Se estima que existen unas 1.000 a 1.200 víctimas perjudicadas en el departamento de Guairá por la corrupción en administraciones anteriores del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), estafadas en su buena fe, pagando entre 4 a 5 millones de guaraníes por planos, cuotas de sus lotes, recibos falsos expedidos en el pasado, venta de planos, y algunos abonaron por sus títulos y nunca recibieron.
En el marco de los esfuerzos de transparencia que puso en práctica la actual administración del ente rural, tras escuchar las inquietudes de las autoridades de Guairá, de inmediato se procedió a acordar una mesa de trabajo para investigar, atender y promover un resarcimiento a las víctimas. Los trabajos se iniciarán en 15 días y abarcarán diferentes distritos del departamento.
Lea más: Oficialismo liberal reclutará a 3.000 dirigentes para definir la expulsión de senadores
Esta medida surge de una reunión en que participaron los diputados nacionales Alejandro Aguilera y Édgar Chávez; César Sosa, gobernador de Guairá; el intendente de Paso Yobái, Óscar Chávez; así como concejales departamentales y municipales, junto al presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien se comprometió a enviar un equipo jurídico del ente a los efectos de realizar la intervención de la dirección regional y hacer un relevamiento de las víctimas perjudicadas por la corrupción.
Los diputados regionales cooperarán impulsando un proyecto de ley que busque mecanismos de resarcimiento para las víctimas de corrupción de administraciones pasadas del Indert en la región. A través del trabajo coordinado entre Ruiz Díaz y el gobernador Sosa se hará un relevamiento de las víctimas, a través de audiencias públicas y consultas a los habitantes del departamento.