Chats reveladores del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido en agosto de 2024, señalan conversaciones directas con el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante su mandato entre 2018 y 2023. Las charlas fueron develadas este miércoles en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Los mensajes intercambiados exponen de que hubo una gran confianza y afinidad entre el líder de Fuerza Republicana y el dirigente político de Amambay vinculado al narcotráfico. Recordemos que en una ocasión Lalo Gomes había argumentado en una comunicación mantenida con el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo haber aportado la suma de USD 1 millón para costear la campaña política del entonces movimiento oficialista.

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, destacó la importancia que representa para el sector del agro la lluvia que cayó luego de semanas de intenso calor y una sequía que cada vez se hacía sentir más.

Cristaldo destacó que en la región Oriental del país se registró una lluvia sostenida luego de mucho tiempo. “En el norte es donde más hacía falta, ahí llegó esta lluvia importante y vamos a ver cuánto es acumulado al final, pero por lo menos no es un chaparrón de 10 minutos y se acaba, como estamos teniendo”, indicó. Las precipitaciones registradas ayer martes traen un alivio al sector productivo ya que desde hace semanas no se registraban precipitaciones importantes.

Mediante un operativo desarrollado entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público se logró una intervención en la zona de Cerro Guasu que permitió la identificación de campamentos dedicados al acopio y procesamiento de marihuana, los cuales fueron destruidos en este procedimiento.

Se estima que el impacto económico para las organizaciones criminales llegaría a USD 60.000 con un total de 2.000 kilos de marihuana sacados de circulación. “Con esta operación, se logró debilitar una infraestructura clave del narcotráfico en la zona de Pedro Juan Caballero”, informaron desde la FTC.

“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada ayer lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarrollándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La buena consolidación institucional generan buenas prácticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

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No obstante, el politólogo consideró que en la cumbre de poderes se tomaron medidas concretas contra ambos flagelos, citando como un punto resaltante el instar a la implementación de la “Iniciativa 28″ referente a la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, la cual se refiere a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de implementar un reglamento para las comunicaciones de sus integrantes.

“Falta un compromiso institucional por parte de los órganos vinculados al Poder Judicial. Es en el JEM donde se tienen que generar buenas prácticas para que haya una buena justicia en el Paraguay, entonces, mediante el hecho de que se busque impulsar la realización de reglamentaciones y controles internos, la corrupción tendría que ir decantándose como un efecto domino”, manifestó.

“Cuando se habla sobre la intención de implementar ciertas restricciones dentro del JEM, cuando se habla del control de la comunicación interna y externa, cuando se habla de que las conversaciones tendrán que ser oficiales y públicas, entonces lo que se busca es transparentar. Esto tendrá incidencia para que puedan haber buenas prácticas”, puntualizó el politólogo a NM.

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El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó vía libre para que esquemas del crimen organizado se movieran con tranquilidad en territorio paraguayo, de acuerdo con varias investigaciones del Ministerio Público. Eliminación de puestos de control, amigos de los capos en puestos de confianza, aporte a campaña electoral son algunos de los elementos que permitieron esa tranquilidad y la instalación de redes narco en las que aparece salpicado el exmandatario y su entorno inmediato. Los casos suman y siguen.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

De Dalia López a Sebastián Marset, pasando por los dipu­tados Juan Carlos Ozorio, Lalo Gomes y Éver Noguera. El gobierno de Mario Abdo Bení­tez no solo estuvo plagado de narcovínculos, sino que tam­bién permitió que esquemas del crimen organizado se movie­ran a sus anchas y con exce­siva tranquilidad, sin mayores burocracias, privilegio no muy habitual para los comunes (ver infografía).

El 15 de agosto de 2018, en su primer día como presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez derogó un decreto emitido por el gobierno de Horacio Car­tes y volvió a restablecer pode­res al entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con lo que le permitió mover a sus anchas a agentes y directores de la institución.

En mayo de 2020, Giuzzio desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), que reali­zaba fiscalizaciones en puertos privados. Tras esa maniobra la “narcoexportación” se dis­paró y el Paraguay se convir­tió en noticia por toneladas de cocaína decomisadas en serie en todo el mundo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a señalar al supuesto narcotraficante uru­guayo Sebastián Marset como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en tierras colom­bianas. El señalado como líder de una organización crimi­nal trasnacional se instaló, se documentó en tiempo récord y montó su red de empresas con facilidad en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo.

Durante una reunión con su gabinete, Petro cuestionó las acciones de la Fiscalía colom­biana en la investigación del ase­sinato y apuntó directamente a Marset como el principal res­ponsable. “¿Por qué la muerte del fiscal paraguayo Pecci quedó en manos del fiscal Mario Bur­gos? ¿Por qué sacó al asesino del proceso, que es el narco­traficante Marset?”, expresó el mandatario. Petro también mencionó que Marset cuenta con el respaldo de otras figuras del crimen organizado, como el narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, quien actualmente reside en Dubái.

Recientemente, el medio El Colombiano reveló una agenda que supuestamente pertene­cía al exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, señalado como autor material del asesinato de Pecci. Correa Galeano fue ase­sinado en su celda el pasado 3 de enero, y en su agenda se encon­traba una referencia a Marset, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.

Marset, actualmente prófugo de la Justicia, ha construido una extensa red de operacio­nes criminales que incluye el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a través de negocios lega­les. Su primera llegada a Para­guay se registró el 8 de abril de 2018, justo antes de las eleccio­nes generales en las que Mario Abdo Benítez resultó electo pre­sidente. Permaneció en el país hasta el 27 de abril, periodo en el cual comenzó a estructurar su operativa para el tráfico de drogas hacia Europa.

Fue precisamente durante el período de mandato de Abdo que Marset estructuró su red criminal con tranquilidad, gozando de impunidad y con­siguiendo utilizar las institu­ciones públicas con una calma llamativa.

En agosto de 2020, la Dirección de Identificaciones de Para­guay expidió cédulas de iden­tidad paraguayas para Marset y varios miembros de su fami­lia, incluyendo a su pareja Gia­nina García Troche y su her­mano de padre, Diego Nicolás Marset. El propio Sebastián Marset obtuvo su documento paraguayo en febrero de 2021. Ese mismo mes contrajo nup­cias con una ciudadana para­guaya que nunca lo vio siquiera en persona, gracias a la utili­zación del sistema público de forma impune.

En abril de 2021 se detecta en Amberes, Bélgica, un millo­nario cargamento de cocaína escondido entre paquetes de cuero azul enviados desde Para­guay por la empresa Neumáti­cos Guairá. Esta se convertiría en una de las mayores incauta­ciones de droga de la historia. Audios revelados con posterio­ridad, demuestran que la carga era de la organización ligada al uruguayo.

Desde entonces, el narcotrafi­cante uruguayo expandió sus operaciones en Paraguay, esta­bleciendo alianzas con organi­zaciones criminales locales y fundando diversas empresas para el blanqueo de capitales. En mayo de 2021, su pareja constituyó el grupo San Jorge SA - Total Cars, con un capi­tal inicial de G. 1.000 millones, según registros de la Subsecre­taría de Estado de Tributación. Marset también incursionó en el mundo del espectáculo y el deporte, financiando eventos musicales y equipos de fútbol, mientras afianzaba su red de narcotráfico.

Entre sus principales aliados en Paraguay se encuentran Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube y Mauricio Schwartz­man, este último asesinado el 12 de setiembre de 2021. Su car­tel operó en el país desde 2018 hasta la ejecución de la opera­ción A Ultranza Py en 2022, un operativo llevado a cabo con la colaboración de la DEA, Euro­pol y el Ministerio del Interior de Uruguay.

En junio de 2021, Marset aban­donó Paraguay con el objetivo de expandir su red de contactos internacionales. En octubre de ese mismo año fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

Más de G. 175.526 millones (unos USD 23,4 millones) fue­ron movilizados solo por tres de los actores de una gigantesca red de lavado de dinero ligada a grandes capos del narcotrá­fico (2015- 2021). Los mayo­res movimientos de dinero se dieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, expre­sidente cuyo movimiento impulsó la campaña al Con­greso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Según el informe de inteligen­cia del operativo antinarco Pavo Real II, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 31 de mayo de 2021, Eulalio Gomes transfirió de una sola vez unos G. 2.898 millones a Antonio Joaquín da Motta, empresario de frontera señalado por el Bra­sil por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En 2020, en menos de un mes, los Gomes realizaron trans­ferencias por más de G. 1.800 millones a Diego Benítez, seña­lado como responsable de un esquema gigantesco de narco­tráfico y quien fuera detenido en Emiratos Árabes Unidos, donde espera ser extraditado a nuestro país.

Hablando del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado un millón de dólares de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amam­bay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el exti­tular de la Dinac, Édgar Melga­rejo, Gomes expresó su preo­cupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afecta­ría al Gobierno. Además, men­cionó que Arregui había solici­tado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su pro­pia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movi­miento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

En la investigación Belia sobre tráfico internacional de drogas, la Senad interceptó llamadas entre el diputado Éver Aparicio Noguera y Hugo Antonio Meza Huespe, miembro de la banda del narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo enviaba drogas a Europa en bolsas de carbón vegetal. También estuvo implicado Cristian Turrini, vin­culado a Servín Palacios. Ade­más, Noguera habría influido en la designación de una jueza que favoreció al grupo y obtuvo ilegalmente vacunas contra el covid-19 para su familia.

A Noguera y Gomes, se le suma el exdiputado Juan Carlos Ozo­rio, quien también llegó al Con­greso de la mano del abdismo.

Ozorio –de acuerdo con la Fis­calía– forma parte del esquema de tráfico de drogas encabezado por el uruguayo Marset.

Esta extensa lista se cierra –al menos por ahora– con el caso de Dalia López, la “empre­saria” que “paraguayizó” al famoso exfutbolista brasi­leño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto de Assis Moreira, gracias a la complici­dad o a la ineptitud de funcio­narios de su Departamento de Identificaciones y de la Direc­ción General de Migracio­nes (DGM), dependiente del Ministerio del Interior.

El caso puso a Paraguay en el foco del mundo en 2020. López comenzó a mostrar su rostro de “filántropa” en un evento oficial del gobierno de Abdo que contó con la presencia del mismísimo presidente de la República.

Fue el 20 de setiembre de 2019, durante una visita oficial del mandatario al distrito de San Juan del Ñeembucú. Un video publicado en redes sociales por la Fundación Miss Para­guay mostró que la empresaria acompañó a Abdo para entregar asistencia médica.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, aclaró que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Sur en el departamento de Ñeembucú se da en el marco de un trabajo de inteligencia de diferentes instituciones de prevención para la zona. Aseguró que la presencia de esta fuerza no afectará a la ciudadanía en general, como cuestionó el senador Ever Villalba.

“Justamente para que la gente trabajadora y honesta no sea afectada por los integrantes del crimen organizado es que nosotros ya estamos actuando ahí preventivamente, no queremos ser una fuerza que reaccione ante los hechos, sino queremos prever que no ocurra aquellos hechos delictivos”, indicó el ministro en entrevista para La Nación/Nación Media.

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Ratificó que este trabajo se desarrollará en el marco del respeto absoluto de los derechos de las personas, y que estarán siendo controlado por el Ministerio Público y el poder jurisdiccional. “No estamos militarizando la frontera, al contrario, estamos con nuestra presencia, garantizando que el ciudadano viva tranquilo, viva seguro y viva en condiciones de realizar todo lo que tenga que realizar para cooperar con el desarrollo nacional”, explicó.

Refirió que los militares que realizarán este trabajo en la zona, tienen una línea clara de actuar de manera amistosa y amable con la población honesta y trabajadora, pero sí serán implacables con el crimen organizado y el terrorismo.

Aclaró que este despliegue se da en el marco del convenio firmado entre los ministerios de Defensa entre Paraguay y Argentina. “Estamos cumpliendo nada más los preceptos del convenio bilateral que hemos firmado con la República Argentina para trabajar coordinadamente, ellos en su territorio y nosotros en el nuestro, pero coordinando, sobre todo, las informaciones de inteligencia que tengamos cada uno, para que las operaciones que realicemos sean realmente exitosas”, afirmó.

Expresó que el crimen organizado es transnacional y las fuerzas de seguridad de los países también deben estar operando coordinadamente desde las naciones para que podamos hacer frente a estos criminales que no respetan la frontera. Se desarrollarán trabajos de inteligencia que puedan servir a la parte operativa para realizar las intervenciones, esa es la tarea que estarán realizando.

“Nosotros no vamos a actuar de manera indiscriminada, molestando a la población trabajadora, no estamos para eso, pero sí tenemos al batallón de inteligencia militar que coordinadamente con los organismos de inteligencia, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional y la Dnit, vamos a estar recabando información y en base a eso vamos a estar operando”, aclaró.

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