Diego Dirisio está siendo investigado en el marco de la operación Dakovo tras ser considerado como uno de los mayores contrabandistas de armas en Sudamérica. Foto: Gentileza
Sindicado en caso Dakovo alega montaje creado por exdirector de Dimabel
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Diego Hernán Dirisio, investigado en el marco de la operación Dakovo tras ser considerado como uno de los mayores contrabandistas de armas en Sudamérica, compartió un comunicado a través del cual desmintió todas las acusaciones realizadas en su contra. Dirisio afirmó que se está creando un montaje en su contra, alegando que el extitular de la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel), general Aldo Ozuna, es el responsable.
“International Auto Supply (IAS) incurrió en el rubro de la importación y comercialización de armas, municiones y afines desde el año 2014, siempre con la mayor observancia de todas las leyes y resoluciones de la autoridad competente”, expresa parte del comunicado, remarcando que toda la campaña de mentiras desmedidas contra la firma se da desde el 2021, cuando el general Ozuna llegó a la Dimabel.
De acuerdo a las afirmaciones hechas en el comunicado, el exdirector de la Dimabel asumió su cargo con la idea fija de complicar las importaciones de armas a Paraguay, cediendo un importante patrimonio nacional como la fábrica de municiones de Dimabel a la de Brasil, hecho tras el cual se desarrolló la eventual salida de Ozuna como director de la institución.
“El general Ozuna nunca perdonó esta situación y decidió emprender una campaña de desprestigio en contra de IAS. Este proceso no persigue la verdad, solo persigue golpear y destruir”, remarcó el comunicado, asegurando además que se ha generado una serie de situaciones que solo tienen por objeto perseguir inocentes, dentro de una venganza personal.
Ante esto, Napoleón Acosta, representante legal de Diego Dirisio, había expresado para la 1000 AM que toda la causa desarrollada tiene un mero trasfondo comercial contra su cliente. Por ello, según el abogado, no sabe si Dirisio realmente huyó como se señaló de manera constante, sino que simplemente no cree que existan garantías legales suficientes sobre su causa en Paraguay.
Brasil: frustran esquema que traficaba drogas y armas de Paraguay
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La Policía Federal de Brasil lanzó este lunes la operación Contracara (Operação Contraface) para desmantelar una organización criminal establecida en Cascavel y Toledo, en el estado de Paraná (en la frontera con Paraguay), dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y armas de fuego.
“Se constató que el grupo criminal, liderado por empresarios de Cascavel y Toledo/PR, importaba marihuana y pistolas del Paraguay; las almacenó temporalmente en diversos depósitos repartidos por la región occidental de Paraná; adquirió diversos vehículos, especialmente camiones, para transportarlos”, refiere el comunicado de prensa de la policía brasileña.
Agrega que esta organización “creó empresas ficticias para aparecer como propietarias de dichos vehículos; creó compartimentos ocultos en vehículos de motor; simuló la venta de vehículos a conductores contratados para conducirlos; transportó armas y drogas a varios estados de Brasil y abrió cuentas bancarias en poder de personas naturales y jurídicas interpuestas para lavar el dinero obtenido de sus prácticas criminales”.
Las investigaciones de la operación Contracara comenzaron en mayo de 2023; desde entonces, se habían incautado varios cargamentos de estupefacientes y armas de fuego pertenecientes al grupo, por un total aproximado de 26 toneladas de marihuana y 8 pistolas. Este lunes se libraron 9 órdenes de detención, 13 de allanamiento y 22 de incautaciones en las ciudades de Cascavel, Toledo y Medianeira (Paraná), Erechim (Río Grande del Sur) y Florianópolis (Santa Catarina).
Autoridades del Gobierno informaron sobre un supuesto robo de materiales explosivos. Señalaron que cuentan con serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas. Foto: Gentileza
Roban elementos explosivos de una cantera en Itapúa
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Autoridades de Seguridad informaron sobre el robo de una gran cantidad de explosivo en el departamento de Itapúa. Precisaron que serían más de 10.000 metros de cordones detonantes; que según el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, es un alto explosivo que se utiliza para conectar los pozos de las canteras.
En conferencia de prensa que se realizó desde Mburuvicha Róga, el ministro de Defensa, Oscar González, indicó que cuentan con serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas, por lo que inmediatamente ya se ha comunicado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el control pertinente. Igualmente, descartó que estos artefactos e insumos terminaran en manos del crimen organizado.
El ministro González indicó que ni bien se tomó conocimiento del hecho, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó una decisión rápida y contundente, suspendiendo la venta de todos estos materiales, que son de uso comercial. Desde este jueves, se ha normalizado la comercialización de vuelta.
“Atendiendo esta situación y la intervención oportuna de la Dimabel, se pudo constatar, ya que tenemos serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas. Con estas evidencias tenemos la certeza de que no fueron a parar al crimen organizado, que era la mayor preocupación que teníamos”, expresó.
Mientras que la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó que el supuesto robo o sustracción se registró en una cantera que estaba habilitada para operar, se produjo hace unos días atrás, y reportó el robo de esos materiales explosivos en el departamento de Itapúa.
Ni bien se tomó conocimiento del hecho, el presidente Santiago Peña, dispuso la suspención temporal de la comercialización de cualquier elemento explosivo en todo el país. Foto: Gentileza
“Este hecho, por las derivaciones que pudieran tener, generó una reacción inmediata de los órganos del Gobierno, atendiendo que se trata de un negocio de alta sensibilidad, por lo que obliga a que la regulación y el control sean altos. Teniendo siempre como objetivo la seguridad del Estado y la seguridad de las personas. Está aún en curso esta investigación y se han logrado verdaderos avances para neutralizar el eventual peligro que pudiera representar”, destacó Carro.
Uso en canteras ilegales
A su turno, el director de la Dimabel explicó que gracias a la trazabilidad de estos materiales, difícilmente una cantera habilitada podrá hacer uso de esos materiales explosivos, en forma irregular y sin el control de la Dimabel. Indicó que existe la sospecha de que estos materiales están siendo utilizados en canteras irregulares, no habilitadas para la explotación.
Melanio Servín indicó que será el Ministerio Público el que finalmente deba determinar si la presunción que la Dimabel logró constatar confirma que los materiales fueron distribuidos y utilizados en esas canteras ilegales.
“Nosotros como institución coadyuvante tenemos esa premisa, basada en las declaraciones de estos receptores, de estos materiales explosivos por parte de la Cantera La Roca, sita en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa”, precisó.
Finalmente, indicó que la Dimabel llevó adelante un sumario administrativo que concluyó en primer lugar con la incautación total de los materiales explosivos que dispone esta cantera. Así como la aplicación de una importante y elevada multa de 180 jornales. Mencionó que existe una presunción de la violación de la Ley 4036, se derivó el caso a la Fiscalía y comunicaron el hecho al MOPC y al Mades.
“Nosotros como institución tenemos una alta presunción de que fue una autodenuncia, que quedará a cargo del Ministerio Público y los órganos investigativos determinar si es así. La presunción es que la propia empresa es la que habría vendido esos productos a canteras clandestinas y que luego realizaron la denuncia del supuesto robo. Esto fue confirmado con algunos de los usuarios que están operando de manera ilegal en canteras que se encuentran en los alrededores”, acotó.
Ratifican extracción de datos de celulares incautados del Clan Rotela
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El Tribunal de Apelación integrado por Delio Vera Navarro, Viviana Benítez y José Fernández confirmó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares que fueron incautados del Clan Rotela. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del Operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de garantía Yoan Paul López.
En la fecha, el tribunal de apelación tomó la decisión de ratificar la resolución de López Y Además de los teléfonos celulares, se extraerán datos de dos tables, 10 pendrives y dos computadoras incautadas del poder de Armando Javier Rotela y otros 8 reclusos que soportan procesos penales por transgresión a la ley de armas, asociación criminal y motín de internos.
Ahora, el expediente volverá al Juzgado a cargo de López para que el perito del Ministerio Publico realice la extracción de datos en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
Con el operativo se logró el traslado de 708 personas, entre ellas, integrantes del Clan Rotela. Los reclusos fueron llevados al Comando del Ejército, al Comando de Artillería de Paraguarí, al Comando de Infantería de Villarrica y a la Agrupación de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope).
Se reportó 15 personas heridas y 11 fallecidos, entre ellos el suboficial del Grupo Lince, Martín Mendoza, de 30 años, quien fue herido gravemente en la cabeza y llegó sin signos de vida al Hospital Rigoberto Caballero. El agente se convirtió en uno de los emblemas del operativo, puesto que dio su vida en cumplimiento de su labor.
Comenzó juicio oral contra acusado de proveer armas al EPP
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Se inició el juicio oral y público para Bruno José Da Costa Amaral, acusado por el delito de violación a la ley de armas, por presuntamente proveer de armas a integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar al acusado está integrado por los jueces Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos.
Por su parte, el fiscal del caso Federico Delfino sostuvo que se inició la audiencia oral y seguirá este viernes 22 de marzo con la producción de más elementos de prueba producidas por el Ministerio Público.
El fiscal Federico Delfino había iniciado el proceso penal contra Da Costa Amaral por el hecho punible de violación a la Ley 4.036/10 de portación y tenencia de armas, con respecto a los incisos específicos de detentación, tráfico ilícito y acopio ilícito.
Da Costa Amaral sería el dueño de un local comercial denominado Caza y Pesca Rossi, que presuntamente provee armas a personas vinculadas al grupo terrorista criminal autodenominado EPP. El Ministerio Público había encabezado un allanamiento en el mencionado local, ubicado en Salto del Guairá, y se procedió a la incautación de una gran cantidad de armas, componentes y municiones.
En el marco de las investigaciones relacionadas al grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en septiembre del 2020, durante un allanamiento realizado en la localidad de Sapucai, distrito de Yby Yaú, fueron halladas imágenes del local de venta de armas de fuego, del cual sería propietario el ahora procesado.