El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, imputado por siete delitos por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recusó a la jueza penal de Garantía Cynthia Lovera, quien días atrás admitió la imputación y a partir del lunes 25 de marzo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Con la recusación presentada por Giuzzio, ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si corresponde confirmar a la jueza Lovera en el caso.
El abogado Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; y Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, presentó un recurso de reposición y apelación contra la determinación adoptada por la jueza, quien admitió la imputación contra los exministros de Mario Abdo Benítez y algunos altos funcionarios.
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También fueron imputados por el mismo involucramiento el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez; los exministros Carlos Arregui, extitular de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior; Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exministro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola, además de Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
El Ministerio Público imputó a los citados por los delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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LN PM: edición mediodía del 8 de mayo
Tras reunión del Consejo de Itaipú se definiría acuerdo con Brasil
Hoy está prevista una reunión del Consejo de Itaipú. Tras el encuentro se espera que una vez que concluya el proceso formal de negociaciones se anuncie oficialmente el acuerdo alcanzado con Brasil en torno a la tarifa por la energía eléctrica, que incluye un paquete de medidas.
El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, resaltó que se dio un paso importante para la soberanía de ambos países. “La hidroeléctrica vuelve a su espíritu inicial, una hidroeléctrica para la producción de energía limpia, energía renovable y energía barata, es eso lo que logramos con Paraguay”, expresó.
USD 300 millones destina Paraguay en la lucha contra narcotráfico, destaca medio extranjero
El operativo que realizaron hace unos días las autoridades paraguayas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que quedó al descubierto una colosal carga de cocaína de aproximadamente 1.600 kilos, trascendió las fronteras del país. El medio argentino Infobae se hizo eco hoy de la noticia y resaltó que “desde su asunción el pasado agosto, el presidente Santiago Peña dejó en claro que una de sus prioridades es desbaratar las operaciones de inseguridad y hechos delictivos que afloraron en los últimos años”.
Expuso que el mandatario paraguayo anunció una importante inversión destinada a combatir el narcotráfico y demás delitos relacionados en el país durante los próximos años, que suman unos USD 300 millones. “El Ejecutivo de Santiago Peña dio así un paso más en su firme lucha contra la inseguridad que, según informaron, afloró en los últimos años”, indicó el medio.
Astrazeneca retira del mercado su vacuna contra el covid
El gigante farmacéutico británico Astrazeneca anunció este miércoles que retira de la venta su vacuna contra el covid-19 Vaxzevria, una de las primeras que salió al mercado durante la pandemia, por la bajada de la demanda.
“Teniendo en cuenta que se han desarrollado múltiples vacunas contra el covid-19, hay un exceso de vacunas actualizadas” ante las diferentes variantes del virus, “lo que se traduce en una caída de la demanda de Vaxzevria, que no se fabrica ni se distribuye más”, justificó el grupo en un comunicado.
Operativo contra asaltacajeros: abatidos y detenidos tras enfrentamiento a tiros
La Policía Nacional desplegó un operativo en busca de los supuestos responsables de los últimos asaltos a sucursales bancarias en el departamento de Itapúa. En el lugar se produjo un enfrentamiento a tiros con dos abatidos, presuntamente de nacionalidad brasileña y dos detenidos.
El operativo fue desplegado en la ciudad de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná, en el marco de la investigación de la explosión del cajero del Banco Nacional de Fomento (BNF) en la localidad de Natalio y Yataytay, en Itapúa.
Ataque político: testigos revelan uso “sincronizado” de Senad y Seprelad
Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad como de la Senad, fueron puestas al servicio de la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La actual administración de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una auditoría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes. La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior.
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Ataque político: testigos revelan uso “sincronizado” de Senad y Seprelad
Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad como de la Senad, fueron puestas al servicio de la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
La actual administración de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una auditoría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes.
La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior. Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligencia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la unidad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.
En ese sentido, consta en el documento final de la auditoría, remitido al Ministerio Público, el testimonio de la funcionaria Rocío Peña, directora interina de la Dirección de Análisis Financiero, quien expresamente señaló lo siguiente: “En la DGAFE accedían funcionarios de otras dependencias de la Seprelad, así como de otras instituciones, principalmente de la Senad quienes se reunían con el entonces director Guillermo Preda, René Fernández y Carlos Arregui”.
Estas llamativas reuniones se daban durante el mismo período de tiempo (entre enero y marzo de 2022) en el que funcionaba dentro de la Seprelad una oficina montada exclusivamente para investigar a Horacio Cartes. En esta dependencia “paralela” a cargo de un funcionario ajeno a la institución, Daniel Farías, quien respondía directamente a las órdenes de Arnaldo Giuzzio, se fraguó un documento secreto que luego sirvió de base para un informe de inteligencia. Según el acta de imputación de la Fiscalía, este informe secreto posee datos falsos y tergiversados usados con el fin de atacar políticamente a Horacio Cartes y Santiago Peña.
Otra funcionaria de la Seprelad cuyo testimonio confirma que las unidades de investigación, tanto de la Seprelad como de la Senad, operaban de forma “sincronizada” es Liliana López, quien se desempeñaba como analista senior de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, dependencia que estuvo a cargo de Carmen Pereira y Guillermo Preda durante el período de las filtraciones. La misma manifestó que ingresaban hasta esa oficina personas extrañas dentro de la UIF (Unidad de investigación Financiera). “Entraban mayormente de la Senad, supongo que con autorización”.
De los testimonios recogidos durante la auditoría interna se desprende que funcionarios ajenos a la institución, especialmente de la Senad, ingresaban a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad en el mismo periodo de tiempo en el que se registraron las filtraciones de informes y a la par del funcionamiento de una oficina paralela dentro de la institución.
La auditoría interna de Seprelad concluye que “durante el período de tiempo, entre los años 2021 y 2022, era habitual el ingreso de personas que no contaba con la autorización debida y sin el acompañamiento necesario, lo cual constituye una violación de normas institucionales e internacionales que establecen restricciones en el acceso a estas áreas”.
El informe de evaluación por parte de Gafilat señalaba respecto al ingreso de personas extrañas a esta dependencia de la Seprelad que dentro de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) las áreas que poseen informaciones reservadas se tienen que tener accesos restringidos al público y solo pueden acceder los funcionarios acreditados.
PERSECUCIÓN ARRANCÓ EN SENAD
Audios filtrados de una reunión en la Secretaría Antidrogas (Senad), entre el exministro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría, revelaron cómo se operaba desde esa institución para forzar la inclusión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría registrado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en contra de Horacio Cartes. Desde noviembre de 2019 se pueden constatar las coincidencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo mecanismo montado, utilizando toda la artillería estatal disponible para perseguir a los enemigos políticos del expresidente Abdo Benítez.
IGNORARON RECOMENDACIONES DE GAFILAT
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado (Gafilat). Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente:
“Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
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Operación garrote: “Artillería” estatal contra Cartes se inició en Senad
La operación Patrón, un burdo montaje instalado en el 2019 en Brasil, para vincular a Horacio Cartes con el caso Lava Jato, coincide con varios hechos y personajes registrados en Paraguay para montar un esquema en contra de los enemigos políticos. La operación “garrote” político incluyó el uso de toda la “artillería” estatal, Seprelad y Senad, para perseguir a Horacio Cartes y su grupo empresarial.
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Audios filtrados de una reunión en la Secretaría Antidrogas (Senad) entre el exministro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría revelaron cómo se operaba desde esa institución para forzar la inclusión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría registrado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en contra de Horacio Cartes.
Haciendo una cronología de hechos relevantes registrados a partir de esa fecha, noviembre de 2019, se pueden constatar las coincidencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo mecanismo montado, utilizando toda la artillería estatal disponible para perseguir a los enemigos políticos del expresidente Abdo Benítez.
El montaje y la filtración de informes de inteligencia desde la Seprelad durante el 2022, año de elecciones internas y partidarias, fue el epílogo de un conjunto de acciones que tuvo por objetivo perjudicar política y económicamente a los enemigos políticos del presidente Mario Abdo Benítez.
La causa penal que investiga los hechos de filtración está actualmente paralizada a nivel judicial por las múltiples chicanas presentadas por los abogados defensores de los imputados. El acta de imputación, admitida por un juzgado penal de garantías, es blanco de una intensa campaña de ataques por parte de los medios afines al exmandatario en un intento por desviar la atención respecto de los graves hechos que se imputan a los procesados.
LOS HECHOS DE LA OPERACIÓN “GARROTE”
13 DE NOVIEMBRE DE 2019: LOS AUDIOS FILTRADOS Y LA ORDEN DE “GOLPEAR” AL GRUPO CARTES
Audios que fueron revelados por el programa “La caja negra” confirmaron que Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Senad, operaba para forzar la inclusión de Horacio Cartes y sus empresas a esquemas delictivos, sin contar con los elementos necesarios. Conversaciones registradas dentro de la Senad revelaron que se dibujaba un plan para “golpear” al Grupo Cartes.
En aquella reunión, registrada el 13 de noviembre de 2019, participaron Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); Zully Rolón, directora de Administración de la Senad, y el agente especial (AE) Juan Manuel Jara, director de Inteligencia.
De acuerdo a la información obtenida sobre esa reunión en la Senad, durante un periodo de 5 a 6 meses, entre finales de 2018 y 2019, personal destinado al SIU (Unidad de Investigación Sensitiva, por sus siglas en inglés), en ese momento a cargo del agente Cristian Amarilla, venía realizando una serie de acciones con el fin de obtener información de todas las empresas del Grupo Cartes.
Dichas acciones incluían el relevamiento de datos, vigilancia, seguimientos, múltiples viajes a diferentes puntos del interior del país como Hernandarias, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Chaco, entre otros, con el objetivo de hacer un “levantamiento general” de todas las empresas del grupo objetivo y otras empresas que ellos denominaban satélites.
Lo particular de estas acciones era que todo se “reportaba”, a través de informes confidenciales, a las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) institución que, según se desprende de las conversaciones, remitía información privilegiada a este seudogrupo de “investigación”, con el objetivo de realizar el “trabajo de campo” y “armar el caso”.
19 NOVIEMBRE DE 2019: PEDIDO DE PRISIÓN PARA CARTES EN BRASIL
Mientras en Paraguay se dirigían, en ese entonces, investigaciones desde la Senad para atacar a un grupo empresarial por razones políticas, en Brasil arrancaba otro capítulo del operativo “garrote”. La fallida operación Patrón arrancaba en Brasil con la orden de prisión contra Horacio Cartes, librada por un el juez brasileño Marcelo Bretas. Tiempo después, las máximas autoridades judiciales de ese país decidieron archivar y anular el proceso contra el expresidente paraguayo porque no existió delito alguno atribuible.
En el 2019 el Paraguay tenía como su ministro del Interior a Juan Ernesto Villamayor, mientras que su par en el Brasil era el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, quien justamente había encabezado la operación Lava Jato. Luego se supo que su actuación fue imparcial en esta causa al digitar y direccionar los pasos que daba la Fiscalía en las investigaciones.
En círculos políticos de nuestro país, es un secreto a voces que desde el Gobierno paraguayo hubo sobradas muestras de “fidelidad” de Abdo Benítez hacia su par brasileño Jair Bolsonaro. Esto se dio, a través de gestiones de bolsonaristas ante el Ministerio Público brasileño, para intentar implicar a HC en el expediente en cuestión. Un intento que fue abortado por el Superior de Justicia del Brasil y dejado al descubierto como lo que realmente fue, un burdo montaje.
26 DE ENERO DE 2022: LA DENUNCIA DE GIUZZIO
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro el Interior del gobierno de Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez. El mecanismo operaba desde la Seprelad con el montaje y filtración de informes de inteligencia financiera, con información falsa y tergiversada para perseguir y provocar sanciones contra los considerados enemigos.
OFICINA PARALELA MONTADA EN LA SEPRELAD PARA INVESTIGAR A CARTES
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas.
Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al Gobierno.
Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomodaron la improvisada “oficina paralela”.
El elegido para hacer el trabajo sucio era Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022), quien respondía directamente a las instrucciones de Arnaldo Giuzzio.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.