El presidente de la República, San­tiago Peña, se refirió al nuevo proyecto relacio­nado al tren de cercanías, que apunta a establecer un marco normativo unificado para llevar adelante el pro­yecto e iniciar con el proceso de licitación, un emprendi­miento tendría un costo esti­mado de USD 600 millones y culminaría en cinco años.

Esta nueva propuesta unifica todas las leyes anteriores para que haya una sola y autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) a hacer un llamado a licitación para buscar un sub­concesionario que desarrolle el proyecto de tren de cercanías.

“Lo que planteamos al Con­greso de la Nación es que en ese proyecto de ley que era como una concesión directa al Gobierno de Corea, que esto permita de vuelta que esto pueda ser llevado a delante de manera independiente por Ferrocarriles del Para­guay, que obviamente la idea es hacer un concurso de par­ticipación privada para poder llevar adelante este proyecto”, dijo el mandatario en conver­sación con los medios.

Explicó además que desde el Gobierno ya se está trabajando en los detalles técnicos, como el reglamento topográfico y con recursos propios, esto ante el proyecto anterior que no prosperó con Corea.

“Nosotros estamos haciendo los trabajos con las Fuerzas Militares en todo lo que es el reglamento topográfico, mucho de lo que se creía que el proyecto con los coreanos iban a traer a hacer una gran consultoría que podría llegar a costar 5 millones de dólares, en realidad ya lo empezamos a hacer nosotros, con los recur­sos que tenemos, con el conoci­miento que tenemos”, detalló.

Finalmente, el presidente Peña sostuvo que este es uno de los proyectos que busca poten­ciar el desarrollo en el país. “Yo quiero que Paraguay sea una potencia, entonces tengo que utilizar todas las herramientas disponibles, toda la experien­cia y el conocimiento interno para que Paraguay realmente pueda acelerar, y yo creo que este proyecto puede acelerar esto”, puntualizó.

La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.

Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.

La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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El Poder Ejecutivo autorizó el contrato de préstamo entre la República de Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES), por un monto de USD 101.606.009, para la compra de los seis aviones Super Tucano, a través del decreto número 2879, firmado por el presidente de la República Santiago Peña.

“Después de décadas, Paraguay retomará el control de su espacio aéreo. He autorizado la firma del contrato de préstamo para la adquisición de aviones con tecnología de punta, esenciales para fortalecer nuestra defensa aérea y enfrentar con firmeza al narcoterrorismo”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

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Peña reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra crímenes y el tráfico trasnacional. “Esta decisión refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la soberanía nacional. No cederemos en esta lucha; enfrentaremos cada desafío con toda nuestra fuerza y determinación”, apuntó el mandatario.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó para La Nación/Nación Media, que este contrato de préstamo autorizado por el Ejecutivo es para la compra de los seis Super Tucano. El empréstito se realizará a través del Banco brasileño, y la adquisición será de la empresa, también brasileña, Embraer.

El decreto 2879 establece la autorización de los términos y condiciones del contrato de préstamo de USD 101.606.009, para el financiamiento del proyecto de adquisición de bienes aéreos (aviones), con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas su formalización.

Este decreto, da continuidad al decreto N° 2165, firmado por el Poder Ejecutivo el 18 de julio de 2024, en cual se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas “el inicio de gestiones de financiamiento, y que en este contexto se llevó a cabo la negociación del borrador del Contrato de Préstamo con el BNDES”.

“El citado proyecto tiene por objetivo general dotar de medios aéreos (aviones) a la Fuerza Aérea Paraguaya, para interceptar vectores aéreos no identificados, con la finalidad de dar cumplimiento a la misión interinstitucional de la Fuerza Aérea que es la de controlar el espacio aéreo conjuntamente con el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, además de cooperar con las demás fuerzas en la lucha contra el narcoterrorismo”, menciona el decreto del Ejecutivo.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en la tarde de este viernes el proyecto de Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La normativa fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre pasado, y con la promulgación del Poder Ejecutivo ya se encuentra en carácter de Ley.

“Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de X.

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El mandatario también adelantó que solicitó que se realice de manera inmediata el trabajo de la reglamentación de esta nueva ley de control y trasparencia para su puesta en vigencia. “He solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la Ley de manera participativa con todos los sectores involucrados”, anunció el presidente.

Días atrás, Peña ya había anunciado que estaría promulgando esta normativa, y aseguraba que la misma no cercenará los derechos de ninguna organización, mientras tanto sostuvo que nadie puede estar renuente a los controles.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, fueron las expresiones del presidente en su momento.

Durante el tratamiento en el Congreso Nacional, en primera instancia, la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto, en tanto que en el análisis por parte de la Cámara de Diputados fueron incluidas algunas modificaciones. En una segunda vuelta, el Senado aceptó estas modificaciones y finalmente sancionó el proyecto de ley y fue remitido al Poder Ejecutivo.

Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.

Quedarán excluidos de la normativa aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.

También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.

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