Desde la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) indicaron que una de las medidas que llevarán adelante es el traslado de funcionarios de la estatal a otras instituciones públicas. Esto con el fin de reducir los gastos de esta empresa que continúa atravesando por una serie de crisis financiera.

“Lo que queremos es unir estas dos necesidades, empleados que no son necesarios en Copaco y las necesidades de otras instituciones para seguir en este proceso de optimizar al funcionariado”, explicó el presidente de Copaco, Óscar Stark, quien indicó que la compañía necesita reducir la cantidad de trabajadores en su nómina.

Stark señaló que existen varias instituciones con necesidad de contar con nuevos trabajadores, ya sea por que algunos se jubilan, otros renuncian o porque se adhirieron nuevas actividades al funcionamiento de las entidades, mientras que Copaco cuenta con una cantidad excesiva de empleados que hacen que el sostenimiento financiero sea casi imposible.

Lea también: Cancillería comunica a embajador de Venezuela pedidos de extradición del Clan Villalba

“Para que cuando soliciten permiso al Ministerio de Economía para hacer esas contrataciones, primero miren la posibilidad de ver si los funcionarios de Copaco reúnen las características del perfil que buscan. Acá tenemos muy buenos técnicos, administrativos, entre otros que pueden ser muy útiles en otras instituciones que buscan funcionarios”, expuso a la 780 AM.

El presidente de Copaco indicó que en primer lugar buscan regularizar la situación de unos 40 funcionarios que están comisionados a otras instituciones desde hace muchos años, pero a los que la compañía les continúa pagando el salario. Pese a que se han realizado acciones para la reducción de egresos, el déficit mensual se mantiene en unos G. 10.000 millones.

“Una de las salidas que tiene Copaco es disminuir la cantidad de empleados y ya empezamos con ese proceso. Desde que yo asumí salieron 350 funcionarios y en la compañía no ingresó ninguno nuevo, eso hizo que ahora tengamos menos funcionarios, lo que representa G. 22.000 millones de ahorro al año”, refirió.

Le puede interesar: Ministerio del Interior adjudicó la provisión de tobilleras al consorcio Track Group

Las modificaciones que realizaron a la Ley de Mipymes ya tuvo media sanción por la Cámara de Diputados. Actualmente se encuentra en el Senado, y está incluida en el orden del día para ser tratada la próxima semana. Al respecto, el presiente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, recordó que quedan pocas sesiones al 2024, y esperan que sancionen la reforma lo antes posible.

“Espero que en la siguiente sesión ya se trate (martes 3 de diciembre), porque apuntamos a se promulgue este año mediante la firma del decreto del presidente Santiago Peña. Lo vamos a tomar como un regalo de Navidad, sobre todo porque va a implicar un apoyo importante para las microempresas, apuntando a la formalización”, señaló Luis Tavella a la 1000 AM.

En ese marco, recordó que según datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en Paraguay existen 376 mil empresas distribuidas en mipymes. 88 % de ellas son microempresas, 10 % pequeñas y 2 % medianas. Las microempresas son aquellas que facturan G. 650 millones al año, lo que da un promedio de G. 50 millones por mes.

Leé también: Pronostican leve déficit de lluvias en el campo para diciembre

Segmentando el mismo sector, de 320 mil microempresas, 200 mil facturan menos de G. 10 millones. “Poco más del 50 % son empresas muy chicas. Dentro de eso ocupan el 65 % de empleo, se calcula que hay 700 mil microempresarios informales, que hoy trabajan, mañana no, venden de todo un poco, y saltan de un trabajo a otro”, detalló.

Por eso aclaró que esta reforma tiene como base principal incentivar a la formalización. Una de las ventajas y cambios que se realizará a partir de la nueva ley es que se podrá gestionar la cédula mipyme con datos que la DNIT reciba del registro. Esto directamente será enviado al viceministerio de Mipymes de Industria y Comercio, para crear la cédula y una cuenta única.

Esa cuenta única es una caja de ahorro bancaria para insertar al microempresario al sector financiero y que de esa forma, el mismo pueda comenzar a tener movimientos de dinero, hasta G. 50 millones por mes. “Esto no tendrá costo por 3 años. Al cuarto año, lo podrá pagar incluso con descuentos de hasta el 75 %”, acotó.

Te puede interesar: La inversión extranjera en el 2023 fue positiva con USD 324 millones

Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago. Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro.

Leé más: Conductor perdió el control de su auto y se estrelló sobre Mariscal López

Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.

Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde setiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.

De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.

El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.

Cuatro meses después de las elecciones, “Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”, afirma el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado. El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.

Las sanciones implican el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro. Hasta la fecha casi 2.000 venezolanos sancionados tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Caracas ha tardado horas en reaccionar públicamente.

“He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración (...) que llevará el nombre de la Gran Victoria de Ayacucho” y “se la voy a colocar a cada uno de estos hombres que han sido hoy agredidos”, soltó Maduro durante el aniversario de la Aviación Militar de Venezuela tras tachar de “ridículas” las sanciones. Son “eminentes profesionales”, defendió.

Anteriormente contraatacó la cancillería. Las sanciones “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, sostuvo refiriéndose a la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.

El gobierno chavista estima que las medidas apuntan a un “grupo de patriotas”. Para Washington, por el contrario, “no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro” sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

Pero Estados Unidos sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia. La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.

Te puede interesar: Líbano: tras el cese el fuego, Biden también intenta llegar a un acuerdo para Gaza

“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario. “Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.

En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.

Fuente: AFP

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de modificación y ampliación de la Ley 5.508/2015 de promo­ción, protección de la mater­nidad y apoyo a la lactancia materna, con la finalidad de extender el permiso de 12 a 18 semanas para mujeres en cargos electivos.

El documento será remitido para su estudio en el Senado. La propuesta busca la reivin­dicación del derecho de las mujeres que ocupan cargos electivos, de modo a que pue­dan acogerse también a los beneficios de la citada nor­mativa. Los cambios se efec­tuaron específicamente en los artículos 2, 3 y 13 de la citada normativa.

“Es importante que nuestra Carta Magna se haga eco de la obligación de la familia y la sociedad, a fin de garantizar al niño su desarrollo armó­nico e integral, así como el ejercicio pleno de sus dere­chos, protegiéndolo contra el abandono, desnutrición, violencia, abuso, tráfico y la explotación; todos esos fundamentos constitucio­nales que protegen al niño, a la maternidad y la lactan­cia”, manifestó Rocío Abed, líder de la bancada del movi­miento Honor Colorado en Diputados.