El ministro Riera anunció la implementación de cinco medidas de seguridad a fin de evitar más actos violentos en encuentros deportivos.

El presidente de la Aso­ciación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, junto a otros directivos tuvieron ayer una charla con el ministro del Interior, Enrique Riera, quien se encargó después de citar cinco medidas que serán implementadas de manera inmediata tras la suspensión del clásico Olim­pia-Cerro Porteño, debido sucesos violentos. “Son las primeras medidas de efecto inmediato y están respalda­das por la Fiscalía General de la Nación”, avisó el minis­tro.

Según el comisario Ángel Franco, director de Preven­ción y Seguridad, las medi­das deberán cumplirse al pie de la letra para evitar actos violentos dentro de los esta­dios y también reforzará la seguridad en cada encuentro deportivo. Las cinco medi­das fueron desarrolladas por el Ministerio del Inte­rior con la Fiscalía General de Estado.

“Una de las medidas es poseer entradas personales individuales para el ingreso, los cuales serán cruzadas por una base de datos de identificación para corro­borar si pertenece a la per­sona o no”, expresó Franco, en entrevista con el pro­grama Tarde de perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Como segundo punto, el comisario habló sobre la implementación de la tecno­logía para realizar un con­trol biométrico de reconoci­miento facial, para así poder identificar fácilmente a per­sonas que ocasionan inci­dentes y que estas no pue­dan acceder a las canchas. El listado de medidas sigue con una nómina de aquellos hinchas con antecedentes que no tendrá acceso a los encuentros. “Es la lista defi­nitiva de personas con ante­cedentes o tienen pendien­tes con la Justicia y que no podrán ingresar a la can­cha”, refirió.

El cuarto punto es la valida­ción de las cédulas de identi­dad que será realizada por el Departamento de Identifica­ciones. “La implementación de tecnología será muy útil y un elemento probatorio y sostenible para el Ministe­rio Público, pudiendo agili­zar la aplicación de sancio­nes”, aclaró.

Agregó que se realizará un Registro Nacional de Even­tos Deportivos (Renae), que contendrá el regis­tro de todas las personas habilitadas a asistir a los encuentros deportivos. “Por último, el control pre­vio de los buses que trasla­darán a las barras, si está en condiciones y si poseen registros de habilitación”, puntualizó.

“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, ayer lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Pre­vención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio de 2024.

“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fút­bol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte. Es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media., dijo Núñez.

Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización delictiva dedicada al cibercrimen en el departamento de Itapúa. El presunto líder es un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, brindaron una conferencia para dar a conocer los detalles de la Operación Ícaro.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación, donde las autoridades desbarataron una estructura dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Un total de ocho personas resultaron detenidas y están acusadas por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.

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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de modalidades con código QR, procedieron a reclutar personas que se prestaran como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para desviar el dinero de las víctimas”, manifestó Llano.

A su vez, el comisario Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula” —entre billeteras electrónicas y entidades financieras— para mover los fondos tras lograr un acceso indebido. Para impedir la trazabilidad, los cibercriminales convertían el dinero en criptomonedas. Durante el operativo, se lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.

El perjuicio patrimonial asciende a G. 9.000 millones. Con el botín, los jóvenes ostentaban lujos como vehículos de alta gama y alquileres en departamentos costosos. Las autoridades confirmaron que la banda estaba liderada por el joven de 18 años junto a su círculo de amigos cercanos.

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El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.

Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.

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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.

“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.

El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.

“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.

El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.

González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.

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