejecutivo al acto de Conmemoración del Operativo Veneratio y habilitación de mejoras de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Al respecto, enfatizó que estas mejoras son una muestra clara de la voluntad del Gobierno en la lucha frontal contra el crimen organizado.

Asimismo, felicitó por el trabajo llevado adelante por todo el equipo del Gabinete, encabezado por el presidente de la República, teniendo en cuenta que el mencionado operativo, ejecutado en la madrugada del 18 de diciembre del 2023, marcó el inicio de una verdadera reforma del sistema penitenciario y el camino para el nuevo modelo de gestión.

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“Es una muestra de la posición del Gobierno, lo que resta es felicitarles a todos los que hicieron posible esto, encabezado por el presidente de la República. Es una muestra clara de nuestro Gobierno en la lucha contra el crimen organizado y tratando de brindar seguridad a todos los paraguayos. Me pone muy contento ver las mejoras que se hicieron, no solamente en la cárcel de Tacumbú, sino también en otras cárceles”, expresó.

Por su parte, el actual ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, recordó que a partir del éxito que se tuvo con el operativo Veneratio se inició un Nuevo Modelo de Gestión, que aborda de manera gradual, pero efectiva, los problemas estructurales, sistémicos y complejos para cambiar el sistema vigente, fue durante el acto que tuvo lugar hoy en la explanada de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Nicora remarcó que concentraron el esfuerzo en transformar el Ministerio de Justicia de acuerdo con las necesidades de las Personas Privadas de Libertad (PPL) y las exigencias impostergables de un país que anhela seguridad, orden y Justicia.

“Somos conscientes del escenario nacional e institucional complejo, que nos demanda acciones concretas que permitan optimizar los recursos y brindar a las PPL y a nuestra población un mejor y más eficiente servicio. Renovamos nuestro compromiso al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y las metas nacionales, priorizando la transparencia y la lucha contra la corrupción; así como la promoción, protección y defensa de los derechos humanos con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad”, enfatizó.

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