En el marco de la prisión preventiva de Gianina García Troche, la jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó varias reglas que deberá cumplir la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, extraditada ayer desde España. La ciudadana uruguaya estará en una celda individual y tendrá la restricción del contacto con otros internos, salvo autorización de la dirección de la citada prisión.

La mujer guarda reclusión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué. A la vez cuenta con un horario restringido en sus actividades diarias y podrá acceder al uso de un teléfono celular, que será proporcionado por las autoridades penitenciarias con la finalidad de que pueda comunicarse con sus abogados y familiares acreditados ante el propio juzgado.

En un reporte del periodista de judiciales Aldo Insfrán en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, se detalló que, al momento de utilizar el teléfono, la acusada deberá dejar una constancia del llamado, tanto la fecha, la hora y el número del contacto, citando su nombres y apellidos. También tendrá que declarar el grado de parentesco y afinidad del contacto.

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Las llamadas realizadas por García Troche deberán tener una duración de 20 minutos. El uso del teléfono celular está fijado solo para los días lunes, miércoles y viernes, entre las 9:30 a 11:30 de la mañana. El almuerzo está fijado a las 12:00. De lunes a domingo a las 17:00 se hará el control de su ingreso a la celda y a la vez se le proporcionará la cena. La última supervisión se encuentra fijada para las 20:00.

Las visitas familiares se encuentran marcadas para los días martes, jueves y sábado, a partir de las 9:30 hasta las 11:30. Mientras que sus abogados podrán recurrir de lunes a viernes, dentro del mismo horario establecido por la citada jueza.

Por otra parte, los abogados defensores indicaron que los hijos de García Troche y Marset arribarán al Paraguay, entre el 28 o 29 de mayo. Los mismos se encuentran radicados en Dubái, de Emiratos Árabes Unidos, a donde la madre intentaba viajar en julio de 2024, cuando fue detenida por autoridades españoles en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

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Una investigación desde inteligencia financiera de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había elaborado un perfil económico del exintendente de Cambyretã, hoy gobernador Javier Pereira Rieve, que evidencia un exponencial ascenso patrimonial hilado a presunto narcotráfico, tráfico de armas y obviamente la corrupción pública desde su entonces cargo de jefe comunal. La pesquisa estaba a punto de concluirse con un procedimiento clave de operación vigilada con acompañamiento fiscal, pero el entonces ministro Arnaldo Giuzzio trancó, cambió el equipo de investigadores y su sucesora Zully Rolón terminó enterrando el caso. La Fiscalía abrió una causa hace 3 años, pero no hubo mayores avances hasta que el tema se mediatizó en estos días, los fiscales recordaron lo guardado en los cajones y reactivaron algunos pedidos de informes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Fuentes de altísimo perfil confirmaron a La Nación Investiga que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía abierta y había avanzado en una investigación que vincula al exintendente de Cambyretã, hoy gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, al tráfico de drogas, armas y otros presun­tos delitos como enriqueci­miento ilícito en la función pública y tráfico de influen­cias, lavado de dinero, ordeñe de combustible y otros.

Un informe de la Dirección de Investigación de Críme­nes y Delitos Financieros de la Senad que data de octu­bre de 2020 se explayó en el inusual crecimiento econó­mico de Javier Pereira Rieve, que empezó a darse en coincidencia con su ingreso a la fun­ción pública, según subraya el análisis. También hace referencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algu­nos hermanos que fueron creando empresas con millo­narios capitales cuyos oríge­nes no tenían formas de ser identificados formalmente.

El estudio de la institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encarnación, se convirtió mágicamente en un potentado.

Plomero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretã, amasó fortuna desplegando imponentes inmuebles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarna­ción, valuado en unos USD 2 millones.

Investigaciones de nuestro medio vienen revelando el extraordinario crecimiento patrimonial del clan Pereira Rieve, que incluye al “mago del Sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, quien de una módica suma de G. 2,5 millo­nes y algunos muebles que aportó a una empresa, cons­tituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millones que de entrada se integró con G. 4.150 millones. Mega Con­cret es la hormigonera que cargó las losas en el edifi­cio derrumbado en Encar­nación el 2 de abril pasado y dejó dos víctimas fatales.

En el caso de Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de conce­jal municipal de Cambyretã declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la escalada financiera no cono­ció crisis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones.

El patrimonio del jefe depar­tamental aumentó 1.232 % con dos periodos de conce­jalía, tres de intendente (uno sin terminar) en la Munici­palidad de Cambyretã. La Senad ya había alertado sobre los posibles orígenes de su riqueza.

La investigación había invo­lucrado a la Fiscalía y era parte del proceso de com­bate al narcotráfico que iba permeando la frontera hacia el sur del país. Sin embargo, cuando la pesquisa estaba a punto de realizar un proce­dimiento de operación vigi­lada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involu­cradas, a su estilo, el enton­ces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escuchas telefónicas.

Inexplicablemente, se des­manteló el equipo de inteli­gencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus cargos a los agentes que maneja­ban la información. Fuen­tes vinculadas a la investi­gación confirmaron que en la Senad hicieron despare­cer documentos del caso que fuera caratulado como Fron­tera Sur y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras.

La Fiscalía, sin embargo, tiene el expediente, gra­cias a una causa que inició a partir de la denuncia de funcionarios de investiga­ción financiera de la Senad, pero tampoco avanzó con una imputación. La semana pasada, al darse a conocer que la carpeta quedó guar­dada en los cajones del Ministerio Público, volvie­ron a pedir algunos informes de correspondencia de bie­nes de Javier y Carlos Pereira Rieve.

La jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral el proceso penal de cinco acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas en el caso conocido como Operativo Dakovo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.

En el presente caso están acusados Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.

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El Ministerio Público se había ratificado en su acusación atendiendo que cuenta con suficientes elementos de prueba que serán expuestas durante el desarrollo del juicio oral y público lo que demostrará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado.

La fiscalía sostiene que los seis procesados habrían participado en un esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.

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El proceso conocido como filtraciones de la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sigue tra­bado. En este caso, la Cámara de Apelación, integrada por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, debe resolver la repo­sición y apelación en subsi­dio contra la providencia de la jueza Cynthia Lovera, pre­sentada por la defensa de los acusados.

Para que siga el proceso judi­cial, la Cámara de Apelación de la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) debe destrabar el caso para luego bajar nueva­mente el expediente a la jueza penal de garantías, que a su vez tendrá que estudiar los doce incidentes iniciales pre­sentados en marzo de 2024. Se espera que esta semana se destrabe el caso, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, desde judicia­les. Los abogados de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez presentaron a finales de marzo la reposición y apelación en subsidio con­tra la providencia de la jueza Cynthia Lovera. La jueza debía realizar una audiencia para decidir si se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024, donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores de Abdo.

El Ministerio Público ya había presentado su reque­rimiento conclusivo y ha soli­citado que el caso se eleve a un juicio oral y público, lo que los defensores de los exministros de Abdo pretenden evitar con la serie de chicanas presenta­das en todo este proceso.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusa­dos por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de ser­vicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial, inducción a un subor­dinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usur­pación de funciones públicas y asociación criminal. Mien­tras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judi­cial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.