El vicepresidente segundo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Berni, habló de los objetivos de las nuevas autoridades del órgano extrapoder. Foto: Roberto Zarza,
Vicepresidente del JEM ratifica compromiso de transparencia y de recuperar la institucionalidad
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) renovó sus autoridades, donde fueron electos, como presidenta Alicia Pucheta, representante del Consejo de la Magistratura, como vicepresidente primero el diputado Orlando Arévalo, y vicepresidente segundo el abogado Enrique Berni también representante del Consejo de la Magistratura.
Al respecto, el vicepresidente segundo, Enrique Berni, sostuvo que la elección de la nueva mesa directiva del órgano extrapoder se realizó en el marco de lo establecido por las normativas vigentes y con total participación democrática por parte de los integrantes del Jurado. El mismo participó este viernes del programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“La ley que nos rige como cuerpo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados establece que en el mes de febrero tienen que ser electas las nuevas autoridades y en ese proceso democrático, amplio, donde tuvieron participación todos los miembros pudimos elegir la nueva mesa directiva que va a estar al frente de este importante órgano extrapoder, un órgano constitucional que tiene la gran y delicada tarea de juzgar a los juzgadores, a los magistrados en nuestro sistema judicial”, expresó.
Enrique Berni visitó el estudio de GEN. Foto: Roberto Zarza
Mientras tanto, ratificó el compromiso de los miembros del organismo en la transparencia y el objetivo de credibilidad por parte de todos los miembros del cuerpo colegiado, a fin de evitar la imagen de utilizar al Jurado como un “garrote” político. “Con un trabajo delicado, con un trabajo de mucha transparencia, con un trabajo de objetividad, de imparcialidad, tenemos que trabajar arduamente con esas bases”, apuntó.
Las principales bases señaladas por el abogado son la transparencia, la imparcialidad y la objetividad, funciones propias de un órgano juzgador. “Tenemos que basarnos en nuestra normativa, en las leyes para hacer un buen trabajo y evitar la injerencia y ceñirnos a la ley, a la Constitución, a las normativas. Con esa bandera, poniendo de antemano la institucionalidad por sobre todas las cosas, estamos seguros y nos comprometemos, ratificamos ese compromiso para todos los auxiliares de justicia, que vamos a tener una gestión que realmente esté a la altura de la necesidad”, señaló.
Agregó que tienen el alto compromiso de devolver la credibilidad con compromiso y mucho patriotismo, para dar seguridad a los trabajadores de justicia como también a la ciudadanía. “Nosotros queremos evitar que jueces, magistrados, fiscales y defensores sean ‘corridos con la vaina’ y no queremos que eso se convierta en un garrote. Queremos darles la garantía a los jueces que hacen bien su trabajo y también a aquellos que no hacen bien su trabajo estar ahí para recordarles y también aplicar las sanciones que se establecen en la ley”, puntualizó.
Desde la Secretaría de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial informaron que se encuentra a disposición de las partes para proseguir con los trámites ordinarios. Foto: Gentileza
Corte debe resolver 87 acciones presentadas contra fallos del TSJE y el JEM
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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia aún no resuelven 87 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y contra resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Desde la Secretaría de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial informaron que se encuentra a disposición de las partes la nómina de acciones promovidas en contra de resoluciones emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esto, a los efectos de que los interesados comparezcan ante la Secretaría de la sala a fin de impulsar las notificaciones correspondientes sobre las integraciones producidas en cada uno de los planteamientos y, de esta forma, proseguir con los trámites procesales de rigor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Procesal Civil “Principio de iniciativa del Proceso”.
Existen pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad promovidas en el año 2000, es decir, presentadas hace 25 años y que siguen pendientes de resolución.
De acuerdo a los datos, un total de 57 acciones que se presentaron contra determinaciones adoptadas por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral siguen pendientes de resolución en la Corte. Igualmente, un total de 30 acciones están para decidirse sobre fallos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, jueces que fueron destituidos de sus cargos, entre otros.
José Oviedo: “La justicia es permisiva con los casos de corrupción”
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El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.
“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.
Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.
El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.
Problema estructural
Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.
En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.
El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.
Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.
Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
El objetivo principal de esta propuesta es erradicar las reguladas, otorgar un buen y regular servicio del transporte a los usuarios del área metropolitana. Foto: Marina Díaz
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
El presidente del JEM, César Garay, criticó la irregular actuación del fiscal Lucrecio Cabrera, quien podría ser enjuiciado y suspendido en su funciones por haber liberado a dos chinos. Foto: Gentileza
El JEM investigará a fiscal que liberó a chinos que ingresaron ilegalmente al país
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió iniciar de oficio una investigación preliminar sobre la presunta actuación irregular del fiscal Lucrecio Cabrera, quien en su momento de forma llamativa dispuso la libertad de dos ciudadanos chinos que habrían ingresado a nuestro país a través de la frontera con Bolivia, cuando fueron interceptados por agentes policiales de Mariscal Estigarribia.
Los integrantes del órgano juzgador de magistrados solicitó traer a la vista un informe pormenorizado, así como también todos los antecedentes relacionados con la información obtenida sobre la actuación del representante del Ministerio Público.
El ministro de la Corte y presidente del JEM, César Garay, criticó al fiscal Lucrecio Cabrera, tras su actuación en un polémico caso que involucró a dos ciudadanos chinos que ingresaron de manera ilegal al país.
Según Garay, el fiscal ordenó la liberación de los extranjeros Jinxing Zhuang y de Yan Xiwu, pese a que estos habían sido detenidos por personal policial en la zona del Chaco al no contar con documentación que acreditara su entrada legal al Paraguay. La decisión del fiscal, según el ministro, supone una grave desatención al interés público y a la normativa vigente.
Asimismo, el ministro de la Corte sostuvo que, conforme a lo establecido por la Ley N.º 6814/2021, el Ministerio Público está obligado a iniciar una investigación preliminar y a coordinar con las autoridades policiales la recolección de la documentación correspondiente, algo que no se habría cumplido en este caso.
Garay también mencionó que la Dirección Nacional de Migraciones, dirigida por el abogado Jorge Kronawetter, no fue notificada del hecho, lo que impidió su intervención oportuna. El titular de Migraciones calificó públicamente esta omisión como negligente e irregular. “Se trató de una conducta que bordea la irregularidad, con claras implicancias jurídicas y administrativas”, expresó Garay.
Cabrera podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por la actuación que tuvo en el presente caso.