El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú comunicó a la Cámara de Diputados sobre el proceso penal iniciado al diputado Esteban Samaniego Álvarez, imputado por administración en provecho propio u asociación criminal. Ahora la Cámara de Diputados deberá estudiar el desafuero de Samaniego quien una vez que sea desaforado deberá presentarse ante la justicia.
Asimismo, el citado magistrado citó a la audiencia de imposición de medidas a partir del 20 de diciembre, a Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y los otros 21 imputados por administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.
Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
Del mismo modo se definirá si se ordena el bloqueo de cuentas y el embargo de los imputados en el presente caso.
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Ratifican a juez que deberá citar a Miguel Prieto para la audiencia preliminar
El Tribunal de Apelaciones integrado por Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla ratificó la competencia del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien fue recusado por uno de los acusados en el proceso penal que enfrenta el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia.
Ahora el expediente tendrá que bajar nuevamente al juzgado de Otazú, quien tendrá que fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva a un juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público.
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Días atrás, la defensa del procesado Higinio Ramón Acuña recusó al juez Otazú y logró suspender la audiencia preliminar.
Acusación
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público en contra del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Se trata de la segunda causa en contra del intendente esteño. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este sería de alrededor de G. 300 millones, en un esquema encabezado por Prieto y otras 10 personas para desviar fondos de la entidad municipal a través de licitaciones públicas que eran direccionadas a empresas afines o funcionales a Prieto.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Familiares de Lalo Gomes piden al Congreso supervisar el proceso judicial
Familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes solicitaron al presidente del Congreso Basilio Núñez, apoyo para que el Poder Legislativo supervise el proceso judicial a fin de que todo se haga con extrema legalidad.
El presidente del senado Basilio Núñez recibió en audiencia al abogado Oscar Tuma, acompañado de los familiares del extinto diputado Lalo Gomes. Al término de la reunión, la hija Larissa Gomes, la viuda Johana viuda de Gomes y el abogado de la familia, Oscar Tuma explicaron los motivos de su visita.
Al respecto, el abogado defensor de la familia, Oscar Tuma mencionó que tuvieron la oportunidad de explicar al titular del Congreso, la situación procesal que están atravesando los familiares.
“Le pedimos para que el Congreso supervise el proceso, para que todo se haga con extrema legalidad. Queremos actuar con total transparencia y estamos a disposición de aclarar todos los puntos. Estamos agradecidos con el presidente Núñez por brindarnos esa oportunidad de explicarle de nuestro lado y de demostrarle que todo lo que adquirió el diputado lo hizo de menara legal”, explicó.
A su turno, la hija del diputado, Larissa Gómez indicó que han solicitado ayuda al titular del Congreso, porque quieren llegar a la verdad sobre las causas que llevaron a la muerte del diputado. Asimismo, agradeció la acogida que recibieron de parte del titular de la Cámara Alta.
“Tengo la esperanza de que nos va a ayudar y orientar en este caso. También recibimos de la bancada de Honor Colorado, mucha fuerza y apoyo. Queremos que se haga justicia y que no pase desapercibido el tema, recuperar los bienes de nuestra familia que adquirió décadas atrás y que el caso no quede impune”, expresó.
Respetarán la decisión política
En otro momento, el diputado Tuma, señaló que la familia ha cumplido con su parte al presentar al Congreso el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado Emiliano Rolón. No obstante, señaló que la familia es muy consciente que finalmente la decisión de los legisladores es política, independientemente a la postura que asuman y respetarán esa decisión.
Indicó que lo que molestó a la familia, es que, a pesar de las pruebas, a su criterio no se realizó una investigación a fondo e incluso el Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa contra los policías que realizaron el allanamiento a la vivienda del diputado.
“El pedido del juicio político es por esa inacción por parte del Ministerio Público en el proceso de investigación. Nosotros hicimos nuestra parte, nosotros respetamos. Sabemos que la decisión que se toma acá es política, y los familiares también saben eso. Nosotros cumplimos, y la decisión que tomen será política, nosotros no nos vamos a molestar si toman una decisión de un lado o del otro”, acotó.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.